VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, DURANTE LA FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INE Y LA ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, REALIZADA EN EL LOBBY DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN
Muchas gracias.
Saludo con mucho afecto al doctor Lorenzo Córdova Vianello, nuestro Consejero Presidente.
También, al doctor Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Académica Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila; así como a la doctora Irene Spigno, Secretaria Académica de la propia Academia. Bienvenidos aquí al Instituto Nacional Electoral.
También con mucho afecto a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación.
Estamos en la sede de la democracia mexicana para suscribir un importante convenio que nos permitirá realizar actividades conjuntas de carácter académico en las materias que nos ocupan. De manera relevante, sobre derechos humanos en materia electoral, para lo cual, amabas instituciones comprometen la realización de foros, seminarios, investigaciones especializadas y diversos ciclos de conferencias, tomando en consideración las bases de datos y la experiencia acumulada en la materia electoral en estas últimas décadas.
En el INE creemos que la democracia no puede sobrevivir sin elecciones libres que se desarrollen en un entorno de respeto a los derechos humanos, con poderes institucionales dotados de legitimidad popular, equilibrios y contrapesos que delimiten sus fronteras de acción donde exista libertad para expresarse, alternativas para allegarse de información plural y oportuna, donde sean las mayorías, sin avasallar a las minorías, quienes orienten o tomen las decisiones que incidan en los aspectos sustantivos de la vida colectiva de una nación.
Sostengo que para esa ecuación no bastan diseños jurídicos sólidos o instituciones públicas eficaces en garantizar que se instalen urnas, se emitan votos, y se cuenten adecuadamente durante una contienda para elegir a los representantes populares.
El imperativo es más amplio, requiere cuidar la vigencia de un contexto democrático integral y eso no encuentra soporte en la fortaleza aislada de algunos elementos si hay debilidad extrema en otros factores que son igualmente sustantivos.
Esas condiciones tienen consensos objetivos en los postulados fundamentales de los derechos humanos, sin una ciudadanía activa, sin una sociedad exigente que pueda hacer efectiva sus libertades no se sostiene el entorno democrático, aunque existan leyes que las apuntalen.
La experiencia histórica nos dice que el ejercicio de las libertades se construye o se pierde todos los días.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 su defensa fue la reacción ante una realidad de violencia, y así, los modelos de la democracia y el poder de las instituciones del Estado se reafirmaron como instrumentos para dar cauce a los derechos elementales de las personas y no al revés.
El fin supremo de la democracia y de los gobiernos hoy se erige sobre la defensa de la dignidad de los seres humanos.
Ya desde entonces se estableció que toda persona puede participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, su derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y, principalmente, el hecho de que es la voluntad del pueblo la base de la autoridad del poder público y, que esa voluntad de expresarse mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal, e igual y por voto libre y secreto.
Es claro que no existen reglas de la competencia política que sean definitivas y que sostengan el entorno de la democracia efectiva, sino hay ajustes periódicos y congruentes con la progresividad en favor de las libertades y de las garantías. En el terreno de las elecciones periódicas, la evidencia histórica en México, a lo largo de seis vertiginosas reformas electorales que van de 1989 a 2014, muestra que el sufragio ha conseguido instalarse como un factor que iguala ante las urnas a todos los integrantes de una sociedad, que en muchos otros ámbitos como en el social, el económico, el educativo, es todavía desigual.
El principio es muy sencillo, un ciudadano es igual a un voto y, cuando ese voto se ejerce tiene el mismo valor sin importar el género, religión o estrato socioeconómico de quien lo emite, es un error común asumir como líneas separadas e incluso antagónicas, la de seguridad y la justicia o la actividad electoral frente a la defensa de los derechos humanos, porque simplemente es imposible que derechos humanos fundamentales se apliquen si no hay justicia, no hay seguridad y si no hay elecciones libres.
Un estado democrático, tiene legitimidad para implementar políticas públicas y medidas transparentes y proporcionales que garanticen la seguridad, procuren justicia o pongan en marcha elecciones periódicas, pero ninguna acción que vulnere derechos humanos abona a esa legitimidad necesaria para asumir que estamos ante un estado democrático y al entorno integral que requiere, al que las minorías aspiramos, el cual perdemos un poco o empujamos hacia delante todos los días, a partir del ejercicio y respeto por el consenso que hay en esta materia.
La creación de institucionales autónomas del estado garantes de derechos, ha demostrado que puede dar vigencia a temas que hace algunas décadas parecían lejanos, por ejemplo, hoy es muy común que haya alternancia pacifica en el poder político atreves de las urnas y con elecciones competidas, también lo es manifestarse y encontrar respaldo de las comisiones de derechos humanos cuándo se presentan excesos gubernamentales o evitar abusos de autoridades administrativas a través de la acción de las autoridades jurisdiccionales.
De ahí la importancia de fortalecer instituciones garantes de los derechos, la fórmula para detonar esa apropiación de derechos pasa por la confianza en las vías institucionales, llegar a las y los ciudadanos, no es tarea únicamente de estrategias de difusión o ingenierías legales, es principalmente una consecuencia que proviene de hechos que acreditan efectividad en las tareas institucionales y la aplicación de las reglas construidas al amparo de los derechos humanos.
Cuando una ciudadana o un ciudadano acuden a exigir justicia y hay justicia, cuando solicitan información pública y la obtienen sin regateos indebidos o cuando depositan en libertad un voto en las urnas y ese voto se hace valer, ahí tenemos la esperanza de cosechar ese ejercicio cotidiano de derechos y darle sentido al papel de las instituciones garantes, a las leyes y a los postulados centrales de cualquier democracia, que no son otros que la defensa de los derechos humanos.
Es pertinente la firma de este convenio, porque a 29 años de evolución del modelo electoral que nos hemos dado, hoy debemos encontrar conjuntamente con la academia, fórmulas que nos permitan dejar a salvo y fortalecer instrumentos que han sido clave y base fundamental para la construcción de nuestra democracia, como el Padrón Electoral asociado a un derecho fundamental de los mexicanos, que es el de la identidad.
La que tiene el INE es la base de datos más depurada, actualizada y confiable sobre personas mayores de edad. En los hechos, el Registro Nacional de Electores es el Registro Nacional Ciudadano del Estado mexicano y la Credencial para Votar con Fotografía, es el instrumento que permite ejercer derechos políticos, pero también garantizar el derecho a la identidad, porque desde 1990 en que se creó el otrora IFE, se levantó un padrón electoral con base cero, con certeza y confianza de que no votarían personas fallecidas o ninguna otra fuera de ese registro.
También se garantizó que no se rasurarían registros, según lo decidiera el gobierno en turno, o cualquier actor político. Fue un ejercicio censal que desde entonces mantiene controles para depurar y actualizar la información de manera permanente y con la administración de un órgano autónomo.
Creo también en la viabilidad de instituciones electorales en su doble función: administrativa y jurisdiccional y también en la recreación y fortalecimiento del modelo híbrido de los últimos cinco años; hay temas que regresan a las discusiones legislativas y me parece que hay una respuesta clara a la luz de la experiencia.
Los organismos electorales de los estados sí deben existir, aunque también requieren nuevos mecanismos para designar a sus integrantes, para garantizar su plena independencia y su compromiso con la democracia, así como nuevos procedimientos de asignación presupuestal que eviten presiones indebidas, registradas por gobiernos en turno.
Hoy contamos con una base de competencia razonablemente homogénea en todo el país, aunque hay asimetrías en casos específicos; ahí es donde pueden ser útiles algunos ajustes legislativos, pero en mi opinión, el modelo electoral apostó por estandarizar rutinas que han sido exitosas a nivel federal y que se van implementando paulatinamente en el ámbito local, sin que ello implique desaparecer a los árbitros de la contienda locales.
Todos estos temas deben ser estudiados y, tanto autoridades como académicos, debemos poner a disposición de los legisladores nuestras experiencias, conocimientos técnicos, así como los resultados e investigaciones específicas y los marcos conceptuales atinentes a la reforma que se quiere.
El éxito de lo que podría ser la nueva reforma electoral depende del diálogo y de la capacidad de construcción de acuerdos y consensos entre todos los actores políticos y entre quienes integramos las autoridades electorales.
Bienvenida la suscripción de este convenio que, me parece, aportará mucho en ese terreno.
Muchas gracias.
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