Buen día.
En primer lugar, sea bienvenido el Licenciado David Colmenares Páramo al Instituto Nacional Electoral.
Víctor Manuel Andrade, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría.
Buenos días Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo, colega San Martín, Lizandro Núñez, titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, colegas de la Junta General
Señoras y señores, buenos días.
Me es muy grato para mi dirigirme a ustedes en el marco de la firma del convenio de colaboración que hoy celebramos con la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, institución con la que trabajaremos de manera coordinada, para intercambiar no solamente información, sino también capacitación, y mejores prácticas, que compartiremos para la consecución de un fin que nos es común a ambas instituciones, la adecuada fiscalización y rendición de cuentas por el uso de recursos públicos, en el ámbito de nuestras respectivas competencias.
Así, resultan coincidentes las acciones que realizamos. Los resultados de nuestras investigaciones, en algún momento convergen pues, cuando la auditoría detecta desvío de recursos públicos, éstos podrían estar destinados a financiar algunas campañas o partidos.
Por su parte, cuando el INE, observa recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales, éstos podrían tener su origen en entes prohibidos como, por ejemplo, algunas dependencias de gobierno u organismos públicos. De esta forma las conclusiones a las que arriben las investigaciones de una u otra institución, bien podría ser el insumo para el trabajo de la otra.
El INE y la Auditoría Superior tenemos encomiendas distintas, pero también objetivos y causas comunes como instituciones del Estado mexicano independientes del Poder Ejecutivo.
Para nadie es un secreto que una de las causas objetivas y justificadas del desencanto con la democracia es el uso patrimonial de los puestos de gobierno y representación, el abuso de esas posiciones para obtener beneficios ilegales, el desvío de los recursos públicos, en suma, la corrupción. Y tampoco es un secreto que en las fallas de la operación de las instituciones estatales hay una constante combinada: escasez de recursos financieros, por la debilidad estructural de la capacidad de recaudación del Estado mexicano, que conduce a niveles de gasto insuficientes, pero que se agravan por la corrupción.
Para decirlo en breve, en términos internacionales, si nos comparamos ya no con las naciones de mayor desarrollo económico e institucional, sino con países de desarrollo equivalente al nuestro, en México el Estado gasta poco y mal.
La corrupción, así, daña la credibilidad democrática, la percepción de la ciudadanía, y a la vez afecta directamente a la población porque impide que bienes y servicios públicos, ofrecidos por el Estado para garantizar los derechos que la Constitución consagra, sean en efecto ejercidos. La corrupción impone daños subjetivos, de credibilidad, en el Estado todo, y objetivos, reproduciendo las carencias, acentuando la desigualdad y siempre, debilitando instituciones.
Si bien la corrupción es un mal común a las democracias contemporáneas y ningún país democrático ha quedado libre de escándalos y problemas de corrupción en el financiamiento de las campañas electorales y del sistema de partidos, también es cierto que solo la democracia permite detectar, inhibir y combatir la corrupción.
Sociedad civil vigilante, valores cívicos que implican cada vez menor condescendencia y tolerancia a los corruptos, prensa libre que investiga y desvela estafas, instituciones autónomas, división de poderes y servidores públicos comprometidos con su responsabilidad y no con el gobierno en turno, solo son posibles en democracia. Al contrario, el autoritarismo es la corrupción institucionalizada.
En esta paradoja que implica que la democracia sea el régimen político más vulnerable a la corrupción, porque esta indigna a la ciudadanía y la democracia necesita del apoyo ciudadano, y a la vez sea el único sistema político que detecta, expone y hace frente a la corrupción, a las instituciones públicas nos corresponde precisamente demostrar que la corrupción no puede seguirse reproduciendo sin fin con la ayuda de su más peligroso cómplice: la impunidad.
Qué bien que la opinión pública sea cada vez más reacia a contemporizar con el desvío de recursos y con ello genere indignación generalizada. Pero el escándalo no basta, deben existir consecuencias. Si solo hay escándalo tras escándalo y ningún efecto realmente inhibidor, nos condenaremos a que la corrupción se instale entre nosotros, permítaseme la parábola histórica, como pasó con el adulterio en la Inglaterra victoriana: todo el mundo se alarma, habla de ello, y todos lo practican.
El INE es una autoridad en materia de fiscalización que, gracias a su atribución constitucional para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, así como por la responsabilidad de conocer y revisar los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, locales, de precandidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos de partidos y coaliciones, realiza una extensa e intensiva revisión del dinero que fluye hacia la política.
En nuestras indagaciones hemos detectado y sancionado gasto no reportado que implica, siempre, ingresos que se ocultan, y se esconden porque están prohibidos por la ley. Con alta frecuencia, y de ahí la necesidad y pertinencia de este convenio con la Auditoría Superior de la Federación, se trata de recursos que fueron desviados del erario público.
Hemos documentado que hay pagos a estructuras partidistas a través de empresas, con frecuencia empresas fachada o fantasma, que a su vez recibieron recursos de entes públicos. Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes.
Estos hallazgos son los que entregaremos a la Auditoría Superior de la Federación. No basta con sancionar al partido beneficiario, hay que restituir el daño y sancionar a los servidores públicos que desviaron los recursos para las campañas o para algún instituto político.
De manera similar, cuando en la revisión de las cuentas públicas la Auditoría Superior de la Federación detecte mal uso de recursos públicos y un eventual destino electoral, nos alertará y el INE procederá a investigar y, en su caso, a sancionar.
Sépanlo actores políticos y servidores públicos: la alianza INE-Auditoría Superior de la Federación llegó para quedarse y dar frutos. Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política.
En democracia el fin no justifica los medios, al contrario: el fin se supedita a los medios. No hay financiamiento irregular que tenga justificación alguna con tal de llegar al gobierno. El único dinero público válido que reciben candidatos y partidos es el que da, por disposición constitucional y a través de una fórmula precisa, la autoridad electoral.
Para decirlo en una nuez: las capacidades fiscalizadoras e investigadoras del INE y la Auditoría Superior de la Federación se complementarán y robustecerán mutuamente. Cuente, señor Auditor, con nuestro compromiso y nuestra convicción profunda de que la lucha contra la corrupción no es un asunto para legar a la próxima generación, debe hacerse ya, aquí y ahora, con plena autonomía institucional, sin importar quién gobierna, quién sale del gobierno o quién aspira a gobernar, con el mismo rigor para todos.
Muchas gracias
Versión estenográfica de la intervención del Consejero del INE, Ciro Murayama, en la Firma de Convenio de Colaboración entre el INE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el vestíbulo del auditorio del instituto
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