Jaime Bonilla, actual gobernador electo de Baja California, debe rendir protesta de su encargo dentro 65 días, el próximo 1 de noviembre. Sin embargo, aún se desconoce si asumirá la gubernatura del estado con un mandato de dos o cinco años. Prevalece la incertidumbre respecto a si el intento de ampliación del mandato del gobernador electo llegará a consumarse.
Las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD anunciaron que interpondrían acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma que extendió el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede intervenir hasta que la reforma complete el proceso legislativo en Baja California, con su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
El problema es que ante la fuerte condena de la opinión pública a lo que hoy se conoce como el bonillazo, los diputados locales que aprobaron la reforma optaron por no remitirla al gobernador saliente, Francisco Vega, para su publicación. Dejaron esta responsabilidad en manos de la nueva legislatura, cuyos integrantes tomaron protesta el pasado 1 de agosto.
La reforma Bonilla ya cumplió con los requisitos previstos en la constitución de Baja California para su promulgación. El 8 de julio, cinco semanas después de los comicios en los que Jaime Bonilla resultó electo, el Congreso local aprobó la ampliación de su mandato de dos a cinco años con 21 votos a favor. Al día siguiente, tres de los cinco ayuntamientos de la entidad dieron su visto bueno a la reforma a la constitución local. El 23 de julio, días antes de su disolución, la pasada legislatura local hizo la declaración formal de la reforma.
Sin embargo, falta el siguiente paso: remitir la reforma al titular del poder ejecutivo del estado para su promulgación. Si éste se abstuviera de publicarla en el Periódico Oficial, cómo Francisco Vega anunció, la constitución de Baja California prevé un mecanismo de reconducción legislativa, por el cual recae en el presidente del Congreso local la obligación de publicar la reforma.
Al igual que el actual gobernador y los integrantes de la legislatura pasada, los nuevos diputados tampoco quieren asumir la responsabilidad de la promulgación de la reforma. Quizás temen también el repudio de la opinión pública y el riesgo de sepultar sus carreras políticas bajo las ruinas del bonillazo. De otra manera, resulta difícil explicar la extraña maniobra política que la nueva mayoría de Morena, junto con sus aliados del PVEM y PT, decidieron emprender la semana pasada.
A propuesta del presidente del Congreso local, Catalino Zavala, avalaron la celebración de una “consulta ciudadana” sobre la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, organizada por una comisión especial de legisladores locales. Se trata de un ejercicio al margen de la constitución y la ley de Baja California.
La Ley de Participación Ciudadana del estado contempla la figura de consultas populares, pero prohíbe expresamente que versen sobre asuntos de carácter electoral. Asimismo, ordena que sea una autoridad imparcial —el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana— quien las organice de acuerdo con estándares electorales confiables. Además, prevé un mínimo de 20% de participación para que una consulta popular tenga efectos vinculantes.
Tienen razón quienes denuncian la consulta ciudadana como una intentona por legitimar el bonillazo. Con la “consulta ciudadana” la nueva mayoría en la legislatura local de Baja California busca darle la vuelta a la ley, no sólo para eludir su responsabilidad en la ampliación del mandato, sino también para justificar una medida que viola flagrantemente el estado de Derecho, en nombre de una supuesta voluntad popular construida por ellos mismos
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