El viernes pasado, inició el proceso electoral federal 2017-2018 que coincidirá por primera vez con 30 contiendas locales, algo que involucra un trabajo conjunto de instituciones dedicadas a la materia comicial de todo el país, pero sobre todo la participación de millones de ciudadanos.
Es la primera contienda presidencial a cargo del INE, órgano que nació en el 2014 luego de un acuerdo legislativo de gran calado. El 1 de julio del próximo año abrirán urnas con una base de 88 millones de potenciales votantes, para renovar 3,406 cargos de representación popular (629 federales y 2,777 locales).
Tendremos en todas las elecciones locales concurrentes la misma casilla que se utilizará para la votación federal. El reto no es menor, se proyecta que instalemos 155,000 casillas y para ello se debe reclutar a 1 millón 400,000 ciudadanas y ciudadanos elegidos por sorteo. Sin su participación sería imposible seguir consolidado un modelo de confianza con urnas muy cerca de nuestras viviendas, con nuestros propios vecinos recibiendo y contando cada voto ante los ojos de observadores y representantes de partidos.
Todas las fuerzas políticas y candidaturas independientes tendrán garantizada una exposición equitativa en medios masivos de sus ofertas a la ciudadanía. En conjunto con autoridades electorales, tendrán 55.6 millones de spots en radio y televisión desde el inicio de las precampañas el 14 de diciembre próximo y hasta el día de la jornada el primer domingo de julio del 2018.
Hoy el papel de la autoridad implica retos mayúsculos. No sólo es la enorme tarea de instalar casillas y propiciar la vigencia de todos los candados de confianza que nos hemos dado, también en cuanto al arbitraje y fiscalización de los dineros empleados en las precampañas y campañas que están en puerta.
Las reglas vigentes hasta el 2014 sufrieron cambios sustanciales encaminados a crear un nuevo modelo nacional que tuviera rectoría en fiscalizar la política electoral. Se le dio al INE la encomienda de auditar no sólo gastos de procesos electivos en el ámbito federal, ahora debe hacerlo también con la totalidad de procesos locales, en la totalidad de precampañas y campañas de partidos nacionales, locales, de las coaliciones que éstos formen y candidaturas independientes.
La fiscalización de hoy se lleva a cabo con plazos mucho más cortos respecto de la anterior y sus resultados pueden ser esenciales en la calificación de los comicios, en eventuales nulidades.
Antes, el Cofipe otorgaba 60 y 120 días hábiles, respectivamente, para auditar precampañas y campañas federales.
Hoy la Legipe establece reducciones del orden de 75 y 92 por ciento, respectivamente, ya que ahora se fiscalizan las precampañas en 47 días naturales y las campañas, en 39.
Para dimensionar el reto, diría que en el 2012 el IFE revisó 1,605 informes de campañas federales, mientras que el INE, en el Proceso 2014-2015, auditó 14,827 informes de campañas, de los cuales 2,667 fueron federales y 12,160, locales, lo que implica 9.2 veces más informes de gasto a fiscalizar en mucho menos tiempo. Para el 2018, aquella cifra se multiplica y proyecta que fiscalizaremos entre 85,000 y 90,000 informes de campañas federales y locales.
El modelo electoral mexicano se ha edificado en un contexto que no da cheques en blanco; permeado por dudas y escepticismo, ha requerido diseñar candados y garantías de confianza que hoy no funcionarían sin la participación ciudadana. En la elección del año 2000 tuvimos la primera alternancia presidencial con una participación en urnas de 63.9 por ciento de electores, en el 2006 se redujo a 58.5% y en el 2012 la tendencia nuevamente recuperó terreno perdido con 63.11% de votantes.
Es la participación antídoto poderoso ante la duda, elemento que no resuelve el desencanto frente a injusticias sociales o económicas, que no genera en automático prosperidad o seguridad pero sí abre una puerta invaluable para procesar diferencias en forma pacífica y orientar el rumbo de país de forma congruente con el sentir de la población.
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