La reforma al Artículo 35 constitucional en el 2012 abrió de forma definitiva la figura de candidaturas independientes para todo el país, una alternativa de participación política que se arraiga poco a poco en el paisaje comicial mexicano y hoy permite a cualquier ciudadana o ciudadano competir en elecciones sin que necesariamente su postulación provenga de partidos, pero con la condición de acreditar un respaldo popular previo considerable, aunque las experiencias recientes demuestran que a pesar de ello, sí es viable llegar a la boleta para ser votado por en el carril independiente, como también hay posibilidad de ganar si así lo decide la base de electores.
En el 2018 será la primer elección con aplicación para esta opción de registro en boletas para la Presidencia de la República y Senado. Ya en el 2015 fue la primer escala en una elección federal para independientes a diputaciones, cuando la renovación de la Cámara, donde incluso uno de ellos obtuvo el triunfo con amplio margen.
Hay múltiples voces que señalan, por un lado, que si hay muchas candidaturas independientes el voto se fragmenta, otras, en cambio, destacan que las reglas aprobadas por el Congreso para lograr el registro independiente implican estándares desproporcionados, específicamente porque los porcentajes de firmas que se deben obtener para que sea válida la candidatura son muchas.
Esa es la etapa, la de obtener apoyo, en la que estamos ahora, es decir, no es tiempo todavía de asumir que decenas de independientes colmarán las boletas o que ninguno logrará conseguir el respaldo en firmas que establece la ley. El corte de caja es lo que refrendará cuántas aspiraciones a candidaturas logran avanzar y materializarse finalmente.
El camino a seguir es muy complejo. Para recabar el apoyo ciudadano y poder con ello aparecer en la misma boleta dispuesta para candidaturas de partidos, luego votado o votada, las personas que han manifestado ya su interés de competir por la vía independiente, apenas han iniciado a recorrer esa ruta, dieron un primer paso ejerciendo su derecho, pero faltan otros que están en proceso.
Una candidatura presidencial implica sumar apoyo de 1% del total de electores, es decir, 866,593 voluntades individuales, distribuidas en por lo menos 17 entidades federativas. La meta es también amplia para el caso de curules y escaños, pero ahí varían las firmas a obtenerse, porque para cargos legislativos la fórmula legal pide apoyos equivalentes a 2% de la lista de electores, en el caso del Senado, ese porcentaje es de los votantes en toda la entidad, siempre que provenga o se distribuya en al menos la mitad de distritos que la dividen electoralmente, mientras que en el caso de las diputaciones, el mismo porcentaje se debe alcanzar pero respecto al distrito por el que se compite, con firmas provenientes de al menos la mitad de secciones en que se divide esa porción de territorio a representar.
Para manifestar la intención de lograr una candidatura presidencial independiente, el plazo venció el 14 de octubre; para una diputación el día 10 y para una senaduría el día 15. De ahí viene un periodo para validar requisitos formales y un día después de esa manifestación vienen las constancias de aspirante que son el banderazo de salida antes de recolectar firmas de apoyo que voluntariamente otorguen los electores.
Esas firmas podrán recabarse para quienes busquen registro a la Presidencia, hasta el 12 de febrero del 2018; al Senado hasta el 14 de enero del mismo año y a diputados hasta el 10 de diciembre próximo.
Será en marzo del 2018 cuando sabremos cuántas candidaturas independientes lograron concretarse en realidad.
Hoy tenemos políticos que buscan candidaturas para hacer política electoral, sea por la vía independiente o por una postulación partidista. México es un país diverso y plural, con opciones para elegir y participar, que en ningún caso, ni cuando se habla de partidos “chicos” o de candidaturas independientes, han estado condenadas a ser sólo testimoniales. Lo que decide es el voto y sólo el voto, la voluntad popular mayoritaria.
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