El pasado 28 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la que, por mucho, es la solicitud de presupuesto más baja de su historia.
Esta institución atendió, como siempre ha hecho, la lógica de austeridad prevaleciente, y se solidarizó con la propuesta de permitir que el mayor número de recursos públicos pudiera ser destinado a la solución de los grandes problemas nacionales.
Ese Proyecto de Presupuesto fue 37.4 por ciento inferior que el de 2018, el año inmediatamente anterior, y cinco por ciento menor que el de 2017, el más bajo hasta ahora presentado.
Nunca en su historia el INE ha hecho un esfuerzo por contener su gasto como en la última ocasión; ello implicó suprimir proyectos, imponer medidas de ahorro adicionales, eliminar áreas, suprimir 150 plazas, y la disminución voluntaria del orden del 20 por ciento de las remuneraciones de los altos funcionarios de la institución.
El esfuerzo permitió que se presentara la solicitud presupuestal menos onerosa de la historia respecto al total el gasto federal. Apenas 19.4 centavos de cada 100 pesos del gasto público fueron solicitados por el INE, nunca había ocurrido algo así. El esfuerzo, acorde con la austeridad y la sensibilidad social por parte del Instituto fue evidente.
Sin embargo, nada de eso fue considerado por las y los diputados que el 23 de diciembre de 2018 decidieron, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, una reducción de 950 millones de pesos al gasto operativo del Instituto, sobra decir que ese recorte no tocó ni un centavo de las prerrogativas que los partidos políticos recibirán este año, un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.
Se trata del recorte más drástico impuesto a este órgano electoral, precisamente cuando se solicitó el presupuesto más bajo jamás presentado.
La situación es grave porque, sin haberse medido el impacto que dicha reducción tendría en las funciones constitucionales y legales del Instituto, y sin haberse razonado ni motivado esa decisión, se coloca al INE en una posición de insolvencia para cumplir a cabalidad con sus facultades y sus obligaciones.
La paradoja es mayor, cuando ello ocurrió en un contexto en el que el gasto público para 2019 aumentó en casi 10.6 por ciento en términos nominales, respecto al año pasado; es decir, de 5 billones 270 mil millones, a 5 billones 838 mil millones de pesos; o bien, 5.6 por ciento en términos reales, es decir, descontando la inflación.
No había, pues, una razón fundada para el recorte del que el INE fue objeto, ni desde el punto de vista económico, ni mucho menos constitucional.
Por eso, el día de hoy el INE ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, por la reducción que le fue impuesta, en virtud de que la misma representa una clara vulneración a su autonomía e independencia.
En efecto, el impacto del recorte es tan grande que resulta imposible absorberlo, sin afectar gravemente alguna de las funciones constitucionales del INE. Dicho en otras palabras, el mismo pone en riesgo la emisión gratuita de 15 millones de Credenciales para Votar con Fotografía que estimamos emitir este año; o bien, las tareas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas; o el Monitoreo Nacional de Radio y Televisión; o bien, la participación del INE en las cinco elecciones locales, con excepción de la de Puebla, que contará con recursos de esa entidad para ser financiada; o bien, el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la institución.
La situación es grave e inédita, nunca en su historia el INE, y antes el IFE, se había…, al IFE se le había colocado en una situación similar, una situación de insolvencia para cubrir cabalmente con sus funciones.
Las decisiones que tenemos que tomar son también inéditas y buscan un equilibrio que nos permita cumplir con todas las funciones que la Constitución le encomienda al INE.
Dicho de otra manera, de lo que se trata es cómo evitamos que el impacto del recorte afecte a las y los ciudadanos en sus derechos, vulnere las condiciones de equidad de la competencia política, impida la realización de elecciones libres y auténticas; o bien, se afecte a los trabajadores del INE en sus derechos.
El problema es que la reducción que se nos impuso es tan grande, que las alternativas eran graves e indeseables: despidos masivos de personal, sin tener, por cierto, la capacidad económica para las correspondientes liquidaciones, y que además, pondrían en entredicho la capacidad del INE para cumplir con sus funciones, en virtud de la falta de recursos humanos, con pleno apego a la ley; dejar de emitir la Credencial para Votar, o peor aún, cobrarle a los ciudadanos por ese servicio; dejar de fiscalizar a los partidos y candidaturas; no monitorear más a los concesionarios de radio y televisión; o bien, dejar de participar en la organización de las elecciones locales en curso.
Ninguna de esas disyuntivas es aceptable para el Instituto, pues dejaría de cumplir su función de ser garante de la democracia mexicana, y de los derechos de las y los ciudadanos.
Por eso, la solución que estamos encontrando, si bien es delicada, es la menos riesgosa, vamos a tomar temporalmente recursos del Capítulo Mil, correspondientes a servicios personales, pues, correspondientes a los últimos meses de este año, sin que ello afecte en modo alguno las remuneraciones y en esto sí quiero ser enfático, sin que ello afecte en modo alguno las remuneraciones de los funcionarios del Instituto, para poder solventar puntualmente todas, repito, todas las funciones constitucionales del INE que son inmediatas o permanentes, como la participación en las elecciones locales, fiscalizar, monitorear las transmisiones en radio y televisión y continuar, sin interrupciones, la entrega gratuita de la credencial para votar.
Adicionalmente, ello nos permitirá contar con más tiempo para poder conseguir los recursos faltantes, a partir de una ampliación presupuestal que en este mismo acuerdo estamos instruyendo solicite el Secretario Ejecutivo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder así subsanar la falta de recursos hacia el final del ejercicio que inevitablemente nos condena, al que inevitablemente nos condena el reporte aplicado por las y los diputados a nuestro presupuesto.
Dicha solicitud que hemos venido construyendo a partir de una comunicación fluida y respetuosa con las secretarías de Gobernación y de Hacienda, en las últimas semanas y que esperamos pueda concretarse próximamente, no será por el total ajustado por la Cámara baja, es decir, 950 millones de pesos, sino por un monto equivalente a lo que el INE tendrá que erogar para la organización de las cinco elecciones locales en curso, es decir, por 619.2 millones de pesos.
Estoy seguro que, en breve, el gobierno federal y el INE con responsabilidad y con pleno respeto a nuestros ámbitos de competencia y a la autonomía constitucional de la autoridad electoral, solucionaremos el problema financiero en el que hoy lamentablemente se encuentra el Instituto y podremos subsanar oportuna y puntualmente los faltantes que contablemente tendremos en la parte final del año.
El monto restante, más de 330 millones de pesos serán absorbidos por la institución a partir de un esfuerzo adicional de ajuste que supone la reducción de 32 por ciento en telefonía convencional, de casi 30 por ciento en pasajes, 29 por ciento en viáticos, 25 en asesorías, casi 10 por ciento en combustibles, así como la supresión de varios proyectos y reducciones sustantivas en otros.
El esfuerzo, quiero subrayarlo, no es menor y actuamos con toda responsabilidad.
Quiero ser enfático y claro en lo siguiente, nunca, nunca en la historia del Instituto, éste ha dejado de cumplir cabal y plenamente con sus atribuciones constitucionales, pero también con sus obligaciones legales, así ha ocurrido y así seguirá ocurriendo.
Lo que hoy estamos haciendo, insisto, es tomar temporalmente recursos de los últimos meses para no afectar los derechos ciudadanos ni la recreación de los procesos democráticos del país, mientras solucionamos el problema de los faltantes financieros a los que se orilló a esta institución, de eso se trata, no de otra cosa, no nos equivoquemos.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el punto 1 de la Segunda Sesión Extraordinaria del 23 de enero de 2019, en el que aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara De Diputados
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