Muchas gracias estimado Magistrado Reyes.
Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí, en esta distinguida mesa, esta mañana en mi querido Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias ante todo al doctor Pedro Salazar por abrir este espacio para la presentación de un texto, el número de la revista, una nueva época de la misma revista, que, en muchos sentidos, en esta lógica de pertenencia colectiva, pertenece también al Instituto de Investigaciones Jurídicas.
No somos pocos los investigadores de este Instituto que el transcurso de su vida editorial hemos tenido el privilegio y la oportunidad de participar con algún texto, con comentarios a sentencia, en fin, de alguna manera en la misma.
Saludo y agradezco la generosa invitación de la Magistrada Presidenta, Janine Otálora, así como la presencia y a su vez también invitación de los propios magistrados, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez. Por supuesto también celebro y agradezco las palabras, pero más la presencia del doctor Jorge Cerdio.
Quiero comenzar diciendo una cosa, en parte, al menos durante alguna etapa de la vida de la revista, parte de los aciertos, de los desaciertos, eventualmente esos son también corresponsabilidad de quien habla, durante casi seis años tuve el privilegio de formar parte del comité académico y editorial del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.
Y, de hecho, soy beneficiario, a diferencia del doctor Salazar, de la fusión de ambos órganos. El doctor Salazar era miembro de del comité académico y yo del comité editorial, cuando se fusionarán como único órgano, el doctor Salazar dejo de formar parte del mismo y yo continúe hasta que fui designado Consejero Electoral.
Y presente en consecuencia mi renuncia ha dicho comité, así que para mí estar aquí tiene un significado particular.
Este número de la revista refleja la complejidad adquirida por el sistema electoral mexicano y la especialización que se ha logrado en los estudios electorales a través de enfoques de la teoría constitucional de los derechos humanos e incluso desde una perspectiva comparada.
Claramente la temática de este número que inaugura una nueva época de justicia electoral habla de preocupaciones de un sistema lectoral robusto, pero también muchos casos, complejo, para público no especializados.
Ponga tres ejemplos del contenido de esta revista, el papel de los órganos jurisdiccionales en la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, que no es algo nuevo, hay una historia larga detrás en un órgano que inauguró, lo he dicho muchas veces, inauguró la llegada, la introducción a la lógica jurisdiccional mexicana, del garantismo jurídico y en muchos sentidos representa, pues digamos una actuación prototípica y también en ocasiones ejemplo de discusión de cuáles deben ser los límites racionales, lógicos, y necesarios en una democracia constitucional del mismo garantismo.
Ser garantista, así sin más, como lo ha explicado en muchas ocasiones de manera inmejorable el doctor Salazar, no necesariamente es bueno per se. El garantismo tiene límites y hay que comprenderlo y asirlo, y creo que “Justicia Electoral” es un espacio privilegiado para que este tipo de reflexiones ocurra.
En segundo lugar, la revocación de mandato, y en tercer lugar el análisis de las candidaturas independientes en una entidad desde la perspectiva del control constitucional. Son los tres temas de lo que este número aborda.
Claramente los mismos muestran cómo ha evolucionado el Derecho Electoral y las preocupaciones de los estudiosos sobre el funcionamiento de la democracia mexicana.
Particularmente si comparamos los contenidos de este número con la primera edición aparecida, como ya nos recordaba Felipe, en el lejano 1992, en la cual el primer número se abocaba a analizar el contenido de esa novísima norma, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como sus implicaciones.
Ojo, el primer número analizaba las implicaciones políticas de la propia ley electoral, y se trataba de ubicar el estadio de nuestro sistema electoral comparado con otras naciones.
Esta revista es una prueba más de la importancia que ha tenido para perfeccionar el engranaje de la democracia mexicana el involucramiento de la academia en la creación de contextos de exigencia a las autoridades electorales, así como elaboración y propuestas específicas para auxiliar a los legisladores en el proceso legislativo que acompaña a cada reforma electoral en el país.
Yo siempre he sostenido que las autoridades electorales, así en plural, necesitamos de un acompañamiento tan crítico como sea posible y tan intenso como sea necesario. Las autoridades electorales necesitamos sí un acompañamiento, pero un acompañamiento que genere contextos de exigencia.
En México las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y las sentencias del Tribunal Electoral se acatan, pero deben discutirse. Eso es lo que caracteriza y robustece un sistema democrático.
No la aceptación sin más, sin chistar, de las decisiones de las autoridades, sino sí su acatamiento, pero un acatamiento que tiene que estar acompañado también de una reflexión crítica.
El INE, el Tribunal Electoral necesitamos de ese acompañamiento crítico. Eso paradójicamente, contrario a lo que el sentido común podría señalar, nos vuelve mucho más fuertes.
Claro, siempre y cuando las autoridades no seamos impermeables a esa crítica y entendamos que formamos parte de un contexto social del que somos responsables en términos de su gobernabilidad.
Ya en otros eventos he sostenido que la democracia es una obra colectiva en donde actores políticos, autoridades electorales, académicos, organizaciones de la sociedad y la ciudadanía en general somos corresponsables de que el Proceso Electoral llegue a buen puerto.
Este número de la revista “Justicia electoral” refleja también eso, la contribución de académicos, funcionarios electorales y especialistas en materia jurisdiccional, para enriquecer y comprender adecuadamente el andamiaje los desafíos de nuestro sí complejo sistema electoral como fundamento del sistema democrático.
En tal sentido, a 68 días de la jornada electoral más grande de nuestra historia es previsible que los próximos números de esta revista se analizarán temas relevantes que estamos viviendo en dicho proceso.
Seguramente será objeto de análisis, ojalá el tema de las candidaturas independientes de distintos ángulos, porque es indispensable un corte de caja a la luz de la introducción, del modelaje, de las experiencias institucionales que nos deja la introducción de esta figura por primera vez en una elección presidencial y por supuesto de senadores.
Hablo y pienso también en los logros y desafíos del nuevo modelo de fiscalización, en el redimensionamiento del financiamiento público, ojalá sin perder de vista nunca su importancia para la equidad, las medidas que tomamos juntos INE y Tribunal Electoral para impulsar la paridad de género en la representación proporcional para el Senado y la Cámara de Diputados, así como para estimular la representación legislativa por primera vez en nuestra historia de las comunidades indígenas.
El efecto del debate y el post debate de las preferencias electorales entre una larga lista de etcéteras, que enriquecerán la reflexión, que serán enriquecidas con la reflexión de académicos y especialistas.
Además, si queremos consolidar el modelo nacional de elecciones, seguramente los próximos números de justicia electoral deberán analizarse las atribuciones, estructuras, alcances de un sistema nacional para la competencia democrática.
Para concluir, primero quiero felicitar al Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación por esta nueva época de Justicia Electoral y una vez más a su centro de capacitación electoral por el destacado papel que ha adquirido a través de una envidiable producción editorial y por las labores académicas que el mismo realizan.
Concentra, además, que luego de un convenio aprecio un suscrito hace un par de semanas, también será como un patrimonio no institucional sólo del Tribunal, un espacio para la formación, no sólo de funcionarios, militantes de partidos políticos, sino también de funcionarios electorales del propio INE.
Y segundo término para concluir, permítame una reflexión sobre el momento del Proceso Electoral en que atravesamos. Estamos en un Proceso Electoral grande, complejo, sin lugar a dudas, pero que avanza y avanza bien. Una cifra me parece que es emblemática aunque podríamos hablar de muchos indicadores de como esta elección está siendo apropiada por ciudadanía bajo una premisa: el INE organiza las elecciones, no las hace. El Tribunal califica las elecciones, tampoco las hace.
Son las y los ciudadanos son los responsables de adueñarse, de apropiarse y ser los protagonistas fundamentales del proceso electoral. Al día de hoy, con el corte de esta mañana, a cuatro días de que concluya la primera etapa de capacitación ya prácticamente dos millones 550 mil ciudadanos han sido notificados, han sido considerados aptos y han sido capacitados ya para fungir como funcionarios de casilla.
Estamos hablando de que necesitamos de un millón 440 mil. Vamos. Esperamos por la meta de tener dos a uno de cada uno de los ciudadanos que requerimos. Y eso habla de una ciudadanía comprometida en primera instancia con nuestra democracia.
Indudablemente, la organización del debate entre los candidatos a la Presidencia fue responsabilidad del INE, pero los post debates corresponden a la sociedad y a los actores políticos. La elección más grande de la historia mexicana supone una enorme intensidad y una inevitable polémica en torno a diversos asuntos y vicisitudes del proceso electoral. No podría ser de otro modo. Nunca antes habíamos experimentado como sociedad una disputa por el poder político en las urnas tan extendida como la que ahora tenemos, ni tantos cargos públicos federales y locales habían estado en juego.
Recordemos que las campañas electorales constituyen el momento decisivo del proceso electoral para que las fuerzas políticas traten de convencer a las y los ciudadanos de votar por ellos.
En consecuencia, vista esta intensidad, el rol de las autoridades gubernamentales es ejercer con imparcialidad los recursos que tienen asignados y evitar intervenir en las elecciones. Mientras que el de las instancias de procuración de justicia es garantizar que la confrontación de proyectos políticos no atente contra la integridad de las elecciones y, por supuesto, de las y los candidatos.
Sólo así se recrea la confrontación democrática, con respeto a la libertad de expresión y a los derechos de las minorías, asegurando garantía para los opositores.
Por eso, las autoridades electorales no podemos ser estridentes. Necesitamos tener una visión de Estado, para encausar sin filias ni fobias una contienda electoral tan grande y compleja como la que estamos viviendo.
Pero también necesitamos una visión de Estado para blindarnos de la estridencia que acompaña la litigiosidad y a la crispación política que inevitablemente se irá incrementado.
No podemos permitir que la natural diferencia de criterios entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas, y digo natural porque deriva del diseño institucional en nuestro sistema democrática, alimente la incertidumbre de la ciudadanía.
Menos aún en un contexto en el que la intensidad de la actividad política no tiene fronteras, me temo, e incluso en ocasiones aparece más de las que esperaría, más de las que sería deseable, por cierto, aparece como poco leal, con los valores democráticos y las reglas de la competencia conocida y pactadas por todos.
De ahí que las autoridades electorales no debemos, así lo asumimos, alimentar la polémica que ha llevado a cuestionar el empaque consistencia capacidad de la institucionalidad electoral.
Eso es contado en nuestro mandato constitucional de contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad política en los procesos de renovación de los poderes públicos.
Por eso, la Magistrada Presidenta y un servidor hemos sostenido en múltiples foros que el sistema nacional de elecciones es uno. Estamos convencidos que ciertamente es mucho lo que está en juego y que son muchas las opciones de la sociedad y múltiples los arreglos a los que pueden llegar los competidores.
Pero para las autoridades electorales sólo hay un futuro posible que se fundamenta en tres pilares indisolubles: Primero, el de la equidad durante las campañas; segundo, el del respeto irrestricto de nuestra parte a los sufragios emitidos en las urnas. Los protagonistas bajo la premisa de que los protagonistas, los decisores últimos en democracia son los ciudadanos, no los partidos, ni los candidatos, y mucho menos las autoridades electorales.
Y en tercer lugar, una imparcial, una imparcialidad en la emisión de resultados y durante la calificación de las elecciones en esta lógica secuencial que involucra primero al INE y después al Tribunal Electoral.
Si revisamos la forma en que ha evolucionado nuestro sistema democrático es claro que hay tiempo para todo. Hay tiempo para debatir las leyes, tiempo para modificar las instituciones y tiempos para apuntalar el andamiaje aprobado y darle curso a la competencia por el poder en las urnas. Este es el tiempo en el que estamos.
El de garantizar imparcialidad en las contiendas y ese es el rol que la Magistrada Presidenta y un servidor estamos convencidos que el Tribunal y el INE debemos cumplir en los meses próximos.
Quiero terminar, ya que citaba Felipe a un maestro común, a un José Luis de la Peza, citado algo que solía decir, nunca lo publicó pero lo decía cada vez que podía siendo Presidente del Tribunal Electoral: “No hay modo de que al Tribunal Electoral le vaya bien, si le va mal al INE, al IFE entonces.
Y complemento diciendo algo. No hay modo de que le vaya bien al INE si le va mal al Tribunal, en una simbiosis institucional que implica tenciones naturales, pero que requiere de un diálogo permanente, que esté a la altura y que tenga una visión de Estado, porque lo que está en juego en este, el proceso electoral más grande de la historia, no solamente es la estabilidad política, sino también la viabilidad en un contexto de poca lealtad a las leyes, a las normas, a los principios y a los valores democráticos de nuestra misma democracia.
Muchas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la presentación de la Revista Justicia Electoral, en el aula de Seminarios DR. Guillermo Floris Margadant, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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