Número: 189
- El Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y el Director Jurídico del INE participan en el cuarto día de trabajos de los Foros de la Reforma del Estado y Electoral en la Cámara de Diputados
Al participar en los Foros de la Reforma del Estado y Electoral en la Cámara de Diputados, el Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Mendoza Elvira, sostuvo que cualquier cambio legislativo deberá considerar la construcción del fortalecimiento de la democracia y evitar que las instituciones electorales tengan una regresión.
Explicó que el hilo conductor de los cambios legislativos en el sistema electoral han sido la autonomía, la independencia, la profesionalización y la fortaleza de las autoridades electorales.
De cara a una posible reforma electoral, subrayó que esos elementos “han dado como resultado que el sistema electoral sea exitoso, pues ha permitido que la renovación de los cargos de elección popular sea una normalidad, ancla de la paz social y modelo referente reconocido en el ámbito internacional”, afirmó.
En la mesa de análisis “Elecciones y Autoridades”, moderada por los diputados Alejandro Viedma Velázquez y Arturo Pérez Negrón, en la que también estuvieron el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Carlos Ferrer Silva; la Magistrada de la Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Ortiz Pinchetti, señaló que los acuerdos y las iniciativas que salgan de este foro, deben tomar en cuenta lo que se ha construido para fortalecer la democracia y evitar cualquier regresión.
Mendoza Elvira consideró que se deben detectar las debilidades que pudiera haber en el ámbito sancionador y penal, a fin de hacer los ajustes al sistema que permita dotarlo de las garantías organizativas y funcionales necesarias a las autoridades que deben intervenir en esos procedimientos.
En su opinión, la austeridad no está divorciada de la fortaleza institucional; por el contrario, “la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos fortalece las instituciones” y, bajo esa tónica, se deben revisar fortalezas y áreas de oportunidad, con la premisa de que una institución sólida podrá resolver esa problemática”.
En la mesa también participaron la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Zuleyma Huidobro González; el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, y el especialista en Derecho Electoral, Bernardo Barranco, así como diputadas y diputados.
La democracia mexicana ha caminado con reglas claras: Carlos Ferrer
En su intervención, el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Carlos Ferrer Silva, sostuvo que, si bien el sistema electoral no es perfecto, revisar y redefinir las reglas de la democracia mexicana es una tarea necesaria y permanente.
Sin embargo, aseveró, “no se puede, ni debe soslayar la experiencia acumulada ni las lecciones aprendidas con el paso del tiempo. Esto supone no obstruir, ni destruir, lo que funciona bien”.
Consideró que una reforma electoral deberá atender, entre otras cosas, la sobrerregulación en pos de la certeza y la claridad; la implementación de sistemas electrónicos de votación, lo que se traduciría en reducción de costos, certeza y resultados más preciso; la incorporación y regulación del uso de redes sociales durante las campañas, así como el uso indebido de la pauta durante los procesos electorales.
La democracia, dijo, requiere de reglas claras y acordes con el orden jurídico constitucional, sobre la base de elecciones libres, auténticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como autoridades electorales autónomas, independientes y especializadas y “la democracia mexicana ha caminado en ese sentido”.
Prueba de ello, apuntó, son el elevado número de procesos electorales organizados exitosamente por el INE e IFE y los Organismos Públicos Locales Electorales, lo que ha dado paso a la renovación pacífica de los órganos públicos, a la alternancia en todos los niveles de gobierno, así como a la atención y resolución oportuna y adecuada de los conflictos y disputas.
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