Número: 354
- En 2018 se van a elegir 19 mil 134 cargos de elección popular, la mitad de las candidaturas tendrán que estar encabezadas por mujeres: Consejera Adriana Favela
- La democracia debe ser de calidad e incluyente: Consejera Pamela San Martín
La democracia depende de que hombres y mujeres sean igualitarios no sólo en la ley, sino también en la práctica, por lo que se deben sumar esfuerzos para erradicar la violencia política contra las mujeres y revertir este fenómeno en América Latina, coincidieron académicos, políticos y autoridades electorales en el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana.
Al moderar la segunda sesión “Violencia política contra las mujeres en América Latina: un gran desafío de la democracia”, la consejera electoral Adriana Favela Herrera, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la academia tratan de trabajar de manera coordinada en la paridad efectiva de candidaturas y en garantizar los derechos políticos de las mujeres.
“Se deben sumar todos los esfuerzos posibles para erradicar la violencia política contra las mujeres, porque es un fenómeno cultural y los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana, el cambio debe ser paulatino en busca de erradicarlo”.
La consejera Favela mencionó que en las elecciones del 2018 en México se van a elegir 19 mil 134 cargos de elección popular -de los cuales mil 596 serán presidencias municipales-, y en todos se debe garantizar el principio de paridad de género.
Es decir, la mitad de los registros de candidaturas tendrán que estar encabezadas por mujeres, y lamentablemente “entre más participan las mujeres en acciones políticas se generan más casos de violencia política en su contra”, señaló Favela.
Mencionó que en México, a raíz de la reforma del 2014, se incluye el principio de paridad de género en las candidaturas de cargos de elección popular, se ha llegado a una representación del 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputados; la mayor parte de los congresos locales se integran mínimo con 30% de legisladoras con una tendencia mayoritaria; sólo Morelos y Tlaxcala tienen menos del 30% en su órganos deliberativos; en tanto que 359 han obtenido el cargo de presidentas municipales, aunque reconoció que en los últimos tres años sólo una mujer en Sonora ha accedió a la gubernatura.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, subrayó la importancia de avanzar en el tipo penal, la responsabilidad administrativa y la sanción ante la pérdida de derechos políticos de las mujeres.
“No tenemos un tipo penal, hay solamente agravantes. No existe a nivel legislativo, solamente hay un dictamen discutiéndose en la Cámara de Diputados”, dijo, al plantear la necesidad de incorporar a la norma la facultad de atracción, ya que a pesar de que la reforma de 2014 mandató que 32 entidades tuvieran una fiscalía en materia de delitos electorales, a la fecha sólo existen 18 en todo el país.
En el foro realizado en Palacio de Minería, el titular de la FEPADE ejemplificó la magnitud del problema: 94 denuncias de violencia política contra las mujeres -en su mayoría interpuestas por hombres-, de las cuales 29 se efectuaron en lo que va del 2017 y, de éstas, 16 están relacionadas con pueblos y comunidades indígenas.
La académica Flavia Freidenberg consideró que “mientras no haya un costo y la ciudadanía no quite su voto a aquellos candidatos que tuvieron una denuncia real por haber violentado los derechos políticos de la mujer, las cosas no van a cambiar”
Lamentó que a nivel regional no exista un consenso respecto a cómo tipificar, sancionar y reparar un derecho que ha sido vulnerado, como es la violencia política contra las mujeres.
En la sesión también participaron Erika Brockmann magister en Ciencia Política de Bolivia y el magistrado Armando Maitret Hernández, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes coincidieron en que las leyes por muy neutrales siempre traen un sesgo de género.
La democracia debe erradicar la desigualdad
En la tercera sesión de conferencias “Inclusión y diversidad: alcances de la participación y representación política de las poblaciones marginadas”, moderada por la Consejera Pamela San Martin, se coincidió en que la democracia debe jugar un papel fundamental en erradicar las desigualdades de la población.
“El modelo democrático debiera ser contrapeso a exclusiones históricas, como lograr mecanismos para revertir condiciones de desigualdad”, dijo la consejera San Martín al subrayar que se han institucionalizado mecanismos que lejos de generar políticas inclusivas crean políticas excluyentes que invisibilizan al otro.
México ha logrado avances en instrumentos internacionales de carácter jurídico pero hay una brecha en la falta de representación política de comunidades minoritarias o excluidas como indígenas; mujeres; personas de la tercera edad; personas de la comunidad LGTB, migrantes y otros, coincidieron Rebeca Garza, Vocal De Capacitación del Instituto Electoral de Oaxaca; Mauricio del Toro, en representación del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez; el académico Raúl Ávila y Hernán Gómez, coordinador de asesores del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).