Todas las democracias contemporáneas se enfrentan a un desafío permanente que surge de la tensión entre dinero y política. Partidos y candidatos requieren recursos para mantener sus estructuras, desplegar sus campañas electorales y ser competitivos y, a la vez, en las sociedades de mercado el dinero se encuentra distribuido de forma asimétrica y concentrado en algunos grupos, de tal suerte que el ejercicio democrático -que implica la igualdad entre electores y el mismo valor a cada voto- puede verse afectado por el desigual acceso a los recursos. Así, la política necesita del dinero pero éste puede poner en riesgo a la democracia.
Por eso las naciones han avanzado en distintos modelos de regulación del financiamiento a la política. Hay países que ponen énfasis en la equidad, con frecuencia las democracias europeas, donde no hay compraventa de publicidad electoral en radio y televisión, como también es el caso de México, y donde además de financiamiento público se fijan límites al gasto y se prohíben los donativos de empresas mercantiles. En el otro extremo, el caso de Estados Unidos, la competencia electoral se identifica como una contienda basada en las reglas del libre mercado y en la cual las grandes corporaciones económicas pueden inyectar, sin límites, dinero a las campañas.
No hay democracia que haya escapado a los problemas de la relación entre dinero y política. Los escándalos por financiamiento ilegal o por captura del poder público por intereses privados se han presentado en democracias consolidadas como la norteamericana -caso Enron-, la alemana -el ex canciller Kohl terminó su carrera política tras descubrirse financiamiento ilícito para la CDU- o democracias relativamente jóvenes (Odebrecht arrasa la credibilidad de los sistemas democráticos en buena parte de América Latina), por citar solo algunos ejemplos.
Un problema adicional en sociedades muy desiguales, como es la nuestra, es que se presenten prácticas clientelares y de compra voto. Así como es necesario reconocer esos riesgos y combatir la posibilidad de que se concreten, también es indispensable no dar lugar a un discurso con tintes clasistas que desdeña y hasta desconfía de la participación electoral de los amplios sectores poblacionales que viven en la pobreza, como si los pobres por serlo fueran indignos y vendieran su sufragio. El profundo problema estructural de pobreza y desigualdad, que tiene que ver con la ausencia de políticas económicas redistributivas y de generación de empleo formal y productivo, conspira contra la calidad de la democracia.
Por otra parte, la corrupción es una de las causas del desencanto de la ciudadanía con la democracia y, en especial, con partidos, parlamentos y políticos. La democracia se deteriora por efecto de la corrupción, pero es una buena noticia que cada vez haya más intolerancia social hacia los desvíos de recursos públicos y frente a quienes abusan del poder para obtener beneficios particulares. Es precisamente en el sistema democrático, con ciudadanía crítica y participativa, prensa libre, libertad de expresión, división de poderes, donde se encuentran los resortes fundamentales para enfrentar a la corrupción.
México se acerca a las campañas que desembocarán el 1º de julio de 2018 en la elección más grande de la historia. Un tema que gravitará sobre el proceso va a ser el de la equidad y las condiciones de la competencia electoral. Por ello el INE convocó a expertos nacionales e internacionales al seminario «Política y dinero: democracia vs corrupción» a celebrarse el 5 y 6 de diciembre en su sede y que se transmitirá por internet. Solo debatiendo con apertura y reconociendo los problemas de la democracia, es como podemos aspirar a preservarla y mejorarla.
RESUMEN
