VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL “DESIGUALDAD Y DEMOCRACIA: LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL ACCESO A DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS”, DICTADA POR LA DOCTORA BETILDE MUÑOZ-POGOSSIAN, EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Presentadora: Muy buenas tardes.
El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral y Estacional de Primavera “Desigualdad y democracia: la inclusión social y el acceso a derechos humanos en las Américas”, impartida por la doctora Betilde Muñoz-Pogossian, a quien le damos la cordial bienvenida.
Agradecemos la presencia del doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, de estudiantes, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos y medios de comunicación que nos acompañan.
De manera especial, agradecemos la presencia de la Consejera Electoral Dania Ravel Cuevas, a quien damos la palabra.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muy buenos días tengan todos y todas.
Me da muchísimo gusto tener con nosotros a la doctora Betilde Muñoz-Pogossian, que nos va a dar la conferencia magistral estacional de primavera.
Ella es Directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos y anterior directora del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de esa misma institución.
Entre 2006 y 2012 como jefa de la Sección de Estudios y Proyectos Electorales; ha liderado el desarrollo y sistematización de metodologías para la observación electoral.
Ha sido observadora internacional y subjefa en varias misiones de observación electoral de la OEA en los últimos diez años.
Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Florida, sus más recientes publicaciones incluyen: Equidad en el financiamiento de campañas en América Latina y sus implicaciones para la Competitividad Electoral, Una mirada a las elecciones en Centroamérica 2010-2014 y la responsabilidad de observar, Repensando la Observación Electoral de la OEA.
Durante los últimos 15 años, la doctora Muñoz-Pogossian ha participado en múltiples misiones políticas y electorales de la OEA.
En 2008 recibió el premio Outstanding Perfomance de la Secretaría General de la OEA, en reconocimiento a su extraordinario desempeño y contribuciones a la institución; sus líneas de investigación son: derechos de las mujeres, género y democracia, inclusión social, partidos políticos y sistemas electorales.
Me da muchísimo gusto, en verdad, que nos acompañes hoy doctora Betilde.
La verdad es que es la primera vez que voy a tener la oportunidad de escucharte en vivo, pero yo ya siento que te conozco a través de tus publicaciones, y también, a través de los buenos comentarios que he escuchado de otros colegas, brillantes igual que tú, como el doctor Matías Bianchi o la doctora Flavia Freidenberg que nos acompaña el día de hoy. Entonces, hacer cierto punto yo ya te conozco.
La verdad cuando estaba poniendo en Twitter un mensaje para difundir la conversación que íbamos a tener el día de hoy y ponía que hoy nos tocaba reflexionar sobre democracia, inclusión social y acceso a los derechos humanos, no dejaba de pensar en la menuda tarea que ibas a tener a través de esta conferencia.
No es nada sencillo sobre todo si consideramos que en México cada vez tenemos instituciones más sólidas, sin embargo, este robustecimiento de las instituciones no es directamente proporcional a la confianza que tiene la ciudadanía en las mismas.
Yo creo que una explicación para este fenómeno es el hecho de la desigualdad, que es percibida por muchas personas como una inequidad en el acceso a varios bienes, entre ellos, el acceso al poder.
Yo he dicho en varias ocasiones y estoy convencida de ello, que una de las tareas fundamentales que tenemos como consejeros y consejeras electorales es promover la inclusión y la igualdad.
De verdad, yo creo que no podemos hablar de la existencia de una democracia plena cuando existen sectores de la población que no puede ejercer sus derechos.
Desde luego, en el ámbito del Instituto Nacional Electoral nos toca velar porque todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales.
Ahora, si hablamos de una región como la latinoamericana, pues el reto es todavía aún mayor cuando existe una gran desigualdad, cuando es la región más desigual del mundo, pero en fin.
No ahondo más y te dejo hablar, estamos ansiosos y ansiosas por escucharte.
Entonces.
Adelante Betilde, por favor con la conferencia.
Betilde Muñoz-Pogossian: Muy buenos días, tardes a todos y muchísimas gracias Consejera por esta introducción, obviamente, hay que agradecer y quiero aprovechar, de agradecer al Instituto Nacional Electoral de México, a su Consejero Presidente Lorenzo Córdova, que nos acompaña aquí, a la Consejera Ravel y a todos los consejeros, por supuesto por la invitación a contribuir, a pensar la democracia y, sobre todo, los principales retos que enfrentamos en esta conferencia estacional de primavera.
Y agradezco también a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, me emociona mucho ver un auditorio lleno para tener esta discusión.
En los próximos minutos quisiera entonces abordar algunas reflexiones en relación a la desigualdad y la democracia en América Latina.
Y quiero partir de dos premisas y con un planteamiento quizá, algo controversial.
La primera premisa es más que obvia y es que el hecho de que en América Latina enfrentamos profundas desigualdades, nos lo dice el Coeficiente de Gini, nos lo dice también las percepciones que captan índices como el Latinobarómetro y LAPOP, pero por otro lado y apelando a mi lado optimista, mi lado venezolano muy optimista, en esta primera premisa, también quiero argumentar que tenemos instrumentos, tenemos herramientas, para nivelar la cancha e ir progresivamente acercando más derechos a más personas para evocar este lema y esta guía que el Secretario General Almagro ha puesto para los trabajos de la OEA.
La segunda premisa, es un concepto básico de los derechos humanos que a veces olvidamos, pero que nos recuerdan los procesos electorales cada vez que los tenemos y es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, ¿qué quiero decir con esto? Que importan nuestros derechos civiles y políticos, por supuesto, la democracia nos permitió poder accederlos y estamos en permanente construcción, pero importan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, e importan también los derechos de tercera generación que se ocupan de generar protecciones para poblaciones históricamente excluidas, es decir, todos los derechos tienen el mismo rango de importancia.
Y parto también de un planteamiento que puede ser controversial, y es que la agenda de derechos, inclusión y equidad no es de izquierdas, no es de derechas, es responsabilidad del estado, es decir, es de todos. Y esto yo, quiero argumentar que trasciende ideologías y tiene que ver todo con el rol fundamental que el estado cumple en equiparar oportunidades y garantizar goce de derechos para todos.
En el marco de este planteamiento que hago, entonces, a continuación quisiera estructurar mi presentación de esta forma, en una primera sección quiero repasar avances en la agenda de inclusión social a nivel regional y retos pendientes, en una segunda sección quisiera hacer un balance de progresos en materia democráticas y donde estarían aún brechas pendientes y en una tercera sección y, ya aterrizándolo al campo institucional, a partir de los retos pendientes, quisiera proponer algunas medidas o algunos instrumentos que podemos considerar para equiparar la cancha y garantizar, de nuevo, más derechos para más personas.
Pasando entonces con la primera sección, ¿cuál es el balance de acciones en materia de inclusión social y qué retos persisten a nivel regional?
Creo que es importante partir del hecho de que en los últimos años los países de la región han venido tomando decisiones de política pública para generar mayor inclusión y una mejor redistribución del goce de los beneficios del crecimiento económico.
Se han implementado programas integrales para la reducción de la pobreza, se han implementado programas para fortalecer los activos y capacidades humanas; a su vez, también se ha trabajado en los pilares no contributivos de pensiones que ha sido una herramienta también para incluir a los más pobres y se ha ampliado también el acceso a la salud que ha permitido que poblaciones históricamente desafectadas o excluidas pudiesen gozar de este derecho.
También se ha trabajado en aumentar la afiliación y la cotización a los sistemas de pensiones, en este punto, por ejemplo, señalar que el porcentaje de trabajadores cotizantes o afiliados al sistema de pensiones aumentó del 38 al 50 por ciento, es decir, unos 40 millones más de trabajadores se afiliaron a los sistemas de pensiones en el último tiempo.
Las políticas de género y las políticas para garantizar la calidad en el acceso a servicios, digo educación, salud, agua, saneamiento, también ha sido centrar a la agenda política y de políticas públicas de la región, igualmente, y aunque limitado para combatir la desigualdad y debo decir, con riesgo de abuso electoral, otro ejemplo muy concreto, el tipo de políticas que han tratado de abonar a esta mayor inclusión social, son los sistemas de transferencias monetarias condicionadas, un instrumento utilizado para garantizar ingresos en los hogares más pobres.
En los últimos años, la cobertura de los programas de transferencias monetarias condicionadas y específicamente orientadas a familias en situación de pobreza fue ampliada en la región, pasando de menos de 300 mil hogares en el 97 a 29 millones en el último tiempo.
Hoy en día, por ejemplo, la región cuenta con al menos 30 PTC, o programas de transferencia condicionadas, activos en 20 países.
Y un dato interesante es que aún con los cambios de gobierno, este es el tipo de programas que han sido mantenidos por los que asumen el nuevo liderazgo.
Y, por último, un dato en el tema de salud, también se han venido considerando opciones de política pública que han mejorado, aunque levemente en comparación con la naturaleza humana del acceso a este derecho al carácter humano, es la inclusión de más personas en los sistemas de salud, los datos de CEPAL hablan de un incremento importante, especialmente en el primer decil y el décimo decil de las poblaciones en nuestro país.
Pero no todo es color de rosas en cuanto a las decisiones de política pública. La Consejera Ravel lo decía al inicio de su presentación, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo; y yo, a veces me canso de decirlo, en cada presentación que hago siempre digo “América Latina es la región más desigual del mundo”, no necesariamente es la región más desigual del mundo. No necesariamente es la región que tiene más pobres, pero sí es la región más desigual del mundo. Y entre los 14 países más desiguales del mundo figuran 6 países de América Latina que coloco aquí en mi presentación.
En el campo de la pobreza, de acuerdo al último informe de CEPAL Panorama Social 2018, que publicaron recientemente, aunque los niveles de pobres se han mantenido estables, afortunadamente no hay nuevos pobres, sí aumentó el nivel de pobreza extrema, y hoy en día se ha alcanzado el nivel más alto de pobreza extrema desde 2008.
El número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones en 2018, un dato que no podemos aceptar, de los cuales, 62 millones se encuentran en pobreza extrema, y vale decir aquí que las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la niñez, la adolescencia, los adultos mayores están abrumadoramente representados en estos grupos de pobres y pobres extremos en nuestra región.
La desigualdad es especialmente sufrida por las mujeres, según el PNUD en un reciente documento de trabajo, se documenta que en la región aun hoy en día las mujeres ganan en promedio el 71 por ciento del ingreso masculino. Es decir, hay una brecha salarial del 71 por ciento, y dedican entre un 15 y 30 por ciento más horas de trabajo, o semanales de trabajo al cuidado de lo privado. Es decir, la niñez en el hogar, los adultos mayores, las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, existen más mujeres pobres que hombres pobres, y aunque hay avances, por ejemplo, en el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en la región, éste sigue siendo bajo.
Según la CEPAL la tasa de desempleo para las mujeres era del ocho por ciento en comparación con el seis por ciento de los hombres.
En esta mirada al caso particular de las mujeres, es importante señalar que la falta de participación en el mercado de trabajo, el desempleo, la precariedad laboral y los menores ingresos son el resultado de factores estructurales que tienen consecuencias en las posibilidades concretas que las mujeres tienen de participar en la política.
Esto es, por un lado, una economía que no genera empleos en cantidad ni calidad suficientes y, por el otro, la persistencia de patrones de división sexual del trabajo desiguales, que atribuyen a las mujeres una carga doméstica desproporcionada comparativamente con los hombres.
La situación de poblaciones afrodescendientes e indígenas es también alarmante. Otro informe de UNICEF para América Latina y el Caribe da cuenta que en la región existen 150 millones de afrodescendientes, y entre 40, 50 millones de personas indígenas en todo el continente, de las cuales alrededor de la mitad es niñez o adolescencia menores de 18 años.
Y en esta población particular, el desempleo los afecta significativamente, mientras que la gran mayoría de los ocupados que son afrodescendientes e indígenas se encuentran en sectores de baja productividad y baja calificación.
En América Latina y el Caribe, voy a poner la lupa, en el caso de las mujeres, las mujeres indígenas y afrodescendientes, experimentan patrones de doble discriminación, y en el caso de ocupación es el trabajo doméstico la ocupación más importante de estas mujeres.
Las brechas de ingresos entre las minorías étnicas y el resto de la población en los países donde tenemos información es casi del 40 por ciento, y los retornos a la educación son menores que los que recibe el resto de la población.
Se estima, por ejemplo, que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 14 por ciento de las personas pobres, y el 17 por ciento de las personas extremadamente pobres en la región.
Y esto también es atribuible, por supuesto, a o como consecuencia del racismo y la discriminación de que estos pueblos han venido sufriendo históricamente.
Esto que describo en datos por grupos, ayuda a lustrar un tema clave. Dentro de la medición de la desigualdad la perspectiva centrada únicamente en el salario, es decir, lo que gana una persona por día es reduccionista, es insuficiente, y falla en reconocer que las desigualdades en la región tienen orígenes y manifestaciones diversas y complejas.
Género, edad, etnia, raza, identidad sexual, expresión de género, son elementos indispensables que han de ser tenidos en cuenta en cualquier análisis comprensivo sobre el tema de la desigualdad.
Se habla de un hemisferio desigual, pero también un hemisferio injusto.
En efecto, más allá de la enorme diversidad adquisitiva que hay en América Latina, la desigualdad se deriva de la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad física que practicara de manera categoría, es decir, excluyendo a todos o casi todos los miembros de la población, la convierte en un fenómeno multidimensional y la hacen, definitivamente, incompatible con los ideales democráticos que están promovidos regionalmente.
Una consecuencia directa y que ilustra cómo se trasladan los hechos a las percepciones, es el cada vez más pronunciado desencanto de la ciudadanía latinoamericana con la democracia.
Ellos y ellas están convencidos de que sus países son desiguales y que la mayor parte de la riqueza está concentrada en pocas manos.
Además, asocian esta desigualdad a la incapacidad de las instituciones, partidos políticos y diversas instituciones del estado, para procesar sus demandas y revertir estos patrones.
Los últimos datos de Latinobarómetro así lo confirman en su última medición del año pasado, el nivel de satisfacción con la democracia alcanza tan solo 24 por ciento, lo cual constituye la cifra más baja en su medición desde 2001.
Sólo en tres países, el caso de Uruguay, Costa Rica y Chile, se considera que uno de cada dos ciudadanos está satisfecho con la democracia. Y a lo anterior se suma que un 79 por ciento de la población considera que su país está gobernado para unos cuantos, por unos cuantos con poder y para su propio beneficio, y no en defensa del colectivo, es decir, de los intereses de la mayoría; y ésta, de nuevo, es la peor cifra registrada desde 2004 en las mediciones que hace Latinobarómetro.
Esta desigualdad percibida o, digamos, esta desigualdad real por los números que cité y percibida por los ciudadanos sobre la manera inequitativa en la que se distribuyen los bienes económicos, políticos, sociales, se correlaciona con la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos, lo cual dificulta la salud de la democracia o genera, como decía, democracias de baja calidad.
Ahora bien, ante este panorama, ¿qué avances podemos contabilizar en materia de consolidación democrática? En cuanto al grado de desarrollo democrático, la sociedad latinoamericana se enfrenta a tendencias que obstaculizan la garantía de los derechos y libertades, la calidad de las instituciones y la consolidación de los sistemas de representación política.
Aunque hasta el año 2013 se hubieran dado progresos considerables según el índice de desarrollo democrático, factores como el autoritarismo en los liderazgos, la corrupción, la pobreza y la marginación, han permeado a la sociedad y han repercutido sobre los índices de desarrollo de nuestro hemisferio, los cuales basados en el análisis en el promedio regional de esta medición, cayeron un tres por ciento desde el año 2016.
Dicho resultado se debe a que, en términos generales y sobre el avance de las cuatro dimensiones de la democracia que están mencionadas aquí, la de los ciudadanos, la de las instituciones, la social y la económica, no se han materializado más avances y siguen latentes los retrocesos.
Según los datos más recientes del Índice de Desarrollo Democrático han disminuido los niveles de participación en los procesos electorales, no ha habido mejoras significativas en los indicadores de respeto de derechos políticos y libertades civiles y se mantienen vigentes las alertas de desempleo, pobreza y desigualdad.
Sin embargo, se detalla que ningún país, exceptuando los que conocemos y podemos conversar esto más adelante, retrocede en el puntaje de respeto de las libertades civiles y que, en promedio, la participación política de la mujer ha mejorado, ese es un dato que se señala, y en este contexto los países del cono sur siguen liderando el desarrollo democrático latinoamericano con Chile y Uruguay, mientras que, en la región andina, el ranking lo lidera Perú y Ecuador.
Con respecto a las restricciones al derecho al voto esta faceta de los derechos políticos, los avances han sido importantes, cada vez son menos los países que restringen el voto a ciertos grupos, hablemos de militares, el clero, las policías o los ciudadanos en espera de juicio o condenados, esto ya no es el problema, sin embargo, la legitimidad e integridad de las elecciones en la región han sido, en algunas ocasiones, cuestionadas por los ciudadanos, los votantes.
En las elecciones de Perú, por ejemplo, en el 2006, hubo fuertes señalamientos a causa de los procedimientos de tachas, retiros, renuncias y exclusión de candidaturas que generaron alguna incertidumbre hasta el momento de la elección.
En Nicaragua la elección del 2016 también estuvo acompañada de algunos cuestionamientos, en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas en 2017, supimos o se generaron protestas masivas después de no haber sido reconocidos los resultados por parte del partido que no ganó.
En el caso Venezuela, las irregularidades en el acceso al voto son varias, o sea, no tengo que, probablemente, ahondar mucho, pero aquí desde quitarle al elector el derecho a elegir de una pluralidad de partidos, porque se restringieron o se proscribieron algunos partidos políticos de oposición, cambios en el Sistema de Registro de Electores de última hora, el condicionamiento de beneficios sociales a cambio del voto, pero también la cancelación de elecciones, el llamado a una elección constituyente, una serie de elementos que han puesto a prueba, por supuesto, la celebración de elecciones y la democracia como tal en este país.
De más está decir la situación de crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela y que ha provocado el éxodo de más de 3 millones y medio de venezolanos, en fin.
En las elecciones presidenciales, en las elecciones que se han celebrado en este último ciclo, se documentaron avances en la garantía del voto para los ciudadanos algunos cuestionamientos mirando o poniendo la lupa en poblaciones específicas o interesantes experiencias en el caso de la inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad, en el caso de Costa Rica y Paraguay y, también hubo prácticas interesantes de la implementación de medidas de las leyes de cuota y específicamente, las medidas de paridad.
Quisiera poner ahora la lupa en grupos históricamente excluidos, específicamente en su derecho de ser electo, el derecho a participar en elecciones y esto, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando sólo unos pocos acceden a la política cuando sólo acceden aquellos que, con acceso a financiamiento para ingresar y hacer sus campañas?
¿Qué pasa cuando existen limitaciones financieras para poder registrarse en el padrón electoral y luego registrar una candidatura?
Yo, mi principal argumento y algo que yo creo que es importante tener en cuenta, es que en el campo política se revelan o, digamos, más bien se replican las asimetrías que ocurren a nivel socio-económico.
Poniendo, entonces, la lupa en algunos de los grupos quiero mencionar la participación de mujeres en espacios de poder, ésta es de las asimetrías más estudiadas.
Tenemos datos de que las mujeres son: 50 por ciento de la población, 50 por ciento de los padrones, usualmente 50 por ciento de la militancia de los partidos, pero, apenas son en promedio un 20 por ciento de los liderazgos de los partidos políticos y también a nivel de los parlamentos donde no estamos tan mal, el promedio aún sigue siendo insuficiente comparativamente con su representación en estos, padrón, población, militancia que he venido mencionando.
En el caso de las comunidades indígenas y comparto algunos datos aquí en mi presentación, según cifras de la ONU, y ya decía: en América Latina tenemos unos 50 millones de personas, en Perú, en Guatemala, los indígenas son casi la mitad de la población de la región en términos absolutos en el caso particular de México.
En el caso de México, quisiera resaltar que con una cámara de 500 diputados para el periodo anterior solo había 14 diputados indígenas, 2 por ciento y solo de los cuatro de los diputados indígenas eran mujeres, 0.8 por ciento y en el caso de Guatemala había patrones de representación similar.
Un avance relevante que se dio aquí en el caso de México que quisiera resaltar es, para las elecciones del año pasado de 2018 donde por disposición del Instituto Nacional Electoral se debieron postular candidaturas indígenas en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en los 13 distritos uninominales en los que esta población superaba el 50 por ciento de la población. Este hecho indica avances en el desarrollo de medidas de acción afirmativa para favorecer los niveles de participación de la población indígena en este país, pero también modelables a nivel de la región.
La realidad de la comunidad afrodescendiente similar, ya habíamos mencionado el 90 por ciento de estas poblaciones en los países de la región viven en situación de pobreza y pobreza extrema y en muchos casos no gozan de acceso universal a los servicios de salud, educación, empleo, vivienda digna, y esto crea condiciones para que se perpetúe el fenómeno de la sub representación a nivel político en los puestos de toma de decisiones desde la oferta que hacen los partidos políticos hasta el ejercicio del poder traduciéndose en esto, por supuesto, en la formulación de políticas públicas que no siempre consideran la realidad de esta especificidad étnica de esta población.
La principal consecuencia de esta desigualdad que es primordialmente social, pero que se replica como decía, a nivel del ámbito político, es niveles bajos de representación y bajos niveles de calidad en las decisiones que emanan del sistema político y que nos vuelven a traer a esta problemática del desencanto de la democracia de la ciudanía sobre la democracia y conflictividad en algunos casos y en algunos países.
Estas asimetrías sociales y políticas afectan la formulación de políticas públicas, afectan la priorización del gasto público que con frecuencia favorece a las mayorías democráticas, el balance es mixto, pero, es decir, ha habido importantes avances en materia democrática.
Qué medidas para equiparar condiciones en materia de inclusión social tenemos, o sea, cuáles se han implementado a nivel regional… perdón…ante este panorama que, bueno, no es muy alentador aunque el balance, como decía, es mixto, contamos, tenemos herramientas para nivelar el alcance de oportunidades para todos y acercar más derechos para más personas, y quiero hablar aquí de dos tipos de herramientas, las más normativas y que están vinculadas a convenciones, a instrumentos jurídicos, leyes que nos permiten pues nivelar la cancha, y prácticas o políticas públicas enfocadas directamente en revertir estos patrones de exclusión.
Sobre las normativas, quiero referirme a que en el sistema interamericano contamos con un entramado impresionante de convenciones, de instrumentos normativos que consagran derechos y que generan obligaciones en los Estados para garantizar estos derechos a su población.
Los de primera generación, abordaron los derechos específicamente civiles y políticos, y aquí tenemos La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Carta de la OEA y La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que como digo, abordaron temas vinculados a nuestros derechos civiles y políticos, pero también priorizan muy fuertemente el derecho de todos los seres humanos y de todos los que habitamos en el hemisferio de vivir en igualdad y en dignidad.
Estos tratados se les suma uno específicamente vinculado a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es el Protocolo de San Salvador, el cual constituye realmente el principal instrumento del Sistema Interamericano en Materia de DESC, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en San Salvador en 1988.
El año pasado celebramos 30 años de su aprobación, dentro de la OEA.
Entró en vigor en el 99 y actualmente contamos con 19 estado que lo han firmado y 16 que los han ratificado.
¿Por qué menciono el Protocolo de San Salvador? El Protocolo de San Salvador es muy valioso porque reconoce un amplio catálogo de derechos, derechos económicos, sociales y culturales como los que comparto acá, el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, a la sindicalización y derechos laborales, por supuesto, al medio ambiente sano y a la cultura, es decir, hay un cambio de paradigma donde se generan obligaciones en los estados y se conciben educación, salud o vivienda como antes pensados como servicios públicos, en realidad como derechos que el estado tiene que proveer a todos sus ciudadanos.
Un elemento innovador de este tratado es que se logró diseñar desde la OEA un sistema de indicadores que permite medir progresivamente los avances que los países que han ratificado y firmado el instrumento, están haciendo para llevar estos derechos a la población, y se han establecido indicadores que miden o, digamos, que son de tres tipos: estructurales, que tienen que ver con las normas o leyes que se han aprobado en los países relativo al goce de estos derechos; indicadores de procesos, es decir, qué políticas públicas, qué institucionalidad se han generado para llevar estos derechos a los ciudadanos; e indicadores de resultados que son los que usualmente manejamos, pero que son los que nos dicen qué es en realidad está pasando y cuántas personas tuvieron más acceso a los sistemas de salud, o cuántos más niños fueron escolarizados.
Y un importante dato que quiero resaltar de este sistema de indicadores es que tiene como ejes transversales, los conceptos de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y acceso a la información y participación política.
Existen también una serie de otros tratados que son de tercera generación, es decir, que se empezaron a ocupar de la realidad particular de poblaciones históricamente excluidas y que los posicionan como sujetos de protección internacional; y en este caso me refiero a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que fue aprobada en 2015, aún no cuenta con todas las ratificaciones para entrar en vigor, pero es un instrumento que establece en un sólo lugar todos los derechos que los adultos mayores tienen acceso
Me refiero también a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que es precursora de la Convención de la ONU en materia de Derechos de las Personas con Discapacidad y que, específicamente genera obligaciones en los estados de cambiar legislación, generar medidas administrativas, formular políticas públicas que permitan a esta población participar de la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.
Quiero mencionar también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es decir, la mejor conocida como Convención de Belem do Pará, que específicamente aborda derechos de las mujeres y su derecho de vivir una vida libre de violencia, específicamente en el último tiempo se ha enfocado en trabajar la violencia política en razón de género, pero cubre una gama de otras instancias de violencia contra la mujer.
Hablo también de la convención, y yo quiero resaltar esta Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación que tiene un espejo, que específicamente incluye por primera vez a nivel mundial y, digamos, es un valor y una innovación que ha venido desde nuestra región, al colectivo LGBTTTI como un sujeto de protección internacional, y ahí creo que la región ha vierto brecha y ha cambiado la conversación en lo que tiene que ver con los derechos de las personas LGBTTTI.
Cuando hablo de estos instrumentos siempre surge la pregunta: ¿qué importancia tienen?, son papeles, o sea, no tienen ninguna aplicación, ¿de qué nos sirven?
Lamentablemente, sí es importante admitir que siempre es un reto traducir lo que dicen estos papeles en la realidad cotidiana de cada una de las personas del hemisferio, cómo asegurar que estos compromisos de derechos humanos terminan pasando en la realidad.
Nuestra tarea desde la OEA es acercar, o sea, o asegurar que logremos que estas obligaciones y derechos contenidos en el papel pasen a la realidad y, para eso, desde mi perspectiva, y quiero aprovechar esta audiencia que tengo y todos los que nos ven en línea, creo que es súper importante conocer que existen, repasar los contenidos y nosotros también convertirnos en voceros de estos derechos para nosotros mismos, pero también para aquellos que no tienen voz o que no necesariamente tienen la oportunidad de hacer abogacía por sus propios derechos.
Desde los propios países que participan en el Sistema Interamericano, se han implementado mecanismos de seguimiento de la progresiva implementación de los contenidos de estos tratados por los países, la Comisión de Belem Do Para tiene su mecanismo, el Protocolo de San Salvador tiene un grupo de trabajo del cual nosotros somos Secretaría Técnica que va monitoreando implementación, ésta es una de las herramientas con las que contamos usando las recomendaciones que salen de estos mecanismos de monitoreo como elementos de acción política y acción ciudadana para generar un mayor cumplimiento de estos tratados por parte del Estado.
Estos procesos también contemplan, usualmente la participación de la sociedad civil, que puede sumarse y aportar informes sombra, usualmente es el nombre que se les da, donde se hace también una documentación desde la ciudadanía del nivel de progreso en la implementación de estos tratados.
Pero estos instrumentos también nos sirven para hacer incidencia presionando a las autoridades a que empiecen a implementar los contenidos de estas convenciones, también nos sirven para generar proyectos que aterricen los derechos al día a día, y nos sirven también, por supuesto, para formular políticas públicas que traten de llevar a la práctica los contenidos y los derechos consagrados en estos instrumentos.
En el caso particular de políticas que revierten lo que podríamos llamar la discriminación electoral, porque aquí quiero específicamente referirme a este tema sobre el cual escribí recientemente, quiero resaltar algunas de las políticas que se han venido implementando a nivel regional y que pueden servir también para la discusión.
En el caso de las personas con discapacidad, en Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral implementó una serie de mecanismos para facilitar la votación a personas mayores y personas con discapacidad, y cosas tan concretas como tener las plantillas en braille, tener guías para ubicar la línea en la papeleta donde se tiene que votar, la lupa plana, el crayón grueso, hay una serie de herramientas con las que podemos contar para empezar a generar mayor goce de derechos.
Un tema particular que quiero resaltar aquí, y que todavía la región no tiene resuelta y que nosotros tenemos como bandera de trabajo, es cómo garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental y que no siempre pueden tener, no se les da las facultades para que pueda ejercer su derecho al voto.
Definir el mejor mecanismo para garantizar esta capacidad jurídica de las personas con discapacidad es una de las tareas pendientes que tenemos a nivel regional.
También hay, lamentablemente, no hay estudios, específicamente documentando políticas específicas para personas afrodescendientes e indígenas, pero sí hay estudios interesantes, y ya que sabemos que abrumadoramente están representados entre los pobres, hay documentaciones y ejercicios interesantes que van midiendo la participación electoral, específicamente quiero citar el caso de Chile, un grupo de periodistas que hicieron una medición de participación electoral y lograron, o sea, el ejercicio les demostró que a nivel nacional el nivel socioeconómico está explicando la participación electoral, es decir, las personas en zonas menos favorecidas participan menos que sus conciudadanos con clases económicas más pobres.
Para el caso particular de las poblaciones indígenas, muchas de ellas con frecuencia no se encuentran inscritas en los registros electorales, con frecuencia incluso no necesariamente tiene una identidad civil y esto ya genera una situación de discriminación.
Hay ejercicios interesantes que tratan de acercar unidades móvil, el registro civil y el registro electoral de estas poblaciones que, como digo, empieza a revertir estas brechas de exclusión de estos grupos.
Una dimensión que se hace cada vez más necesario abordar, y se está convirtiendo realmente en una situación de preocupación hemisférica, no es un problema, es la de los migrantes y refugiados que se están desplazando a otros países, y la necesidad de garantizar el derecho al voto a estas poblaciones.
Hace 10 años en los países de América Latina no garantizaban el derecho a elegir ciudadanos o, digamos, el voto en el exterior, hoy en día solo un país lo limita.
En el caso de los refugiados, sabemos que hay discusiones interesantes sobre la automática inhabilitación para votar por su condición de refugiados. Pero cada vez más tenemos que ocuparnos de poblaciones migrantes, específicamente dado el hecho de que la mayor migración en nuestro hemisferio es intra regional. Es decir, los latinoamericanos están migrando a otros países latinoamericanos o, digamos, de nuestro hemisferio, más allá de los latinoamericanos.
Colombia tuvo un ejercicio muy interesante para las elecciones legislativas del año pasado, habilitando 234 centros de votación en 69 países, con mil 175 mesas instaladas. Y lo más interesante es que le permitieron al elector colombiano, en el exterior, en un periodo de una semana, acercarse a los lugares de votación para ejercer este derecho. Y una semana porque, obviamente, tenían que desplazarse desde ciudades aledañas a los consulados para poder ejercer su derecho al voto.
Otros países han realizado ejercicios similares, en el caso de México es donde, probablemente, se ha avanzado más a nivel de tecnologías y accesos de esta posibilidad de votar.
Y quiero aquí hacer un paréntesis para poner la luz en la crisis migratoria regional, que es reamente lo que está llamándonos la atención desde la OEA, es una de las prioridades hemisféricas; es decir, el éxodo de venezolanos que en el último periodo ha sido, alcanza ya los tres millones y medio de venezolanos que han salido.
La Constitución Venezolana garantiza el derecho del voto de los venezolanos en el exterior, pero sí habrá que hacer arreglos y acomodaciones para poder integrar a estos más de tres millones de venezolanos en una próxima elección democrática en Venezuela.
Es decir, tenemos que pensar en mecanismos y aprendizajes de la región para garantizar el derecho de las diásporas a nivel de nuestra región.
Finalmente, se encuentra el caso de las personas trans e intersex, quienes por motivos de prejuicios sociales con frecuencia no se les garantiza el derecho a votar o a inscribir sus candidaturas en elecciones, por las discrepancias que hay entre su identidad de género y lo que dice el documento de identidad.
En el caso del último proceso electoral celebrado en Ecuador, en 2018, referéndum consulta popular, la autoridad electoral hizo un esfuerzo por registrar las actualizaciones de género de 659 personas trans, transgénero y transexuales en el Ecuador, en sus cedulas, pudiendo, entonces, facilitarles el derecho al sufragio de acuerdo al género con el que se identifican.
Aquí mismo en México, es de resaltar la aprobación de un protocolo impulsado por este Instituto que busca facilitar el acceso al voto a las personas trans. Sin embargo, el derecho a la identidad civil, el derecho a poder estar registrado en el padrón electoral, se encuentra entre los principales tipos de discriminación que enfrentan las personas trans en la región, teniendo esto consecuencias directas en su capacidad de acceder a los registros electorales, a los derechos al voto, pero en realidad poder gozar de todos los derechos a nivel de su sociedad.
En el caso de las mujeres, las cifras regionales revelan nuevamente una continua falta de representación política, pero también evidencia un esfuerzo más constante de mejora.
En cuanto a puestos electivos, vamos acercándonos cada vez más, digamos, a la presencia de mujeres por vía de las leyes de cuota o de la paridad en puestos ejecutivos y en puestos legislativos.
Hemos tenido mujeres a nivel de Presidencia y se está viendo cada vez más presencia de mujeres en las candidaturas vicepresidenciales.
Si hacemos un balance a nivel de toda la región, en cuanto a mujeres como jefas de estado, tenemos que 17 por ciento de los países de la región han tenido una mujer en esa jefatura.
En los espacios de representación legislativa y local es donde yo considero que ha habido menos avance, aunque no estamos mal comparativamente con el resto del mundo, con un veintitantos por ciento de representación en los congresos. Pero de nuevo, si miramos su representación a nivel de población, padrón electoral, militancia de los partidos, hay una brecha muy importante.
En este campo, un breve balance, hemos venido implementando medidas para nivelar la cancha, ya mencioné las leyes de cuota, las medidas de paridad, se han implementado algunos dispositivos en lo que tiene que ver con el financiamiento de liderazgos de mujeres, pero creo que como región tenemos que empezar a elevar la barra y a pensar en una nueva generación de medidas de acción afirmativa que permitan que podamos ofertar que los partidos políticos en la oferta electoral puedan considerar a las mujeres en paridad, pero que también eso se traduzca en los resultados electorales.
Y también mencionar que ha habido importantes avances en materia de legislación contra la violencia, contra la mujer, pero por supuesto de nuevo, queda una brecha importante, si lo vemos regionalmente y específicamente el cómo traducir esto a la realidad cotidiana, de las mujeres que se animan a hacer política.
Quisiera cerrar citando entonces, a un grande de la política de quien yo aprendí mucho, un grande de la política y un grande de la academia, que es Dante Caputo, de Argentina que falleció recientemente, en el informe de la OEA y de PNUD que se titula “Nuestra democracia”, que estuvo bajo la dirección del doctor Caputo; se señala la visión del desarrollo económico y la inclusión social como un fin de la democracia, priorizando lo que yo mencionaba, esta relación interdependiente entre lo político y lo económico, entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales.
Es decir, priorizando la necesidad de garantizar la viabilidad política de los programas económicos que permiten el goce de derechos económicos y sociales, pero también la viabilidad económica de la democracia, por usar un término o el término que el doctor Caputo mencionaba.
A partir de este análisis, podríamos entonces argumentar que, a mayor goce de los derechos económicos sociales y los beneficios de la cultura, de todos los derechos contenidos en el protocolo de San Salvador, mayor gobernabilidad y viabilidad democrática habrá en los países del hemisferio.
El problema ha sido y sigue siendo, que a pesar de que es compartida la comprensión de que una elevada desigualdad no es conducente a la democracia, o no fortalece la democracia, pareciera que la democracia o al menos hasta ahora ha podido convivir o coexistir con la desigualdad, eso es realmente lo que pareciera que el rango de desigualdad que estamos dispuestos a aceptar puede tolerar, es más amplio de lo que debería ser.
El llamado que yo quiero hacer hoy para cerrar, a la luz de lo que he venido repasando es no permitamos que la desigualdad continué existiendo o coexistiendo con la democracia, yo sé que suena simple, pero yo lo quiero aterrizar a nuestra capacidad de acción a nivel individual, a nivel profesional, a nivel institucional, bajemos la barra de tolerancia, no podemos estar cómodos con que acciones que discriminan, que generan desigualdad, que limitan el goce de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas continué existiendo.
Muchísimas gracias.
Presentadora: Muchas gracias a la doctora Muñoz Pogossian.
A continuación, damos la palabra a la Consejera Dana Ravel para los comentarios.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias.
A ver, omití decir algo cuando di la bienvenida, soy un poco dispersa a veces y olvidé darle las gracias al Consejero Presidente del INE, al doctor Lorenzo Córdova Vianello, por haber invitado a esta magnífica conferencista y, además, por haberme invitado a mí, a hacer los comentarios de esta conferencia, entonces muchísimas gracias por eso. Y aprovecho, también, para decir que está con nosotros el Consejero Rivera, que nos está acompañando y que también integra la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación.
Quiero hacer algunas reflexiones con relación a la conferencia.
Me llamó mucho la atención que destacas que, la simetría económica no es el único factor por el cual existe desigualdad, sino también por la discriminación, y parece que casi cualquier motivo, por lo menos en México, no sé si esto sea un problema de todo Latinoamérica, parece que cualquier motivo es un factor para poder discriminar o una excusa para discriminar: la raza, la orientación sexual, vivir con alguna discapacidad, la edad, que porque si se es joven, porque si es viejo, entonces, siempre parece haber una justificación para eso.
Nosotros en el INE también estamos muy preocupados por el tema de la interseccionalidad que fue una de las cosas que abordaste en tu conferencia, porque estamos conscientes de que existen algunos sectores de la población, algunas personas en donde confluyen diversos elementos que las hacen más susceptibles a la discriminación, como pueden ser justamente las personas indígenas, por eso, hicimos la cuota indígena para garantizar que existiera una representación de las personas indígenas en la Cámara de diputados y diputadas y focalizamos el principio de paridad de género para que llegaran mujeres indígenas.
También hicimos un protocolo trans para garantizar que las personas trans pudieran emitir su voto el día de la Jornada Electoral, libre de toda discriminación porque el simple hecho de que mostraran su expresión de género era motivo para que fueran discriminadas.
Hicimos también un protocolo para que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho ciudadano a fungir como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, dando nosotros todas las condiciones de accesibilidad para que esto pudiera concretarse.
Ahora, hay otra cuestión que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el hecho de que las sociedades excluyentes se vinculan más con un incremento de la violencia o de conductas antisociales. Para mí esto tiene mucho sentido desde la perspectiva que cuando considero que otra persona no es igual que yo, la excluyo, y cuando pienso que no es igual que yo y la excluyo, pienso también que no tiene los mismos derechos y, por lo tanto, que puedo vulnerar sus derechos, que puedo atropellar sus derechos.
Y entonces, tenemos por eso sociedades más violentas o conductas más antisociales.
Una de las cuestiones que quisiera preguntarte tiene que ver con algo que tenemos que hacer las autoridades electorales, que es fomentar una mayor participación ciudadana, pero la pregunta o el reto es cómo hacer que se involucren más en cuestiones políticas, una sociedad desigual en donde no tienen un acceso a recursos a veces elementales, no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, cómo pedirle a un ciudadano que se preocupe por quién los va a gobernar, que esté atento, que se informe, que vaya a votar, cuando a lo mejor su prioridad es saber qué va a comer al día siguiente, por ejemplo.
Otra cuestión que me parece importante resaltar tiene que ver con el Estado de Derecho como un elemento indispensable de la democracia. Yo me he preguntado muchas veces, a ver, si a mí me cuesta a veces trabajo acceder a la justicia, qué será de una mujer indígena en un lugar remoto del país, en qué condiciones puede hacerlo.
El Estado de Derecho yo lo veo como algo que se compone de dos elementos fundamentales, la justiciabilidad y el respeto irrestricto a la ley. La justiciabilidad entendida como que deben existir tribunales, deben existir también recursos y medios de impugnación idóneos, accesibles y eficaces; y el respeto irrestricto a la ley como un mecanismo para erradicar la impunidad.
Ahora, en estas condiciones en donde muchas veces no tenemos un Estado de Derecho que es fundamental para la democracia, pues justo las personas pobres son las que les cuesta más trabajo acceder a la justicia.
¿Qué podemos hacer nosotros como autoridad, y particularmente como autoridad electoral para poder coadyuvar al acceso efectivo a la justicia de los diversos sectores de la sociedad?
Gracias.
Betilde Muñoz-Pogossian: Muchísimas gracias, Consejera, por esas reflexiones y las preguntas que está formulando, que son realmente pertinentes para la discusión del día de hoy y para la función que desde el Instituto Nacional Electoral ustedes cumplen como consejeros.
Creo que un punto muy importante que tú mencionas es este tema de la simetría económica o la medición de la desigualdad desde un punto de vista económico. Eso es lo que usualmente siempre se hizo desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Banco Mundial.
Sabemos que medimos el ingreso por día de dos dólares o cuatro dólares por día y eso automáticamente nos permite identificar a la población en situación de pobreza, o que sufre desigualdad.
Sin embargo, es muy importante tener esa otra dimensión que está vinculada a características inherentes de los seres humanos, o sea, hablabas del sexo, la identidad de género, la edad, bueno, y cómo empezar a poner el ente y empezar a ver cómo se cruzan características que generan una mayor discriminación.
Creo que es importante, lo que es valioso rescatar es que a nivel del hemisferio se ha empezado a entender de que no podemos mirar este fenómeno unidimensionalmente, por usar un término, y esto lo vemos reflejado, como decía, en los instrumentos jurídicos de tercera generación que se han venido ocupando de generar protecciones a estos grupos de personas que han estado históricamente incluidos, y es valioso porque estos son consensos regionales, consensos de los países más allá de derechas, más allá de izquierda, son consenso que nos superan y que establecen que todos los seres humanos tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, en dignidad y a gozar de toda la gama de derechos que fueron parte de los instrumentos aprobados de primera y segunda generación.
Qué rol pueden desempeñar las autoridades que están en puestos de decisión, en el caso particular de las autoridades electorales. Y yo creo que aquí es importante tener en cuenta que esto es mucho más complejo, o sea, esto tiene muchas dimensiones, y que pasa por una coordinación de políticas y protocolos que se van implementando desde las autoridades electorales para garantizar los derechos políticos de estas poblaciones, pero que tiene sí o sí que ir de la mano de otras políticas públicas que empiezan a revertir estas brechas de desigualdad.
Y quiero usar un ejemplo muy concreto, que es de las cosas que más le damos pensamiento con mi colega y amiga la doctora Flavia Freidenberg, estamos realmente ahorita problematizando este tema de las mujeres y cómo acceden a la política, cómo acceden al financiamiento. Y los digo por qué; tú lo decías, cómo una persona que tiene que ocuparse de alimentar a su familia, de llevar a sus hijos a la escuela, o de conseguir el dinero para poderlos alimentar día a día tiene cabeza para pensar en que “me tengo que registrar en el Registro Electoral”, “tengo que asegurarme de entender quiénes son los candidatos que me están ofreciendo un proyecto político”, o “me voy a animar a entrar en la política”, cómo si aquí estamos hablando de un costo de oportunidad en la inversión del tiempo.
Y esto lo digo en un caso particular de las mujeres, porque cómo vamos a tener también a más mujeres animándose a entrar en la política si ocupan 30 por ciento más del tiempo personal para poder atender el ámbito privado.
Entonces ahí de nuevo, vuelve el costo de oportunidad o el dilema de dónde invierto realmente mi tiempo. Y ahí es donde digo que tiene que ir de la mano de otro tipo de políticas públicas que abordan estas desigualdades como, por ejemplo, y yo siempre digo en América Latina ya Uruguay avanzó, pero tenemos que, como región, tener una discusión muy seria sobre las políticas de los sistemas de cuidado, dividiendo la responsabilidad de lo privado entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado y el mercado.
Qué pasa; como consecuencia de la aplicación de políticas de cuidado, que generan más equidad en el tiempo de inversión de las perdonas en lo privado, podríamos pensar que esto va a tener una consecuencia al menos, o va a cambiar la cancha o el inicio de donde parten para competir las mujeres en animarse o no a competir en la política.
Entonces, para concluir o un poco para responder, es mucho más complejo, no es algo que desde un solo lado se puede atender, tiene que ser multidimensional, estructural y acompañado de políticas públicas que ahonden en estas desigualdades.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias.
Nos llegaron un par de preguntas, te las paso, dice Gonzalo Celis: “muchas de las políticas de inclusión social que numera requieren de un sistema económico fuerte y sensato, ¿cuál es el sistema económico más adecuado para la democracia?, ¿nos puede dar una opinión objetiva de lo que sucede a nivel político social en Venezuela?”
Y la otra dice: “sabemos que países autocráticos tienen y han tenido niveles elevados de satisfacción con lo que, incluso llega a considerarse democracia. Entones, en qué medida podemos afirmar que la satisfacción con la democracia es atribuible a problemas enteramente políticos, y en qué medida a otro tipo de desigualdades, ¿usted conoce estudios que proporcionen hipótesis pertinentes o datos empíricos que vinculen empíricamente la satisfacción de la democracia con tipos de desigualdades, de oportunidades?”.
Betilde Muñoz-Pogossian: Excelentes preguntas, un poco complejas y creo que cada una requiere no sé, una tesis de 50 páginas.
La primera, el sistema económico y cómo eso tiene que ver con la satisfacción, con la democracia, acá las puedo juntar un poco las dos.
A ver, ya está, ha venido documentado y esto progresivamente, la vinculación que los ciudadanos al menos están haciendo entre la incapacidad de los sistemas políticos de generarles bienestar y su satisfacción o no con la democracia, o su no satisfacción con la democracia.
Y ahí de nuevo, es muy complejo, porque estamos hablando de desconfianza en las instituciones, pero yo también digo que detrás de las instituciones que nos generan certidumbre siempre hay actores políticos que las ocupan y que tienen la responsabilidad de asegurarse que les generen bienestar a la ciudadanía.
Yo creo que esta insatisfacción con la democracia tiene, usualmente se mide si aprueban o no las instituciones, o si no hay confianza a las instituciones, pero creo que también como sociedades tenemos que elevar la barra en cuanto a las expectativas que tenemos de nuestros propios líderes, es decir, seguimos culpando a la democracia que no ha podido entregar bienestar a los ciudadanos, de detrás de las instituciones democráticas hay personas y es a estas personas que debemos hacer rendir cuentas sobre su desempeño.
En el caso particular de Venezuela, aquí debo dejar anotado que nuestro Secretario General, Luis Almagro, es la voz cantante, es quien lleva la batuta en esta agenda de democracia y derechos humanos de Venezuela, así que no me voy a referir a las discusiones que se dan en materia interna de democracia, pero sí puedo, por lo menos, hacer una reflexión sobre algo que me compete como Directora de Inclusión Social de la OEA, y es a dar seguimiento a una consecuencia regional o una manifestación visible de la crisis política que existe actualmente en Venezuela, y es la salida de más de tres millones de personas de Venezuela, haciéndolo, digamos, en varias olas, pero la más reciente a partir de 2017 en adelante, en condiciones bastante precarias de salud, de nutrición y llegando a los países de la región realmente muy desprotegidos.
Entonces, no me puedo referir a lo interno, pero sí puedo decir porque he visitado la frontera con Brasil, he visitado la frontera con Colombia, y al menos cuatro países donde hay altas concentraciones de venezolanos, que la situación en la que están llegando evidencia un sostenido e ilimitado acceso a los derechos sociales y económicos en el país.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Betilde, pues te agradezco muchísimo que hayas participado en esta conferencia estacional de primavera.
Agradezco mucho también a toda la audiencia, a quienes nos han seguido por redes sociales, y les pido, por favor, que demos un aplauso a nuestra conferencista.
Presentadora: Bien, agradecemos a la doctora Muñoz Pogossian, a la Consejera Dania Ravel por esta charla.
Gracias a todas y todos, por su atención.
Gracias de manera especial a las y los alumnos del Colegio Libre de Estudios Universitarios y de la Universidad Continental.
Que tengan muy buenas tardes.
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