Quedan apenas 75 días para que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a las urnas y la agenda de discusión pública debe centrarse en ello, en el contraste de ofertas políticas en juego o el detalle de lo que propone uno u otro para ganar respaldo popular a través del voto libre; no en los argumentos de magistrados que a juicio de muchos analistas extraviaron la razón en una sentencia y luego usaron como método para justificar la ausencia de argumentos sólidos, lamentables descalificaciones en contra de una autoridad electoral que hizo un trabajo serio y profesional para verificar el apoyo que se presentó a favor de aspirantes a candidaturas independientes.
El modelo electoral mexicano necesita certeza, transparencia y seriedad en las decisiones que toma tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional. Algo no está bien cuando en medio de la polémica por una sentencia que ordenó dar una candidatura independiente a quien no había acreditado el número mínimo de apoyo ciudadano establecido en la ley (1% de lista nominal), sale una magistrada y dos magistrados a embestir con descalificaciones el trabajo profesional de áreas técnicas que en el INE detectaron y documentaron casos en donde había manipulación de datos personales con simulación de credenciales para votar, nombres de personas fallecidas, duplicados, fotocopias y documentos no válidos entre otros elementos que no parecieron relevantes en las reflexiones de una parte del Tribunal.
La atípica conferencia de prensa que dieron algunos magistrados el pasado 12 de abril fue elocuente desde el inicio: “Estamos aquí de manera extraordinaria porque hemos escuchado las expresiones de preocupación de la sociedad mexicana y porque entendemos que es importante que haya confianza en las autoridades electorales”.
El problema no son las ruedas de prensa para explicar decisiones, sino confundir en ellas con datos imprecisos a la opinión pública. Por un lado, se reconoció que el aspirante Jaime Rodríguez sí tuvo derecho de audiencia hasta en 12 ocasiones, pero se dijo que como logró recuperar un porcentaje de registros inválidos entonces, a juicio de cuatro magistrados, de haber sido más las audiencias seguramente recuperaba todo lo que le faltaba para cumplir con la meta.
Rodríguez Calderón necesitaba 866,563 apoyos ciudadanos reales. Entregó más de 2 millones, pero la gran mayoría no era registro válido. Al eliminar los que estaban duplicados, los de personas fallecidas, los sustentados en fotocopias, documentos no válidos o cartones que simulaban ser una credencial para votar con datos sobrepuestos, la cifra quedó por debajo del umbral mínimo. Le faltaron 16,556; es decir 1.92% para alcanzar el umbral, pero el Tribunal decidió que de todas formas, como su derecho de audiencia no habría sido adecuado y como lo que le faltó fue poquito para llegar al mínimo de ley, pues debíamos suponer que probablemente lo hubiera alcanzado con la revisión de la totalidad de registros inválidos.
Se dijo en esa explicación que el aspirante acudió a las audiencias sin saber por qué se habían invalidado los apoyos y eso es falso. De hecho, se le informó cuál era la razón para no considerar cada uno de los apoyos (simulación, fotocopias, fallecidos, etcétera). Sí era claro qué firmas no se habían tomado en cuenta y por qué razón, nadie acudió a ciegas como dijo el magistrado José Luis Vargas en una expresión lamentable que trató de justificar con varias imprecisiones, algo que no corresponde a la realidad.
El magistrado Vargas aseguró, por ejemplo, que el INE debía entregar un “respaldo” de toda la base de datos con credenciales de elector a cada independiente, que eso no violaría datos personales “por una simple razón” y la simple razón a la que aludió es discutible. Dijo que esa razón era que “los propios partidos cuentan con todas las listas nominales de electores” y pues entonces los independientes igual deberían tener copia de respaldo de los registros entregados.
En realidad, los partidos políticos, precisamente por protección de datos personales, no tienen desde hace años copia completa de listas nominales, sólo reciben listas de nombres por sección, sin clave de elector ni domicilio, pero sí pueden acudir a consultar los registros a instalaciones del INE para verificar que la base de votantes no tenga inconsistencias, tal y como pudieron acudir los independientes a revisar los casos y credenciales manipuladas que el INE no dio por válidas. No hubo ninguna visita a ciegas de nadie y no se ha prejuzgado respecto a si hay responsabilidad directa o no de aspirantes en las simulaciones que se presentaron en su nombre, pero de ahí a darlas por buenas porque qué tanto es tantito, hay una distancia que no vio el magistrado, quien hizo honor a eso de que la justicia es ciega.
Hoy por hoy, Jaime Rodríguez Calderón es candidato presidencial y el INE le dará el mismo trato que a los demás candidatos. Pero su caso nos lleva a reflexionar si el intercambio verbal con calificativos que consejeros y magistrados hemos tenido es lo más conveniente para la certeza y credibilidad del proceso electoral en marcha, más aún, a sí eso es lo que la sociedad mexicana espera de las autoridades. Sostengo que no. Es momento de que recobremos la sobriedad y coloquemos a nuestras instituciones en el rol que les corresponde: ser los garantes del Estado mexicano para la renovación pacífica, legal e imparcial de los poderes públicos que tienen origen en las elecciones.
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