VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), REALIZADA EN PALACIO NACIONAL
Buenos días tengan todas y todos ustedes.
Es un placer poder estar aquí en la Secretaría de Hacienda.
Agradezco muchísimo la invitación y los esfuerzos que desde la Secretaría de Hacienda se han hecho por parte del doctor Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda del Gobierno de la República, para poder, el día de hoy, tener este punto de llegada, que también es un punto de arranque, un punto de llegada de los esfuerzos para construir sinergias, y un punto de arranque de los trabajos conjuntos que vendrán en el futuro.
Agradezco también, por supuesto, al señor Procurador Fiscal de la Federación, al doctor Carlos Romero, también artífice del documento que hoy estamos por suscribir.
Saludo, por supuesto, con estima al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, al licenciado Edmundo Jacobo.
A los compañeros consejeros del Instituto que me acompañan, a la señora y señores representantes de los partidos políticos registrados ante el Instituto Nacional Electoral.
A los distinguidos funcionarios de Hacienda, a todas y todos muy buenos días.
La firma del convenio marco de colaboración que hoy suscribimos el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se relaciona con dos características, me atrevo a decir, centrales de todo sistema democrático.
Por un lado, lo que tiene que ver con la centralidad ineludible que en las democracias modernas tienen los procesos electorales, pero entendidos estos como un conjunto de responsabilidades de distintos actores que tienen que converger para que los mismos se lleven a cabo.
Y, por otro lado, con el hecho de que la democracia en cuanto tal no se agota ni en, ni con las elecciones, sino que forma parte cotidiana de la vida de las sociedades que hemos optado por esta forma de gobierno.
En relación con el primer tema. Me gustaría subrayar el hecho de que el cumplimiento de las funciones que nos permiten periódicamente tener procesos electorales en los que se renueva de manera pacífica, democrática, y, por ende, libre, la disputa por el poder, implica, por supuesto, responsabilidades encomendada a órganos específicos del Estado Mexicano, los órganos electorales para las elecciones nacionales, las federales y las locales el Instituto Nacional Electoral, pero requiere, también de la colaboración y de la sinergia de un sinnúmero de entes públicos, de instancias de gobierno, y por supuesto, de entes también de la propia sociedad, como los medios de comunicación o estas instancias intermedias que son los partidos políticos.
Una elección que resulta exitosa en clave democrática es una elección que ha contado con el cumplimiento de las distintas responsabilidades o si se quiere, de las corresponsabilidades que todos estos actores tenemos para con la democracia.
Y las elecciones que hemos tenido recientemente en México, las que se han venido fraguando durante el proceso de consolidación democrática, revelan justamente el cumplimiento de esas obligaciones de esas corresponsabilidades por parte de los distintos actores.
Pero para que el Instituto Nacional Electoral pueda cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales, si bien es un órgano constitucional autónomo y, como me gusta decir, somos muy celosos de nuestra autonomía, misma que se construye todos los días, que se ejerce todos los días, decisión tras decisión, también entendemos y asumimos que no somos una entidad autárquica, sino que formamos parte del Estado Mexicano, y esto supone la construcción de canales de comunicación, de colaboración, de sinergias pues, para que el cumplimiento de nuestras atribuciones legales y constitucionales pueda efectivamente ocurrir.
El convenio que hoy suscribimos con la Secretaría de Hacienda, como el que hemos suscrito recientemente con la Secretaría de Gobernación y otras instancias del gobierno federal, son el resultado justamente del ejercicio de esta autonomía, por un lado, pero también del entendimiento de que esa sinergia a la que hacía referencia es indispensable.
El convenio que hoy suscribimos con la Secretaría de Hacienda sentará las bases para que el Instituto Nacional Electoral pueda cumplir de mejor manera particularmente en el ámbito de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de las y los candidatos, durante, pero también de las campañas electorales, pero también fuera de ellas, se realicen de mejor manera.
Como ustedes saben el Instituto Nacional Electoral desde el año 2007 está relevado de los secretos fiduciario, bancario y fiscal y, esto supone la posibilidad de acceder a la información que las distintas instancias, tanto del sistema financiero como del aparato fiscal le provee.
El punto es justamente agilizar y mejorar no solamente la calidad de la información a la que el Instituto Nacional Electoral puede y debe tener acceso, sino generar las bases para que esto ocurra de una manera no sólo armónica, sino también sincronizada con las distintas instancias que revisan el cumplimiento tanto de las obligaciones fiscales, por un lado, pero también desde el gobierno federal, de la legalidad de las operaciones financieras, de la legalidad de las operaciones comerciales. Es decir, del combate contra la corrupción.
El Instituto Nacional Electoral tiene una función específica y para cumplir con su función, con esas atribuciones, es decir, la fiscalización electoral, requiere de la aceitada colaboración de otras instancias de gobierno.
Pero, el adecuado funcionamiento de otras instancias de gobierno también requiere de una comunicación fluida con lo que el Instituto Nacional blinda. Las competencias son claras y definidas.
El Instituto Nacional Electoral es una instancia que revisa la legalidad de los recursos que se inyectan a la política durante las elecciones y al sistema de partidos, pero lo que el Instituto Nacional eventualmente identifica, eventualmente trasciende de su esfera de competencia y requiere también una comunicación clara, cierta con otras instancias, esas sí del gobierno federal con otras competencias con las que hay puntos de conectividad.
La base de este convenio es pues, permitir que el flujo de información sea un flujo ágil, puntual, que permita el cumplimiento expedito de nuestras respectivas obligaciones en una lógica, permítanme decirlo de manera coloquial de ida y vuelta.
Este convenio sienta las bases para que la información que el INE requiere tanto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como de la Unidad de Inteligencia Financiera, como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, unidades todas adscritas al ámbito de la Secretaría de Hacienda, fluya de manera puntual, oportuna y por supuesto completa, pero también, que la información eventualmente el INE integra en sus indagatorias, en su ejercicio de fiscalización y que escapa de su esfera de competencia, sea puntualmente, oportunamente colocada en la esfera de competencias, en el conocimiento de las instancias recién mencionadas. Es pues, un flujo de ida y vuelta.
El segundo gran elemento de este convenio tiene que ver con la capacidad instalada del Instituto Nacional Electoral para poder, a partir del resguardo, de la actualización, de la depuración permanente de la base de datos más importante, de datos personales, más importante que resguarda el Estado mexicano, es decir, el Padrón Electoral, pueda cumplir sin violentar las reglas que en materia de privacidad y que obligan al Instituto Nacional en esta materia.
Es decir, sin que haya una entrega de información, sin que se vulnere la confianza de las y los ciudadanos que le entregan sus datos al Instituto Nacional Electoral cuando se registran en el Padrón Electoral, o bien, cuando realizan algún movimiento ante el mismo, pueda a partir de una autenticación.
Esto es, no con entrega de información, sino con la validación de la información que las instancias hacendarias obtienen y compulsa con esa base de datos, pueda combatirse el robo de identidad, garantizar la integridad de las obligaciones fiscales, y combatir, tanto la evasión fiscal como, decía, el robo de identidad.
Se trata, pues, de establecer los mecanismos mediante los cuales las distintas instancias agrupadas en el sector hacendario de la federación pueden validar, autenticar la información que, por distintos medios, la información personal que por distintos medios se allegan, con la que está resguardada en el Padrón Electoral.
Estamos hablando de la posibilidad de autenticar la información que las instancias hacendarias obtienen con la base de datos más grande, más de 90 millones de registros, la base biométrica más completa, tanto en términos de biometría dactilar como de biometría facial, y también la más actualizada, la más depurada, la más vigilada, incluso en términos políticos por parte de los partidos, y también la más segura que existe en el país.
El tercer gran tema trasciende, como decía, la estricta función electoral y lo que son las competencias de las instancias hacendarias y de la autoridad electoral. Se trata del hecho, digamos, de un hecho que trasciende el momento electoral y que debe permear para que la democracia se recree adecuadamente, todos los momentos de la vida social, todos los momentos de colectividad en democracia. Me refiero al tema de la cultura cívica.
Desde hace algunos años el Instituto Nacional Electoral ha lanzado un ambicioso programa de re-pensamiento de lo que antes llamábamos educación cívica y que nosotros hemos preferido definir como cultura cívica, más para proyectar la idea de que no es algo que cae de lo alto, sino algo que se construye desde abajo cotidianamente en todos los ámbitos de la vida colectiva.
En este programa asumimos que los ciudadanos en democracia, las y los ciudadanos en democracia, no solamente somos titulares de derechos que deben preservarse, garantizarse, ejercerse y protegerse, sino que corresponsablemente, correlativamente a esos derechos existen una serie de obligaciones para con la colectividad y para con la vida pacífica, con la vida ordenada, con la vida regulada, con la vida en democracia.
Los ciudadanos, las ciudadanas en democracia somos titulares de derechos, pero también somos, cargamos con una serie de responsabilidades públicas y colectivas, entre ellas, precisamente, la de contribuir a la formación del patrimonio colectivo que nos permite subsistir como sociedad.
Uno de los grandes anhelos de la Revolución Mexicana, lamentablemente un anhelo en el que todavía existe una serie de graves y ominosos pendientes, el de la justicia social, solamente puede cumplirse en democracia si existe esa corresponsabilidad que permite generar los recursos financieros.
La carga fiscal, el pago de impuestos que permite cumplir y ésa es la única vía en la que, de manera pacífica, la única vía civilizatoría que ha encontrado la humanidad para poder cumplir con el anhelo de la justicia social y con la redistribución de la riqueza que, en un país con las profundas desigualdades, como las que adolece México, resulta indispensable.
Pero el pago de impuestos, el contribuir a ese esfuerzo colectivo, que es una responsabilidad de las y los ciudadanos en democracia, no tiene que ser vista como una mera obligación, desde un punto de vista, una lógica punitiva; debe ser asumido como un ejercicio de esta corresponsabilidad individual y colectiva que nos permite recrear cotidianamente la democracia.
En otras palabras, el contribuir, por cierto, como lo establece la Constitución, hablando de las responsabilidades de las y los ciudadanos, implica contribuir con el pago de sus impuestos a la posibilidad de que la sociedad subsista, se recree, subsane desigualdades y que el país, en consecuencia, progrese.
Esa es una corresponsabilidad y esa es parte de lo que es el convenio; cómo hacemos para que parte de la lógica de la cultura cívica, del asumirnos como parte de una colectividad, implique también el cumplir con nuestras corresponsabilidades fiscales.
Es un convenio, como pueden ver, articulado en tres grandes ejes, pero éste es un Convenio Marco; es decir, es el punto de partida de la revisión de los instrumentos jurídicos que ya desde el pasado mantienen o articulan la vinculación del INE con las instancias del sector hacendario y que requieren eventualmente una revisión y un reforzamiento y, también es la base para construir una nueva relación en la que, insisto, con respeto de parte del INE a lo que son las responsabilidades del gobierno y particularmente de las instancias del sector hacendario.
Y con respeto, por supuesto, de éstas respecto de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, podemos construir –insisto- en una lógica de autonomía y no de autarquía, un esfuerzo conjunto que permita a la sociedad mexicana, que permita al gobierno poder enfrentar los grandes desafíos que marcan en nuestros días los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo.
Señor Secretario de Hacienda, muchísimas gracias por no solamente el interés, sino diría incluso, la excitativa a apurar los trabajos que hoy nos tienen aquí, en la víspera de la firma de este convenio, sino también muchas gracias por la disposición y estoy seguro, el trabajo conjunto que será, tenga toda la certeza, correspondido con dedicación y con puntualidad por parte del Instituto Nacional Electoral.
Muchísimas gracias.
-o0o-