VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO BENITO NACIF HERNÁNDEZ, EN EL PUNTO 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE DEBERÁN APEGARSE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS O GRATUIDAD DE LOS REPRESENTANTES GENERALES Y REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
Pues ésta es la propuesta de lineamientos para la comprobación de gastos de representantes generales y representantes de casilla, así como la acreditación de la gratuidad, cuando representantes generales y representantes de casilla no son remunerados por los partidos políticos.
Esta propuesta retoma algo que ya los partidos políticos conocen y también algo con lo que la Unidad Técnica de Fiscalización está 
familiarizado, que fue el sistema, el modelo de reporte que se diseñó y se puso en práctica para los procesos federal y locales del 2018, que esencialmente, aprovecha el Sistema de Registro de Representantes para, ahí mismo, adiciona un módulo en el cual se permite, un módulo en el cual se permite distinguir entre aquellos que son remunerados, donde los partidos pueden reportar el monto de la remuneración a sus representantes, a su estructura de representantes.
Y también, aquellos que son no remunerados o gratuitos y el sistema les permite primero generar una constancia de no remuneración, las reglas aquí presentes obligan a los partidos a recabar la firma de los representantes y luego, a utilizar, escanear o generar una imagen digital de esa constancia de no remuneración o de gratuidad y luego volverla a cargar al sistema con las bases de datos que se generan mediante estos dos procedimientos.
Además de la base de datos que se genera con el reporte de asistencia de representantes el día de la Jornada Electoral, recabada por los capacitadores y asistentes electorales, se hace la fiscalización y se identifican los casos en los cuales fueron remunerados, existe una constancia de gratuidad y aquellos casos en que no se reportaron como remunerados y tampoco existe una constancia de gratuidad, se considerará como gasto no reportado y se evaluará de acuerdo con la matriz de precios que se genere con los reportes que los propios partidos políticos hagan.
Respecto al 2018 se hacen dos cambios en este procedimiento, a partir de la experiencia que tuvimos. En primer lugar, una vez que se haya cerrado el plazo para el registro de representantes, esto ocurre tres días después de la Jornada Electoral, ya los partidos políticos no podrán hacer cambios en cuanto a si un representante recibió pago o no.
Esto dará certeza sobre las cifras de representantes y montos erogados que tendrá que auditar la Unidad Técnica de Fiscalización; el segundo cambio, consiste en especificar que la ayuda que otorguen las juntas distritales, cuando los sujetos obligados no cuenten con los medios tecnológicos para imprimir, digitalizar y/o cargar la información en los formatos de gratuidad, esta ayuda consistirá únicamente en poner a disposición de los partidos y candidatos independientes el equipo de cómputo en nuestras juntas distritales y locales; es decir, no se podrán recibir los formatos en algún medio magnético, ni se podrá prestar asistencia de nuestro personal para hacer la impresión o para hacer la carga de los archivos digitales en el sistema.
Esto permitirá que el personal de las juntas pues se enfoque en aquellas labores que son propias de los días previos y posteriores a la Jornada Electoral.
Éste es el proceso que se aplicará y que creo que es importante que a la luz de la evidencia que se genere con la aplicación de este proceso en esta elección y analizando la elección anterior y de las extraordinarias, podamos revisar el proceso pensando en el futuro para, por un lado, facilitar el reporte, tanto de gastos, como de constancias de gratuidad por los partidos políticos.
Pero por otro para también introducir controles en el proceso, que den garantías de que efectivamente los ciudadanos que están participando como representantes generales o de casilla, ellos expresan su voluntad y dan fe y dan constancia de que lo están haciendo de forma voluntaria y no remunerada.
Pero creo que esa revisión es algo que debe hacerse pensando en el futuro con todo el tiempo necesario para estudiar y sistematizar la evidencia que nos ha venido arrojando la experiencia, y siempre, por supuesto, con el diálogo con los partidos políticos, para que esto sea un esfuerzo compartido, tanto por la autoridad reguladora, como por los sujetos obligados en materia de fiscalización.
Consejero Presidente, muchas gracias.
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