En México, la posibilidad de competir efectivamente por el poder no ha blindado al sistema político frente a la corrupción. Por el contrario, la consolidación democrática ha coincidido con el escalamiento del país en los índices de corrupción, como el de Transparencia Internacional. Según ésta, entre 2001 y 2016, México pasó del lugar 51 al 123 en la medición de los niveles de corrupción de 176 países (teniendo su mayor crecimiento entre 2015 y 2016).
Previo a la transición democrática a finales del siglo XX, la certeza de que el mismo partido sería electo una y otra vez produjo un sistema político idóneo para la corrupción, pues las elecciones no eran realmente un referendo al abuso del poder para beneficio privado. Por esto, se creyó que un sistema con elecciones competitivas, por el contrario, tendría un impacto positivo sobre el cumplimiento de la ley, pues someterse a resultados inciertos incentivaría límites en el abuso de los gobernantes. No obstante, cerca de dos décadas después, seguimos frente a casos de corrupción en diversos niveles de gobierno y de distintas extracciones políticas.
Los procesos electorales también son y han sido un espacio sujeto a la presencia de actos de corrupción. Así, algunas reformas electorales han buscado detener el uso y desvío de recursos públicos en el marco de las elecciones. Desde 2007 existe un conjunto de restricciones constitucionales para evitar que el dinero público sea empleado con fines electorales e impedir que los servidores públicos intervengan en la competencia. Incluso, la última reforma electoral en 2014 incorporó en la Constitución tres causales que en automático pueden significar la nulidad de un proceso electoral, entre ellas, que se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas.
En la práctica, sin embargo, la regulación parece haber sido ineficaz. Los servidores continúan promocionándose y los programas sociales siguen siendo usados como instrumentos electorales.
Para ver lo primero, basta con salir a la calle, abrir un periódico, prender la radio o la televisión, o conectarse a internet, para observar el espontáneo interés de los servidores públicos por rendir cuentas a los ciudadanos en medio de procesos electorales, a través de mensajes que se reducen a la promoción de su imagen y algún lema que aparente logros.
Para lo segundo, las elecciones locales de 2017, que estuvieron enmarcadas por constantes denuncias de partidos, actores políticos, organizaciones y medios de comunicación respecto de la injerencia de los gobiernos en las contiendas electorales. Difícilmente se pudo ignorar el notable incremento de programas sociales y su entrega por funcionarios federales de primer nivel en eventos masivos. Incluso, algunos medios de comunicación registraron testimonios y documentos que muestran cómo a secretarios de gobierno se les asignó tener presencia y operar programas sociales en entidades con campañas.
Sobre estas elecciones, en una entrevista reciente con Carlos Marín, Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, aseguró que es un mito que los programas sociales conviertan a sus beneficiarios en rehenes durante las elecciones. “Ya no es así”, dijo Miranda, pues si un programa social diera un voto, “no habría alternancia”. Luis Miranda olvida que la conducta es indebida, con independencia de si el beneficiario del programa social vota en un sentido u otro y si el partido en el gobierno continúa o no.
Creo que diversas razones explican que el marco legal no haya eliminado las prácticas. La dificultad de acreditar jurídicamente el uso indebido de recursos públicos y las siempre nuevas y más complejas modalidades que cada elección presenta, son algunas.
Frente a éstas, a manera de autocrítica, estoy convencida que los esfuerzos de la autoridad electoral no han sido del todo efectivos. Es por ello que resulta pertinente una discusión pública y abierta sobre los mecanismos que, desde distintos ámbitos, se deben adoptar para garantizar el ejercicio libre, sin injerencias, del voto en los comicios que están en curso. Así, las decisiones del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral deberán ser lo suficientemente claras y contundentes para evitar que la elección del 2018 sea recordada más por la intromisión de los gobiernos que por la participación de las y los ciudadanos.
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RESUMEN
