Reconocer el carácter pluricultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido insuficiente para que la democracia mexicana pueda considerarse plenamente incluyente. El mejor ejemplo de ello es que, aunque ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que iniciamos la transición a la democracia no hemos tenido una representación indígena estable y sistemática en los órganos del Estado. Para las autoridades electorales los temas vinculados con la inclusión, la igualdad y la representación política, son motores para el desarrollo de políticas y procedimientos de diversa índole.
De ahí que durante los procesos de redistritación, al realizar consultas con las diversas comunidades sobre los trazos que se estaban proponiendo para los nuevos distritos electorales uninominales, surgieron diversas inquietudes relativas a la representación política de las personas indígenas. A partir de ello, el Instituto Nacional Electoral decidió trascender el debate de los linderos geográficos, y contribuir a reflexionar sobre los factores que inciden en la representación política, como una forma de abonar, desde nuestro ámbito de competencia, a la inclusión y al derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos del Estado mexicano.
Así es como, en 2017, organizamos, en conjunto con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres foros regionales (Chihuahua, Puebla y Mérida) con la finalidad de escuchar los planteamientos de las diferentes comunidades indígenas del país. El resultado fue enriquecedor y el ine se comprometió a integrar un documento con los aspectos más relevantes de cada foro para entregarlo a las instancias que toman decisiones de política pública y legislativas para que pudieran mejorar las condiciones para fortalecer la participación de las personas indígenas en la toma de decisiones y en la recreación misma de la vida democrática de México.
Consulta aquí la «Agenda pendiente en materia de representación y participación política: las voces de los pueblos y comunidades indígenas de México».
