VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 21, EN EL QUE SE ABORDARON ASUNTOS GENERALES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL
Gracias.
¿Alguna otra intervención en primera ronda?
Permítanme intervenir en primera ronda.
Entre otras razones, porque pues es un punto que, aunque no directamente involucra también al propio Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de una determinación del órgano reformador de la Constitución en el estado de Baja California, que modifica los términos de una elección que fue coorganizada por el Instituto Nacional Electoral, pero, además, que tiene una serie de implicaciones graves en términos de su alteración al orden democrático y al orden constitucional mexicano.
Además, he hecho declaraciones públicas no solamente porque me he sentido en la obligación de hacerlo, sino porque creo que hay una responsabilidad y un compromiso con la democracia, como Presidente del Instituto Nacional Electoral y como estudioso de los fenómenos democráticos.
Creo que hay un par de puntos que vale la pena subrayar.
Y el primero es que la democracia depende para su subsistencia de la existencia de reglas del juego. De hecho, la democracia es eso, la existencia de una serie de reglas del juego político, de acceso al poder político en primera instancia, y que se concretizan en las elecciones.
Como lo decía Ortega y Gasset, “la democracia es mucho más que elecciones, pero de ese mísero detalle, sin elecciones en clave democrática no hay democracia”.
Y claro que las reglas del juego pueden cambiarse. Las reglas del juego democrático por supuesto que pueden cambiarse.
Hoy hay una discusión sobre si las reglas del juego democrático a nivel nacional, del juego electoral, deben o no modificarse. Pero toda democracia y la nuestra en particular, establecen reglas para poder cambiar las reglas del juego democrático.
El artículo 105 constitucional es claro y nítido como el agua y vincula también a los congresos locales y a los órganos reformadores de la Constitución a nivel local.
Las reglas del juego democrático pueden cambiarse, pero sólo hasta 90 días antes del proceso electoral que las mismas buscan regular.
Dicho en otras palabras, podía el órgano reformador de la Constitución en Baja California modificar la duración de un cargo de elección popular. Sin duda, pero antes de que la elección se realice. De hecho, eso es lo que ocurrió en Baja California.
En 2014, se modificó la Constitución en un artículo transitorio para determinar que, quien fuera electo como gobernador o gobernadora en 2019, duraría en su encargo poco menos de dos años, con un propósito claro y específico, empalmar las elecciones de ese estado que habían sido siempre desfasadas con las elecciones federales. Por cierto, siguiendo una lógica que la propia reforma de 2014 ha empujado.
Por eso, cada vez vamos a elecciones más y más concurrentes. 2021, todos los estados tendrán elecciones concurrentes con elecciones de diputados federales.
Es decir, primer dato, desde hace 5 años todos los ciudadanos en Baja California sabían que el gobernador de este año sería electo por dos años.
La elección, como se ha mencionado aquí fue convocada bajo esos términos.
Los registros de los candidatos fueron concedidos para competir en el caso de la gubernatura por dos años.
Los ciudadanos se fueron a las urnas para elegir al gobernador por dos años.
Se entregó una constancia al ganador para ser gobernador por dos años.
Lo que ha ocurrido aquí, es que a lo mejor se leyó al revés el artículo 105 constitucional. Y perdón el sarcasmo, lo que ocurrió aquí fue una violación grave y flagrante a la Constitución. Una violación grave y flagrante a la regla de las reglas del juego democrático.
Porque se modificaron las reglas del juego, como he venido sosteniendo públicamente desde hace días, después de que el juego terminó. Y eso es una violación, no sólo a lo que dice la Constitución, sino también a los principios que rigen la función electoral, entre ellos, el principio de certeza del que depende seguridad jurídica y que es el principio en las democracias constitucionales, fundamental para evitar el abuso del poder.
Claro que el Congreso y los municipios podían haber cambiado las reglas de duración del siguiente gobernador, pero no del que ya fue electo, lo decía el señor Representante de MORENA, y lo decía bien, esto es un asunto que no se va a resolver aquí, estos son los casos en los que lamento que el Instituto Nacional Electora no esté habilitado para poder presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, por cierto, en un futuro valdría la pena pensar esto como una eventual atribución a esta institución.
Pero sí creo que si convenimos en lo que se ha planteado todos aquellos que tienen la función de guardar la Constitución y que tienen la función de poder presentar, incoar la acción de la Suprema Corte de Justicia en su momento o de la justicia electoral para que se pronuncien deberían hacerlo, porque eso es justamente en lo que se refrenda el compromiso democrático, actuar en contra de cualquier acto abusivo y vulnerador de la democracia y de sus reglas de la Constitución y de su lógica.
Hoy estamos ante un himpas, como se mencionaba, que ojalá pueda terminar en la Suprema Corte de Justicia o eventualmente, si es el caso, ante la Sala Superior, que son los dos órganos con potestad de poder juzgar la constitucionalidad de las leyes eventualmente violatorias de la propia Constitución, para que en su rol de guardianes de la Constitución y de la democracia puedan restablecer un orden hoy vulnerado.
No hacerlo creo que es una muy mala señal para un país que ha invertido tantos esfuerzos en poder construir su sistema democrático, no vale la pena, tres años en el gobierno no valen la pena, a cualquier costa para poder echar por la borda lo que generaciones de mexicanos han venido construyendo y que les ha permitido a todas las fuerzas políticas por la vía democrática, con respeto a las reglas del juego, empujadas por todos los actores políticos, acceder al poder público gracias al voto popular.
Simple y sencillamente sería vergonzoso formar parte de una generación de mexicanas y mexicanos que construimos la democracia y ser también parte de una generación que ha comenzado la ruta de su desmantelamiento.
Eso es justamente lo que creo está ocurriendo en el estado de Baja California, y ojalá el orden constitucional sea restablecido en breve por quienes tienen la obligación de garantizarlo.
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