Votar en secreto no equivale necesariamente a votar en libertad. Este 1 de julio, encontraremos en las casillas mamparas reservadas para marcar las boletas sin ninguna interferencia. También habrá urnas transparentes para depositar los votos. Son medidas sencillas que garantizan la secrecía del sufragio. Al no poder vincularse la identidad del ciudadano con el sentido del voto, se busca impedir la presión o intimidación en su contra. También se limita la compra y venta del voto, pues no se pueden ofrecer garantías de que se votó por quien ofreció bienes o dinero.
Pero a la secrecía se contrapone un régimen democrático con una enorme pobreza y desigualdad económica. Durante estas campañas -y en elecciones anteriores, como en el Estado de México y Coahuila en 2017- hemos atestiguado que el voto no se busca exclusivamente con argumentos y propuestas, sino instrumentalizando las necesidades materiales de la población para modificar el sentido de éste.
Semanas atrás, varios empresarios enviaron cartas a sus empleados, alertando sobre el impacto que tendría en sus empresas y en el país la victoria de un candidato. Estas cartas, aunque no sean ilegales, atentan contra la libertad porque buscan utilizar la relación de subordinación del patrón con sus empleados para incidir en el voto. Pero no es el único caso. En su lógica y efectos, las cartas funcionan como otras dinámicas clientelares: programas sociales que se otorgan o incrementan durante procesos electorales, dádivas que ofrecen los partidos, y tarjetas que promueven beneficios futuros a cambio de un resultado electoral.
Estas estrategias dañan la libertad del sufragio, pues buscan minar la voluntad de las y los ciudadanos para elegir. No es que los ciudadanos cambien sus preferencias automáticamente al recibir una carta de su patrón o recibir ofertas ante un resultado electoral, pero sí se trata de prácticas antidemocráticas que pretenden explotar las condiciones económicas para que las necesidades materiales inmediatas primen sobre las razones ponderadas para formular un voto.
Hace unos meses el INE recibió diversas quejas por la entrega de la tarjeta Avanzar Contigo y esta semana otra más por la distribución de tarjetas del Ingreso Básico Universal. En medio, se recibió una queja por la campaña de «#AMLOmanía». La Comisión correspondiente decidió, por unanimidad, no suspenderlas. A pesar de que desde el año pasado el Instituto las prohibió por ser expresamente contrarias a ley1, el argumento central fue que el Tribunal Electoral había declarado que las tarjetas eran legales. También se dijo que con la oferta de beneficios futuros no se actualizaba «la urgencia o peligro en la demora» que justificara suspender las promociones porque dependían del triunfo de un candidato. Como dije entonces, es un error grave del Tribunal, así como de la Comisión, pues recibir una tarjeta o la promesa de una dádiva atenta contra la libertad del sufragio de los electores.
Las instituciones electorales en México están suficientemente consolidadas para garantizar que los votos se emitan en secreto, se escruten y contabilicen bien. No hay duda que el resultado electoral será la suma de los votos en las urnas, gracias al trabajo tanto de las y los ciudadanos que recibirán y contarán los votos el día de la jornada electoral, así como de los miles de servidores públicos profesionales y dedicados, que son patrimonio de la democracia mexicana.
En México hemos perfeccionado las técnicas para organizar elecciones confiables, ahora se requiere que las prácticas de partidos, candidatos y demás actores políticos estén a la altura de la ciudadanía; de respetar el derecho de las y los ciudadanos de elegir a sus gobernantes en libertad.
Quien compra, presiona o coacciona para obtener un voto comete un delito. Este domingo, sí, habrá un espacio de secrecía; está garantizada. Pero ello no exime a las autoridades de frenar, investigar y castigar a él o la candidata y partido que condicione nuestro voto en las campañas. Este asunto es, a mi parecer, uno de los grandes pendientes en el proceso constante de mejorar la democracia que tenemos.
Artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
RESUMEN
