Brasil tuvo el 7 de octubre un domingo electoral lleno de contrastes. Mientras la organización y despliegue de urnas en los centros de votación que permitió a la población sufragar fue un éxito, a juicio de expertos que integraron la misión de observación de la OEA, las campañas estuvieron manchadas por la preocupante polarización que registró el reprobable atentado contra Jair Bolsonaro, candidato presidencial puntero, ultraderechista, quien a su vez ha lanzado sin rubor antes, durante y después de la contienda, frases y discursos también condenables porque son contrarios a toda lógica de derechos humanos.
Los dichos de Bolsonaro constantemente violentan a mujeres, discriminan a minorías, a la libertad religiosa y la diversidad sexual; reivindican sin rubor la dictadura militar que se instaló en su país más de 20 años; además, sus propuestas de gobierno promueven una política de mano dura para combatir la inseguridad y facilitar que civiles porten armas sin restricción.
Nadie puede llamarse hoy a sorpresa con el personaje. Por ejemplo, desde el 2016 dijo que “el error de la dictadura fue torturar y no matar” y en el 2017 arremetió contra el Estado laico diciendo que: “el Estado es cristiano y quien no esté de acuerdo que se mude”.
Esas ideas, de traducirse en acciones formales de gobierno, implicarían transitar por un camino incompatible con la democracia, al menos con el consenso teórico de lo que debe ser una democracia y con los principios de derecho internacional que suponen vigencia de condiciones mínimas para acreditarla.
Así, mientras la narrativa del candidato desprecia valores democráticos, el esquema técnico para recibir y computar los votos, los debates entre candidaturas (Bolsonaro no acudió al último argumentando que debía recuperarse del atentado) y la organización comicial en términos generales funcionó sin problemas, mereció incluso una felicitación de la OEA.
Destaco las urnas electrónicas porque en Brasil no hay conteo manual de votos como el que prevalece en México y eso permitió convocar a 147 millones de electores con la certeza de comunicar resultados precisos, no rangos estimados, antes de que cayera la noche, poco después de emitidos los sufragios. A eso de las 7 de la tarde ya había un primer corte y pasadas las 9 de la noche más de 97% de los cómputos, según la OEA.
El universo potencial de votantes brasileños supera en 57 millones al mexicano (aquí es ya de 90 millones), pero ellos enfrentan ahora, más que un reto logístico para contar los votos, un dilema por el arraigo de simpatías masivas que favorecen a quien ha defendido agendas antidemocráticas.
En los centros de votación fue posible computar lo marcado en urnas electrónicas de forma expedita, sin márgenes de error que supongan alguna alteración. Brasil tuvo, como otros países de la región, una dictadura militar que ahogó la participación democrática entre 1964 y 1985, por eso la oportunidad de abrir urnas y ejercer ahí el voto directo para definir a sus gobiernos no es algo menor, pero sí un elemento insuficiente porque ninguna democracia se agota en el derecho al voto, requiere un entorno integral de derechos y libertades, de inclusión y respeto a las minorías.
Sobre la eficacia de las urnas, acorde al informe preliminar que ha dado a conocer la misión de observación electoral de la OEA, hubo una considerable afluencia de votantes y sin incidentes significativos, ninguno de los 390 centros de votación observados tuvieron problemas con la urna electrónica. La parte técnica impecable y sin mayor discusión.
En cambio, los discursos de odio asociados a Bolsonaro siguen siendo parte de la deliberación pública caldeada, analizados por especialistas que tratan de entender cómo es posible que la democracia brasileña apueste por respaldar a quien defiende una agenda que desafía principios básicos de cualquier democracia.
El fenómeno es complejo y tiene múltiples factores. Sin duda esa valoración profunda será necesaria si se confirma en la segunda vuelta, el próximo 28 de octubre, el triunfo del candidato que superó 46% de los votos en la primera cita.
Un primer apunte es que tenemos que repensar prioridades en la región, reconocer la relevancia de la educación cívica y la construcción de ciudadanía y darle más recursos y energía, por encima de la desconfianza en el modelo de recepción de votos que podría normalizar urnas electrónicas, pero no contextos que alejen a la base de electores de los derechos humanos.
La democracia necesita de las urnas, requiere cómputos de votos oportunos y confiables, pero vale la pena también darle más atención e inversión a otros aspectos sustantivos. En lugar de gastar esfuerzos en discutir candados y vigilancia de conteos manuales interminables, quizá debemos apostar por candados y vigilancia de conteos automáticos, electrónicos; entonces, reconocer que es prioritario simplificar lo técnico, pero no la construcción de ciudadanía, si queremos evitar una brecha que aleje a las urnas de los derechos humanos, independientemente de su visión ideológica o partidista.
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RESUMEN
