Permítanme intervenir en este punto.
El Proyecto de Presupuesto para 2018 que aprobó este Consejo General en agosto pasado, fue producto de un ejercicio muy riguroso de revisión de metas y objetivos que derivó en un ajuste a la baja de las proyecciones programáticas y financieras que habían elaborado originalmente cada Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica e instancia ejecutora de gasto.
Estamos hablando de un presupuesto que respecto de lo que originalmente se pidió por parte de las áreas, tuvo una disminución de mil 600 millones de pesos.
Esto justamente en una lógica de plantear a la Cámara de Diputados el presupuesto más ajustado sin poner en riesgo funciones sustantivas de esta autoridad que se ha presentado.
Eso nos permitió, como decía el Consejero Murayama, que en el interior del gasto presupuestado, que implicó el paquete presupuestal que remitió a la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, el presupuesto para 2018 que el Instituto Nacional Electoral solicitó fuera del 0.35 por ciento del total del gasto del gobierno federal.
Esto significa que a pesar de que vamos a la elección más grande de la historia, a pesar de que es la primera elección presidencial organizada por el renovado Instituto Nacional Electoral, el porcentaje, el costo de esta institución respecto del gasto total de la federación era exactamente el mismo del promedio que en su momento el IFE le costó al erario público federal en 2000, en 2006 y en 2012.
Era un proyecto de presupuesto que no había dejado márgenes de ajuste con la finalidad de solicitar los recursos presupuestales estrictamente necesarios para cumplir en los mejores términos con la responsabilidad constitucional de organizar el proceso electoral más grande y más complejo de nuestra vida democrática en 2018.
Sin embargo, el Decreto de Egresos que aprobó la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2018, el presupuesto autorizado en dicho decreto, el presupuesto autorizado para el Instituto Nacional Electoral fue recortado, como es público y notorio en 800 millones de pesos.
Ha sido, me importa subrayarlo, el recorte más grade que ha experimentado en toda la historia esta autoridad electoral en un año con elecciones federales.
Sin entrar a discutir las motivaciones que llevaron a las y los legisladores a determinar esta disminución, en ejercicio de las facultades soberanas y exclusivas que les confiere la Constitución, me parece que conviene dimensionar, de manera muy breve, lo que significan esos 800 millones de pesos para la operación institucional del Instituto Nacional Electoral.
Para ello pongo dos datos.
El primero, que ni eliminando la totalidad de los proyectos especiales que no tienen que ver directamente con el proceso electoral 2018, se habría logrado cubrir la totalidad de esa disminución presupuestal.
Todos los proyectos, incluidos en el presupuesto que no tienen que ver con elección, no alcanzan siquiera los 500 millones de pesos.
Y el segundo, que esos recursos equivaldrían al costo que implicará la instalación y el avituallamiento de más de 24 mil de las 156 mil casillas que planeamos instalar.
De ese tamaño fue el recorte que determinó la Cámara de Diputados y así de profunda ha tenido que ser la revisión que la Comisión Temporal de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de Administración, con el apoyo de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, ha tenido que operar.
Después de múltiples ejercicios de revisión programática y presupuestal, fue inevitable que dicho recorte afectara también al desarrollo de actividades sustantivas, vinculadas a la elección y programadas por el INE para el Ejercicio Fiscal de 2018.
En tal sentido, para disminuir el impacto de ese ajuste financiero en el Proceso Electoral, los principales criterios que se utilizaron fueron los siguientes.
Primero, garantizar que cada uno de los casi 88 millones de votantes potenciales que se estima estarán incluidos en la Lista Nominal de Electores definitiva, puedan emitir su sufragio en la casilla que les corresponde, conforme a su domicilio con todas las garantías de seguridad de que su voto no sólo será bien contado, sino podrá emitirse en libertad.
El recorte, insisto, no afecta ninguno de los derechos de los potenciales electores.
Segundo, reducir el presupuesto anual de las Unidades Técnicas de gasto, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales, Distritales, Secretaría Ejecutiva, oficinas de las consejeros electorales, Presidencia del Consejo y demás que en conjunto promedia un recorte de 7.2 por ciento para la operación del Instituto en su presupuesto base.
Tres, proteger los contratos plurianuales que pudieran implicar la parálisis de ciertas actividades y fueran cancelados, arrendamiento, inmuebles, cómputo, Internet, entre otros.
Cuatro, reducir el número de casillas especiales y reducir también el número de días que los capacitadores electorales y supervisores estarán contratados después de la Jornada Electoral.
Cinco, reducir el presupuesto destinado a las oficinas de los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General, así como un porcentaje del monto de recursos asignados a la Comisión Nacional de Vigilancia, el monto de recortes de tal dimensión es que no hay prácticamente ningún área del Instituto que no haya tenido que ser revisada en su financiación.
En términos generales, las partidas que más sufrieron afectaciones corresponden a aquellas de difusión de actividades institucionales, impresión de material informativo, gastos de campo, viáticos, combustibles y mobiliario.
Debo mencionar, por cierto, que con la finalidad de disminuir el impacto de la reducción presupuestal propuesta para las oficinas de los Representantes del Poder Legislativo del INE, llevamos a cabo gestiones ante los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, para que ambas cámaras absorban el costo de esta reducción que hemos tenido que realizar y con ello, no afectar los derechos y las fuentes de trabajo de quienes asisten a las oficinas del Poder Legislativo.
En sus lugares están copias de los oficios que esta Presidencia dirigió a dichas presidencias de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En el mismo sentido, es importante destacar que las y los consejeros electorales decidimos no afectar los ingresos del personal permanente que presta sus servicios a las labores del Instituto.
Para nosotros no afectar los ingresos del personal del NE es una forma de reconocer que son ellos con su experiencia y compromiso, los que posibilitan que las elecciones se organicen con los estándares de calidad e imparcialidad que han sido reconocidos por especialistas, observadores electorales nacionales e internacionales.
Cada uno de los ajustes que he mencionado y que sustentan el presupuesto que está a su consideración se llevaron bajo una premisa, defender la autonomía del INE.
Esa es la razón por la que desde aquí, en este momento, quiero anunciar que el Instituto Nacional Electoral no planea solicitar ni un sólo peso adicional para su operación al monto aprobado por la Cámara de Diputados en el Decreto de Egresos de 2018.
Con esto el costo del presupuesto del Instituto en el Presupuesto de la Federación del próximo año disminuirá al .32 por ciento, 32 centavos de cada 100 pesos, con lo que estamos por abajo a pesar de enfrentar la elección más grande de la historia de la que ha sido el promedio en las últimas tres elecciones presidenciales.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el punto 19 de la Sesión Extraordinaria del 08 de diciembre de 2017, en el que se aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados
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