El pasado 2 de junio se llevaron a cabo elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, además de elecciones extraordinarias en Puebla. Como en todos los procesos electorales locales, los institutos electorales de cada estado fueron los encargados de emitir las convocatorias correspondientes[1], por medio de las cuales se establecen las condiciones para que los partidos políticos, las candidaturas independientes y la ciudadanía participen.
Así, el 28 de diciembre de 2018 el IEEBC[2] aprobó la convocatoria a los cargos de elección popular que se elegirían en la entidad: las autoridades de los 5 municipios, el Congreso local y la persona titular del Ejecutivo estatal. En este último caso se establecía que el período del cargo sería del 1° de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, con el fin de que la próxima elección coincidiera con las elecciones federales de 2021. Debido a que la reforma político electoral 2014 estableció, en el art. 116 constitucional, la obligación de que: “Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”.
Sumado a ello, hemos presenciado una serie de acciones por parte de diferentes actores políticos con las que se pretende legitimar la ampliación del periodo de la gubernatura. Muestra de lo anterior es que, una vez aprobada dicha reforma, ésta debía turnarse al Gobernador para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, pero esto no ocurrió. En su lugar, el Legislativo convocó a una consulta ciudadana, para conocer la opinión de las y los bajacalifornianos sobre la ampliación del periodo de la gubernatura y, a partir de los resultados, el Congreso local decidiría si continuaba con el proceso legislativo o no. Así el pasado 13 de octubre se llevó a cabo la consulta ciudadana organizada por una Comisión Especial de la Junta de Coordinación Política, una consulta que careció de fundamento legal y que fue promovida para que la gente mostrara su anuencia con una reforma del propio órgano promotor y organizador de la consulta.
Por lo anterior, el INE promovió una acción declarativa en el marco de un Juicio Electoral ante el TEPJF con el que se busca que la Sala Superior determine con toda claridad que el periodo que debe durar esta gubernatura es de 2 años, tal y como se estableció en la convocatoria. Por su parte, diversos partidos políticos y el actual Gobierno de Baja California han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada, así que deberá ser la Corte quien resuelva los recursos presentados, por lo pronto, la toma de protesta del Gobernador electo está prevista para el 1 de noviembre. La resolución de la SCJN tendrá gran relevancia, pues con ella se podría abonar en la construcción de un sistema electoral dotado de certeza, legalidad y seguridad, o bien, podría sentarse el peligroso precedente que valide la modificación de las reglas del juego una vez pasada la jornada electoral.
[1] El INE asumió completamente la organización del Proceso Electoral extraordinario en Puebla para la elección de gobernador y 5 Ayuntamientos.
[2] Instituto Estatal Electoral de Baja California.
[3] Se informó que las personas que integran el Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron quienes contabilizaron las boletas y que el titular de la Notaría número 13 de Baja California dio fe de los hechos.
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RESUMEN
