El uso imparcial de recursos públicos obliga a los poderes ejecutivos locales, y al federal, a no presentarse ante beneficiarios de programas sociales como si fueran gobernadores o presidentes de la República los benefactores bondadosos a quienes se les debe algún apoyo económico que en realidad proviene del erario y por ello debe tener tratamiento institucional.
La reforma electoral del 2007 fortaleció prohibiciones constitucionales que impiden cualquier uso de programas sociales asociado a la promoción personal de los mandatarios. Su aplicación no es indebida en sí misma, es incluso necesaria y plausible en un país con tanta desigualdad, el problema no son los programas sino la forma de entregarlos cuando se hace con tintes políticos o vinculación personalizada a un funcionario público.
Ese ha sido siempre el criterio de la autoridad electoral y esa es la razón por la que el pasado 16 de agosto, la Comisión de Quejas del INE ordenó que los colaboradores del gobierno federal, denominados “servidores de la nación”, retiraran de sus uniformes de trabajo el nombre del presidente López Obrador al momento de acudir a censar a la población vulnerable y otorgarle apoyos económicos diversos, como parte de una estrategia de Estado para mejorar sus condiciones de vida. No ordenó el INE detener esa estrategia de apoyos a la población, únicamente dejar de hacerlo promocionando de manera personalizada al presidente de la República en cada vivienda que se visita antes de activar esos programas sociales.
Los “servidores de la nación” están desplegados por todo el país para realizar un “censo del bienestar”, encaminado a detectar a población vulnerable y entregarle apoyos económicos diversos. Es una tarea compleja, en campo, que no es condenable ni ilegal siempre que no tenga ningún elemento clientelar o actualice la prohibición constitucional de imparcialidad y no personalización.
El presidente de la República declaró que estaba de acuerdo con la medida de retirar su nombre de los uniformes que portan esos colaboradores responsables del censo, pero al mismo tiempo se mostró molesto ante la decisión del INE de ordenarle eso y reprochó que sólo a su gobierno se le exige imparcialidad en el uso de programas sociales, que en otras administraciones el órgano electoral se ha comportado como “adorno” y “florero”.
En realidad, el INE sí ha ordenado medidas similares a otros gobiernos. En el sexenio de Felipe Calderón se ordenó detener cadenas nacionales en época electoral e incluso se declaró fundado un procedimiento de violación constitucional en su contra por no hacerlo. En la administración de Enrique Peña Nieto se ordenó suspender la entrega de televisores digitales que incluían la leyenda “Mover a México”, una frase que no podía separarse de las campañas y eso le quitaba toda neutralidad institucional a la forma de repartir los receptores en el marco del apagón analógico.
Es por ello una reacción desproporcionada del presidente de la República ridiculizar a las instituciones con insultos por este caso concreto, porque él sabe que está prohibida la promoción personalizada en programas sociales y que sería muy grave que la autoridad responsable de evitar un uso parcial solapara la conducta para evitar epítetos como los que expresó. Las reglas de imparcialidad no las inventó el INE, están en los artículos 41 y 134 de la Constitución y no se están aplicando ahora y antes no.
Es válida la crítica a cualquier autoridad y eso incluye a la electoral, pero en este episodio concreto, los calificativos son una respuesta injusta a lo que hizo el instituto para cumplir con la Constitución, no para violarla. La orden de la Comisión del Quejas se dictó sin estridencia ni ánimo de afectar a nadie en particular, es una definición consecuente con los criterios que se han aplicado a otros gobiernos y negar eso con insultos, envía un mensaje equivocado desde la conferencia oficial que difunde el gobierno todas las mañanas, un mensaje que parece protesta por recibir la solicitud de no asociar programas sociales al nombre de una persona.
Florero o adorno sería cualquier autoridad que omitiera pronunciarse frente a un asunto así, y entonces sería mejor autorizar la aplicación de programas sociales sin estándar mínimo de neutralidad e imparcialidad institucional. No es correcto entregar programas sociales en nombre de una persona en particular, y colocar el nombre de una persona en los uniformes de entrega, violenta ese principio. Por eso se ordenó quitar nombres y seguir con la entrega, eso era todo y por eso vino la embestida, los insultos, esto de “floreros” y “adornos”. La ley se aplica por igual a todos, a los gobiernos de antes y a los de ahora.
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