Muy buenos días a todas y a todos, es un placer estar aquí.
Saludo con mucho afecto y mucho gusto a todas las comisionadas y a los comisionados del INAI, a su Presidente, el doctor Acuña.
A mis colegas del Instituto Nacional Electoral, los colegas, a la Presidenta del Consejo Consultivo, al representante de los órganos garantes en el país.
A todas y todos ustedes muchas gracias.
Permítanme comenzar retomando el hilo de las intervenciones de Óscar y de Joel, en el sentido de que estamos desarrollando, está en curso, no solamente el proceso electoral más grande de nuestra historia, por múltiples razones: el número de electores; el número de elecciones; el número de cargos a elegir; el número de concurrencia de comicios locales con los federales; el número de ciudadanos que vamos a necesitar; un millón 400 mil para que operen las casillas el próximo primero de julio.
En fin, hay muchas razones, datos objetivos, para hablar del proceso de que estamos frente a la elección más grande de la historia democrática en nuestro país.
Seguramente será como se ha mencionado, la elección más competida que hayamos visto, pero también, en este mismo sentido, desde el INE y agradezco mucho la oportunidad, porque creo que más allá del simbolismo de que los dos órganos autónomos, la cabeza del sistema nacional de transparencia, la cabeza del sistema nacional de elecciones estemos aquí reunidos, existe, demás, una convicción total para que esta sea también la elección más transparente y la más explicada de la historia. Lo que por cierto lleva una cosa, lleva a la otra.
Creo que la transparencia a la que estamos obligados los órganos del Estado no es solamente o no tiene que ver solamente con exponer públicamente, colocar el haz de luz sobre nuestras decisiones y nuestras actuaciones sobre la gestión administrativa, sino también, creo que ser transparente significa aclarar, explicar, explicar y volver a explicar lo que hacemos.
Y creo que los tiempos de desconfianza que atraviesan las democracias en el mundo y que no es ajena, digamos, o que no son ajenos a nuestro sistema democrático, ahí están los datos alarmantes, preocupantes, debo decirlos, de Latinobarómetro que refleja cómo el respaldo, el apoyo ciudadano a la democracia de un año a otro ha tenido una dramática caída en el continente, pero en el caso mexicano y no es falta de solidaridad con América Latina, pero creo que el caso mexicano debe preocuparnos particularmente de un 48 por ciento al 38 por ciento de 2016 a 2017.
Así que, además el compromiso que desde aquí queremos reiterar es que ésta sea también la elección más transparente de la historia.
Muchísimas gracias por invitarme a participar en la inauguración de este seminario en el que se reflexionará sobre uno de los derechos indispensables para el funcionamiento de una democracia: el acceso a la información.
El derecho a saber por parte de los ciudadanos ha sido considerado por los teóricos de la democracia, como una característica que distingue a un sistema democrático en contraposición de los sistemas autoritarios en los que la opacidad distingue el proceso de toma de decisiones y la secrecía constituye una de las bases del poder político.
De ahí que el andamiaje institucional de prácticamente todas las democracias modernas incluya los procedimientos para transparentar la toma de las decisiones de las distintas autoridades, y para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a la información.
En México la base constitucional de este derecho a la información, como nos recordaba Óscar en su intervención, formó parte de las grandes transformaciones que se incorporaron a la reforma constitucional y legal de 1977.
Creo que, por cierto, este es un evento que más allá del adicional simbolismo de tener lugar justo cuando se cumplen 40 años de la publicación del decreto, uno de cuyos artículos leía Óscar, la incorporación de estas 10 célebres palabras que comenzaron una historia de construcción democrática, insisto, que supone que las decisiones públicas deben tomarse en público, parafraseando a Norberto Bobbio, tienen una gran virtud.
Comenzamos este año con la celebración de los 100 años de la reforma, perdón, de la modificación del surgimiento de nuestra Constitución, y cerramos este año con la celebración de 40 años de una reforma que transformó radicalmente al país y que cumplió, por cierto, o que detonó el proceso de cumplimiento de eso que fue algo que desde 1917 estaba en el artículo 40, la decisión de pueblo soberano de ser, de constituir una República democrática, cosa que nos tardamos cien años en construir, poco menos, pero bueno ahí estamos en este camino.
Dicha reforma, decía, como todos sabemos, la de 77, a la postre ha sido fundacional para el sistema electoral mexicano y para la convivencia democrática ya que abrió las puertas para que la liberalización política, la inclusión y el pluralismo nos ayudaran durante la transición.
Sin embargo, me parece que cuando hablamos de las aportaciones de las reformas de los años 70, hemos sido injustos en la valoración de la adecuación al artículo sexto constitucional en el que se reconoció, como se decía, estas 10 palabras “que el derecho a la información será garantizado por el Estado”, que es un derecho que permite la recreación de la democracia misma y que formó parte de las modificaciones incluidas en el decreto del 6 de diciembre del 77.
Normalmente cuando nos referimos a esta reforma, solemos subrayar la importancia que tuvo para el pluralismo político, para la incorporación de las minorías a través de la representación proporcional, cosa que con el tiempo a veces se olvida pero que sigue siendo uno de los pilares, desde mi punto de vista, de todo sistema democrático representativo.
E incluso para establecer las bases del modelo de prerrogativas que con el tiempo ha sido fundamental para consolidar la equidad de la competencia electoral.
Es por eso que este foro es relevante, porque no solamente reflexiona sobre la reforma del 77, sino que pone énfasis en estas 10 palabras que probablemente son en las que menos luz, en la que menos atención suele ponerse, particularmente cuando pensamos en la reforma del 77 como una reforma meramente electoral.
Este es un espacio en el que cada uno de los participantes podrá mostrar su interpretación de cómo el derecho a la información garantizado por la Constitución, ha contribuido al funcionamiento de la competencia democrática, a la rendición de cuentas de las instituciones públicas, e incluso a la profesionalización administrativa de partidos y de candidatos.
Probablemente esta omisión que hemos incurrido respecto al derecho a la información en esa célebre reforma política derive de que dicha disposición realmente fue letra muerta, o por lo menos fue una disposición que no estuvo pensada, como hoy ocurre, como la base de un derecho fundamental de los ciudadanos.
Y es que no es casual, me parece, que esa, se ha escrito mucho sobre esa reforma, está establecido así en la exposición de motivos del decreto que implicó su promulgación, es que ese derecho nació no como un derecho ciudadano, nació como un derecho para los partidos políticos y los candidatos, para que pudieran tener acceso a la información que resultaba indispensable para que la competencia electoral que buscaba detonarse con esa reforma pionera de la apertura, la inclusión y a la postre del pluralismo político, pudiera efectivamente tener herramientas.
Es decir, partidos que habían sido proscritos, que no habían sido reconocidos durante décadas, requerían de tener conocimiento de las cosas públicas para poder construir no solamente sus programas, sino cumplir su rol, digámoslo así, de alimentadores del pluralismo político, y por ende, de programas políticos e ideológicos diversos.
Pero esa base fundacional con el proceso de democratización se transformó radicalmente, y hoy esas 10 palabras a la postre, como ya decía como buen economista Óscar, se repitieron con cadencia de siete años, ojalá y en materia electoral pudiéramos decir que las reformas son sólo cada siete años, pero la historia es un poco distinta.
Creo que aquí no necesitaría ser economista, necesitaría ser actuario y alguna fórmula compleja, digamos, algebraica compleja, para poder terminar o vaticinar cuándo va a ser la próxima reforma electoral. Aunque ayer en Jurídicas en la UNAM ya anticiparon que en 2019 va a haber reforma, en fin, ya veremos.
Lo que sí quiero decir es que el proceso de democratización trajo precisamente, como suele ocurrir con los derechos, un proceso de horizontalización, es decir, un proceso de apropiación de quienes son realmente los titulares de los derechos fundamentales, es decir, de los ciudadanos.
Eso que nace como una prerrogativa política de los partidos y de los candidatos hoy es la base del ejercicio más puro, déjenme decirlo así, en términos democráticos, los ejercicios de participación política. Que suponen precisamente que todos los ciudadanos son los titulares del derecho a saber.
No me detengo en analizar la evolución que nos ha traído al día de hoy en esta materia. Sí subrayo simplemente el hecho de que en materia electoral el proceso de transparencia es un proceso que nace en la arena electoral estrictamente, y como una competencia, en términos de garantía, de las propias autoridades electorales.
Recuerdo, que por cierto, una de las primeras normas públicas acordadas por una instancia del Estado para garantizar el derecho a la información, fue justamente esa norma pre legal, déjenme llamarlo así, previa a la primera ley de transparencia, que adoptó en su momento el Consejo General.
Por cierto, una norma, si se me permite la infidencia, que en su momento fue empujada por dos consejeros que después se incorporaron a este órgano con el paso del tiempo y que presidieron ambos este órgano, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio, a quien está dedicado este espacio, que llevaron en 2001 a tomar por primera vez la decisión de que todas las aportaciones que se hicieron en la campaña electoral del año 2000 por parte de ciudadanos, en fin, de entes legitimados para ello, fueran hechas públicas, que fue una norma, por cierto, que antecedió de algunos meses la primera Ley de Transparencia, y que no tuvo que modificarse para ajustarse a los parámetros de dicha ley.
Bueno, desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente de la transparencia en materia electoral, y hemos pasado incluso en el plano de responsabilidades institucionales, de un momento, una etapa en la que los partidos políticos eran obligados indirectos de las normas de transparencia, en donde el Instituto Federal Electoral, entonces, constituía la puerta de acceso y de garantía en primera instancia, para que las y los ciudadanos pudieran acceder a la información que estaba depositada en los partidos políticos, decisiones que en su momento eran eventualmente recurridas ante el Tribunal Electoral, a un modelo mucho más sofisticado en lo que hoy, a pleno título, podemos llamar el Sistema Nacional de Transparencia.
En donde los partidos políticos, por cierto, entidades de interés públicos, como muchos otros órganos del Estado y también de la sociedad, estamos obligados a las normas de transparencia de manera directa, y esto es una buena cosa, por cierto en términos, usted lo ha dicho en muchas ocasiones, creo que el paso de ser sujetos obligados indirectos a ser obligados directos, me refiero a los partidos políticos, es, no solamente una manera que facilita y agiliza el acceso a la información, por parte de las y los ciudadanos requirentes, sino también es una manera de que sean los propios partidos quienes entreguen la información y con ellos sean los propios artífices de la lógica de transparencia, tratando de remontar lo que hoy por cierto, es uno de los déficits que debería preocuparnos, hablando del desencanto democrático, que es la crisis de confiabilidad que no solamente se cierne sobre las autoridades del Estado mexicano, sino también sobre los partidos políticos que son pilares fundamentales de la democracia.
Y en ese contexto, además, desde el punto de vista institucional, la responsabilidad de garantía del derecho a la información, del cumplimiento de las normas y obligaciones de transparencia, así como de la protección de datos personales, es ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
Creo que esta evolución es una evolución exitosa, aunque estamos en un momento en el que vale la pena, no solamente, aprovechando este acto, revindicar nuestro compromiso de cara al proceso electoral en curso, sino también, lo digo como un órgano de control, no en materia de transparencia, en este caso somos nosotros los que aplicamos las sanciones que en su momento el órgano garante, el INAI, determina respecto de los sujetos obligados, los partidos políticos.
Pero creo que este es un buen momento para subrayar y exhortar a que, como ha venido ocurriendo, pero reforzando, acelerando el paso de cara al Proceso Electoral, todos los órganos, todos los sujetos obligados, pero también y sobre todo partidos políticos aceleremos nuestro proceso de cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia.
No se trata solamente de cumplir con una obligación, se trata también de cumplir con una vocación democrática, que tiene, creo, en los meses por venir que refrendarse de manera particular, de cara a la convocatoria masiva, para que los ciudadanos decidan con su voto, nuestro destino político.
Éste es un momento en el que cumplir con las obligaciones de transparencia, repito, por parte de partidos políticos, no solamente se trata de cumplir con su obligación, sino también significa aceitar, esos canales de comunicación; a veces obturados, a veces no tan fluidos como deberían de ocurrir en un sistema democrático entre quienes son el puente para el acceso a la representación popular y los titulares de la soberanía, los ciudadanos.
Es por ello, que a nombre de las consejeras y consejeros electorales del INE, quiero agradecer el interés de los comisionados del INAI, para que de cara al proceso electoral, decía, más grande, más competido, más explicado, tiene que ser el más explicado, y que aspiramos sea el más transparente de la historia, las instituciones y las organizaciones de la sociedad, sumemos nuestros esfuerzos para contribuir a la integridad de las elecciones, y que una vez más la competencia democrática, siga siendo, como ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas un ancla de estabilidad política del país, y por ende de gobernabilidad y de paz pública.
Estoy convencido que con el apoyo de la sociedad y la generación de sinergias entre las instituciones rectoras del triángulo institucional democrático por excelencia, el Sistema Nacional Electoral, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, podamos garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas con los compromisos que, esperamos, asuman los partidos político, en materia de transparencia, no solamente el exhorto sino también nuestro ojo vigilante en nuestros respectivos ámbitos de competencia, podamos modificar prácticas burocráticas de actores políticos que eventualmente han afectado la precepción social sobre el funcionamiento y eficacia de la esfera pública.
Estoy convencido que con eventos como este, con el compromiso que en breve suscribiremos, lograremos dar un paso más hacia la participación informada de la sociedad en los asuntos públicos y hacia la reivindicación de la importancia de la convivencia democrática, como la forma más incluyente de gobierno para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Muchas gracias.
Versión estenográfica de la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la Firma de la declaración para la implementación de las herramientas “Comisiones Abiertas” y “Transparencia en Publicidad Oficial”, realizada entre el INE y el INAI, en el marco de los 40 años del reconocimiento del derecho a la información en México, que se llevó a cabo en las instalaciones del INAI
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