VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INE Y LA ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, REALIZADA EN EL LOBBY DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN
Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Doctor Luis Efrén Ríos, compañero desde la trinchera académica, colega en momentos idos y en momentos por venir, desde esa trinchera, además de buen amigo y uno de los promotores del estudio y de la defensa, desde ese espacio de los derechos humanos. Doctora Irene Spigno, un gusto de tenerlos por acá.
Saludo con mucho afecto la, y agradezco mucho la presencia del Magistrado Sergio Díaz, Presidente del Tribunal Electoral del estado de Coahuila.
Por supuesto, mi estimado colega, el maestro Marco Antonio Baños.
Estimadas y estimados funcionarios del Instituto.
Lo que voy a leer ahora, permítanme anticiparlo, son variaciones sobre un mismo tema, a propósito de lo que tanto Marco como Luis Efrén han señalado en sus intervenciones.
En México el tema de los derechos humanos ha evolucionado de la mano del desarrollo de nuestro sistema democrático. Antes de 1988 el estudio de los derechos humanos e incluso de la teoría de la democracia eran temas de aulas universitarias en el mejor de los casos, así como temas exquisitos de algunos especialistas, o bien, de activistas y organizaciones de la sociedad.
Ni la evidente importancia de los derechos humanos, ni la falta de competencia democrática por el poder político en las urnas habían logrado convertirse en temas centrales de la conversación pública, de la gran conversación pública, y mucho menos, y esto es el punto que quiero subrayar, objeto de una ingeniería constitucional en nuestro país.
Desde del Siglo XIX, el Siglo XX, la democracia, los derechos, las garantías individuales, como se les llama, siempre estuvieron constitucionalizadas, pero una cosa era la constitución formal y otra cosa era la constitución real, tanto en temas estrictamente democrático electorales, como en los temas de la realidad concreta y la garantía de los Derechos Humanos.
La movilización política que se generó en 1988, convirtió la crisis electoral en la mayor crisis del sistema político mexicano de la era moderna, provocó una transformación política institucional sin precedentes que cambió, tanto la forma de ejercer los derechos políticos, como a las instituciones que existían y procesaban esos derechos.
Fue así como se creó el Instituto Federal Electoral, por un lado, pero por lo que hace a la garantía de los derechos humano, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Ambas instituciones que marcaron un parteaguas en nuestra transición a la democrática.
La arbitrariedad en el ejercicio del poder, así como la movilización y la participación política de la sociedad demostraron que la democracia y los derechos son factores indisolubles. Si bien conceptualmente podríamos aquí hacer una reflexión a propósito de su origen, de su conceptualización distinta, lo que es cierto, es que a lo largo de los últimos 300 años lo que hemos visto es una imbricación, una vinculación indisoluble, de modo tal que hoy no podemos pensar un sistema democrático en donde no haya un respeto de los derechos humanos, ni un sistema en donde los derechos, las garantías esenciales de esos derechos se respeten si no hay elecciones libres y democráticas.
Esto explica el importante avance que en los últimos 30 años ha tenido, tanto la investigación, como a la evolución de las instituciones y organismos dedicados a la defensa de los derechos políticos, a la lucha contra la discriminación, a la defensa de los derechos de las mujeres, a evitar la discriminación de personas indígenas en México, a la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera.
En efecto, en las últimas décadas, la producción, tanto intelectual, la realización de seminarios, posgrados, talleres de capacitación, publicación de libros, la consolidación de organizaciones de la sociedad defensoras de los derechos humanos en general, por un lado, pero por otro lado también las instituciones de garantía y protección de los derechos, refleja la creciente importancia que los mismos tienen en nuestra convivencia democrática.
Otro hecho relevante que desde mi perspectiva ha contribuido al fortalecimiento en nuestra vida democrática, es la reforma constitucional de 2011, que constituyó, a todas luces, un cambio radical de paradigma en el modo de entender, de aterrizar, pero sobre todo de garantizar a los derechos humanos.
La incorporación del principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de garantizar, promover y respetar y proteger los derechos humanos, son probablemente las columnas vertebrales del mismo, y asumir que no somos un ente aislado, sino que somos parte, con obligaciones y responsabilidades de un sistema interamericano como el que la académica se dedica a analizar.
Estas adecuaciones, que indudablemente son de gran calado, han modificado los parámetros con los que se relacionan las autoridades con la sociedad, y hablan de cómo la evolución de la democracia a catalizado, no sólo cambios políticos profundos como el fin de la era del partido hegemónico, las alternancias de todo signo y en todos los ámbitos o el surgimiento de grandes periodos de gobiernos divididos, sino que ha impulsado el desarrollo de temas, reflexiones e incluso de instituciones que contribuyen al fortalecimiento en nuestra convivencia en clave democrática.
De ahí que para el INE, sea alentador que el día de hoy suscribamos un convenio de colaboración con la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, como ya ha sido planteado aquí, la academia está conformada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa universidad, con la finalidad de impulsar la docencia, la capacitación estudios y difusión de los derechos humanos; actividades que son, no solamente compatibles, sino indispensables, respecto del mandato constitucional que el INE tiene de garantizar el derecho universal de derechos políticos de las y los ciudadanos, y no sólo los políticos como anticipaba el Consejero Baños, sino también en otra serie de derechos, como el derecho a la identidad, que, dependen fundamentalmente del trabajo y de las funciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral.
En diversas ocasiones he sostenido que, pese a que en tres décadas logramos construir un andamiaje institucional para la recreación de las elecciones, robusto, y probablemente uno de los más robustos del mundo, todavía tenemos mucho camino por andar para que todas las personas de nuestro país, se vean así mismas como titulares de derechos y cuenten además con las herramientas accesibles, necesarias e idóneas para ejercer y proteger esos derechos.
Por ello veo con agrado que este convenio establezca las bases para diseñar y llevar a cabo conjuntamente investigaciones, cursos, talleres, seminarios, programas de posgrado, así como participar en proyectos editoriales y de difusión que contribuyan al mejor conocimiento de los derechos humanos en nuestro país, de hecho, ahora ya lo podemos decir, Luis Efrén, en menos de mes y medio estaremos ya, detonando, digamos, las primeras actividades que con el convenio que hoy hemos suscrito, encuentran un sustento jurídico en esta ocasión y de entrada, en el estado de Coahuila.
Por ello, quisiera agregar una reflexión adicional que tiene que ver con los avances democráticos que como nación alcanzamos en los años recientes, avances que nos deben estimular a la consolidación de la institucionalidad democrática y la reflexión bien fundamentada de que nuestro sistema electoral garantiza, como aquí se ha sostenido, efectivamente, imparcialidad y equidad en cualquier tipo de elección.
Si ello no fuera así, simple y sencillamente los profundos cambios políticos que ha vivido el país a lo largo de los últimos 30 años, pero particularmente en los últimos cinco años con el establecimiento del sistema nacional de elecciones, no habrían sido posibles.
Quien piense que los cambios fueron más allá de las condiciones y a pesar de las condiciones, simple y sencillamente está equivocando la lectura de lo que ha ocurrido en nuestro país, esos cambios son posibles gracias a que las condiciones democráticas estaban dadas, tanto desde el punto de vista institucional, como desde el punto de vista normativo.
En menos de tres décadas, con las aportaciones de varias generaciones de legisladores, actores políticos y especialistas y, por supuesto, de actores de la sociedad, perfeccionamos los procedimientos para la competencia democrática por los poderes públicos. En ese lapso, configuramos un sistema de partidos que le ha dado cauce a la pluralidad política del país, y que es crecientemente competitivo.
Construimos, en pocas palabras y en varios años, eso sí, condiciones democráticas como decía, para contender por los poderes públicos, con equidad e imparcialidad, lo que garantiza a las minorías que puedan convertirse en mayorías como lo pide todo sistema democrático, que las condiciones para que ello ocurran estén institucionalmente garantizadas, y eventualmente, que las mayorías, pueda eventualmente, dejar de serlo si no responden a las demandas de la propia ciudadanía.
Y es que lo que ocurrió el año pasado no fue otra cosa, sino la recreación de algo que en México ya existía, que las y los ciudadanos pueden decidir con su voto, no solamente quién los gobierna, sino también, premiar con el mismo, con su sufragio, la acción de los propios o castigar la acción de los gobiernos.
En nuestro sistema electoral los únicos, pues, que deciden quién gana o quién pierde en las urnas son los electores, son ellos, las y los votantes, con su voto libre, los que decidieron mantener durante poco más de 20 años un contexto de gobiernos divididos y hoy dar una mayoría en el ámbito legislativo.
Son ellas y ellos quienes decidieron las tres alternancias en el Poder Ejecutivo en las últimas cuatro elecciones celebradas, y son ellos quienes propiciaron que de 2015 a 2018 se viviera el periodo de mayor alternancia, tanto a nivel local como a nivel federal, en nuestra historia reciente a través de las urnas.
Pero eso es posible sólo porque las condiciones ya estaban ahí, hemos insistido desde el INE mucho en este punto, la alternancia no es sinónimo de democracia, lo que hace democrático un sistema político es que existan las condiciones para que, si los electores así lo deciden, puedan eventualmente traducir su voto o a través de su voto, propiciar una alternancia, y esas condiciones las construimos durante mucho tiempo.
Más aún, la institucionalidad democrática que hemos configurado y en la cual la autoridad nacional tiene facultades para atraer o bien normar las actividades de las contiendas locales, permitió que en México en 2018 se haya convertido, a través de esa elección, en un referente internacional por el impulso efectivo a la paridad de género entre muchos otros aspectos.
Pero en perspectiva qué nos dicen estos logros.
Me parece que lo que nos dicen es evidente, para quien quiera verlo, que el avance de la democracia, que en nuestro país ha sido gradual, es una construcción colectiva, no sólo de un partido, ni de un solo hombre, y que el perfeccionamiento de la democracia es un ejercicio acumulativo en el que las buenas prácticas se potencia con el mejor conocimiento de los derechos políticos, de los derechos humanos en general por parte de cada persona.
Pero esto me lleva a una reflexión final.
El camino a la democracia, como hemos insistido en muchas ocasiones, no es un camino unidireccional, la apuesta que a lo largo de 30 años hemos cuajado, de convertirnos en un sistema democrático, no está exenta de eventuales regresiones, por eso, a la democracia hay que cuidarla todos los días.
Son momentos, éstos, los actuales, en donde la democracia en el mundo hace cuentas con una serie de desafíos nuevos, con una serie de problemáticas distintas, con una realidad incluso tecnológica a la que hay que adaptarse y que hay que adaptar en clave democrática. No hacerlo puede significar encauzar el camino de regreso a las conquistas democráticas que hemos conseguido.
Y es que cuidar la democracia es una construcción colectiva; bien decía Luis Efrén en su intervención: la academia tiene un rol fundamental que jugar en esta historia, con su acompañamiento crítico, que quiere decir no otra cosa, sino generar contextos de exigencia que siempre van a ser bienvenidos y aceptados por parte de esta institución.
Creo que la institución más compleja de nuestra historia, Marco me corriges si me equivoco, se logró gracias a que esta institución no solamente logró explicar como nunca antes la elección, sino también escuchar como nunca antes los reclamos que, desde la sociedad, desde la academia, habían venido generándose respecto de los ejercicios electorales recientes.
Una institución que no escucha, que no atiende sus contextos críticos de exigencia, es una institución autorreferencial que potencia el riesgo de equivocarse y creo que el resultado de 2018 implica que esos contextos de exigencia existieron, que son indispensables, que deben seguir existiendo, pero también que supimos escucharlos.
Así que bienvenido ese acompañamiento crítico, Luis Efrén, y cuando no exista, desde acá los exigiremos. Pensamos así la instrumentación de este convenio; como una forma de contribuir a fortalecer el ejercicio de los derechos que ayuden a consolidar tres décadas de procedimientos y experiencias democráticas, transformadoras y a dar el paso en esa otra dimensión de la democracia en la que todavía en México somos deficitarios.
No me refiero a la dimensión electoral, en donde mucho hemos avanzado y hoy somos, como lo decía, punto de referencia a nivel internacional. Me refiero a esa otra dimensión de la democracia, la que tiene que ver con la efectiva garantía y satisfacción del conjunto de derechos, de los que, si bien el INE no es responsable en primera instancia, sí es un aliado que no sabrá escatimar esfuerzos para conseguir esa otra dimensión de la que depende la democracia en su conjunto, que es la que tiene que ver con el ámbito de estudio, no exclusivo, pero sí el ámbito de estudio de la propia Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Los derechos políticos sí, pero como parte de los derechos humanos en su conjunto. Muchísimas gracias, por este convenio. Muchísimas gracias por confiar en el Instituto Nacional Electoral y emprender a partir de esta base jurídica un camino juntos en el perfeccionamiento y consolidación de nuestra democracia.
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