Aunque parezca absurdo, es una realidad vigente la tentación de candidatas y candidatos punteros en las encuestas a esconder sus propias ideas a potenciales votantes, a tratar de exponer lo menos detallada, lo menos clara, su oferta de gobierno o representación legislativa pensando, quizá, que con ello se podrá evitar que los electores que tienden a simpatizar con su causa en general retiren súbitamente su apoyo al confirmar que en el detalle las propuestas del candidato o candidata en cuestión son realmente distintas a la expectativa, a la impresión superficial que se habían formado, a lo que parecían.
No es un fenómeno de colores o ideologías, porque hay ejemplos de todos los partidos (en ámbito local y federal) que expresan esa resistencia a debatir cuando sus candidatos tienen ventaja en las encuestas. Hay episodios lamentables en los que ciertos candidatos no se presentan a contrastar, explicar y defender sus propuestas frente a la gente, hay otros casos en los que sí quieren cumplir con el requisito de debatir, pero condicionando salidas de emergencia, promoviendo la menor difusión, pidiendo malos horarios y hasta solicitando que dure lo menos posible el encuentro.
En contraparte, quienes según las encuestas van en segundo o tercer lugar suelen pelear para que los debates sean muchos, los más posibles, con las mejores condiciones para confrontar agendas y propuestas, con robustos canales de difusión, para una vez puesto el escenario, tratar de convencer a la población de que son ellos o ellas la mejor opción, exhibir las debilidades o contradicciones de sus rivales para remontar simpatías de cara a las urnas.
Es legítimo tratar de cuidar ventajas en las encuestas pero no a costa de negar información a la ciudadanía que debe emitir un voto. No es ético optar por un modelo de campaña que deliberadamente regatea datos y claridad, que se esconde de los votantes. La práctica de faltar a debates es incluso contraproducente porque las audiencias saben que el desaire es para ellas y ellos, no para las demás candidaturas.
Faltar a debatir asumiendo que es preferible dejar las cosas en ambigüedad y esperar que el tiempo abra las urnas sin disminución de la simpatía que registran encuestas es antidemocracia, es una apuesta que va por el engaño o la desinformación.
Parte de una base injusta con votantes, para que todo se quede como está, que la campaña se acabe sin explicar a detalle la oferta política, y si no es obligatorio informarle al electorado a mayor detalle qué planes de gobierno o posturas legislativas se asumirán, mejor. Ese modelo es el pragmatismo de la política que no debe normalizarse porque vulnera las condiciones de la democracia deliberativa y promueve contextos de engaño o regateo de información sólo por no perder unos puntos, aunque las y los votantes se queden sin respuestas y sin oportunidad de contrastar, sin guiones y spots musicalizados, las ideas de cada candidata o candidato a un cargo electivo.
Se ha vuelto frecuente que asesores de imagen y estrategas políticos recomienden eso a partidos y candidatos, negarse a debatir en vivo y cara a cara con sus competidores, para evitar que la población votante perciba alguna debilidad o se exhiban posturas que le resten votos si es puntero en encuestas y demás ejercicios demoscópicos.
Ojalá que prevalezca la ética o que la asistencia se vuelva obligatoria con sanciones que inhiban más las ausencias injustificadas. Apelo al compromiso con la democracia y con los electores del candidato puntero en Baja California para que se presente a los debates organizados por la autoridad electoral, la ley allá es clara, esos debates no son optativos, son obligatorios.
Los debates entre candidatos son episodios clave en los procesos electorales porque nos permiten ver cómo son los candidatos y candidatas, cuál es su talante, cómo se comportan, qué saben de la problemática de los espacios que desean gobernar y, sobre todo, qué proponen.
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RESUMEN
