El Consejo General del INE está por aprobar los dictámenes y resoluciones que resultan de la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos durante el ejercicio ordinario de 2018. Cada uno de los nueve institutos políticos nacionales con registro en 2018 presentó 33 informes: uno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) más 32 de los Comités Directivos Estatales (CDE’s). Si añadimos a los partidos políticos locales, tenemos un universo fiscalizable de 627 reportes financieros.
2018 fue muy especial. Además de las elecciones presidenciales, se celebraron votaciones locales en 30 estados, incluyendo nueve para renovar gubernaturas. Al sumar al financiamiento ordinario las prerrogativas que recibieron los partidos para las campañas en 2018, se obtiene el monto de 17 mil millones de pesos. Este es un pico que con el actual sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas se observa cada seis años. El 56 % fue vía recursos federales, administrados por los CEN’s, y el 44 % dineros locales, manejados por los CDE’s.
Las auditorías realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE al ejercicio de recursos ordinarios arrojan cinco principales tipos de anomalías financieras en las que incurren los partidos políticos. Las tres primeras tienen que ver con el manejo de un grupo de cuentas. Los partidos tienen la obligación de liquidar cuentas por pagar y facturas por cobrar en un plazo no mayor a un año. Está prohibido para ellos mantenerlas por periodos más largos. Asimismo, tienen la obligación de liquidar sus pasivos fiscales dentro del mismo plazo.
Las multas que el INE impone no cancelan los adeudos con proveedores ni con el fisco. Las obligaciones en materia de fiscalización son independientes de las de carácter civil, mercantil o fiscal. El INE las sanciona, no porque arrastrar pasivos o activos de este tipo por más de un año en sí misma sea una práctica financiera fraudulenta, sino porque permitirlo abriría la puerta a faltas graves como el financiamiento de fuentes prohibidas o el desvío de los recursos a fines distintos a los permitidos. Al final del día, una cuenta por cobrar pendiente constituye una salida de dinero sin la correspondiente entrada de bienes o servicios al partido. Una cuenta de un proveedor sin liquidar termina convirtiéndose en una aportación de una empresa mercantil.
Las otras dos conductas que forman parte de las irregularidades financieras de los partidos políticos son el incumplimiento de las obligaciones de destinar los porcentajes de recursos ordinarios mandatados en la ley a “actividades específicas” (2%) y a programas para promover el desarrollo político de las mujeres (3%). Los institutos políticos tienen que preparar un presupuesto anual, con sus programas respectivos, para acatar este mandato legal y comprobar ante el INE que los recursos efectivamente se destinaron al cumplimiento de estos fines.
Gran parte de las multas que el INE impone como resultado de sus auditorías son resultado del desorden financiero que prevalece en muchos los CDE’s, los órganos de los partidos políticos nacionales que manejan los recursos locales. Los CEN’s han avanzado mucho en la profesionalización de sus áreas de finanzas y en el ejercicio disciplinado del gasto.
Los CDE’s empezaron a ser auditados por el INE más recientemente, a partir de 2015, cuando entró en vigor el actual sistema nacional de fiscalización. En 2017, los CDE’s fueron responsables del 87% de las sanciones que el INE impuso a pesar de que sólo manejaron el 55% de los dineros de los partidos. Queda claro que ahí está el eslabón más débil del sistema de rendición de cuentas de los recursos que reciben los partidos políticos.
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RESUMEN
