Muchísimas Gracias.
Muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradezco muchísimo a Marcela que funja de moderadora de esta mesa.
El tema sobre el que quiero reflexionar esta mañana con ustedes, es un tema sobra decirlo, de una enorme actualidad. Justamente estas semanas, son semanas en las que tanto en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Federal Electoral, se están debatiendo y tendrán que tomarse una serie de definiciones, respecto del afinamiento de las reglas del juego y sobre todo, particularmente de las que tienen que ver con las garantías, la extensión, los límites de la equidad con la que el juego electoral del próximo año se llevará a cabo.
Agradezco mucho la posibilidad de hacer esta reflexión, articulada en dos grandes temas, que son temas complementarios: justamente el de la fiscalización, las reglas y los controles que la autoridad electoral tiene que ejercer para garantizar que el dinero no se convierta en un elemento determinante, al menos no lo sea fuera de lo que son los límites preconcebidos, autorizados y consecuentemente pactados en dichas reglas del juego por las fuerzas políticas, a través de las normas que rigen este delicado tema, siempre complejo tema, que sin medias tintas hay que reconocer, es el tema más preocupante en la discusión(inaudible) del tema dinero y elecciones concretamente.
Y por otra parte, poder hablar bajo esta idea de Cancha Pareja que hemos planteado en el Instituto Nacional Electoral en relación con una serie de ajustes que buscan robustecer la regulación en torno a la equidad en la contienda electoral, pero sobre todo, fijar claridad y consecuentemente dar certeza en relación con lo que serán las reglas del juego a las que tendrán que ajustarse los distintos actores, los contendientes.
Creo, sin embargo, que para hablar de estos temas vale la pena hacer una breve reflexión introductoria en relación al concepto de equidad y a cómo ha evolucionado éste a lo largo de, digamos la génesis del sistema electoral mexicano en las últimas décadas.
El tema de la equidad, como ustedes saben, es un tema que constituye la nueva frontera que las reformas electorales han tratado de limitar, a partir de lo que son las necesidades y las preocupaciones que a lo largo de las distintas etapas evolutivas del proceso de cambio político se han venido definiendo como necesidades urgentes de atender.
En un primer momento, la ruptura, la apertura de un sistema históricamente cerrado y excluyente como lo había sido el que se fraguo al cabo de la Revolución Mexicana durante el siglo pasado, la primera necesidad fue justamente una necesidad de apertura e inclusión, no solamente en el sistema de partidos a través de la apertura a nuevas alternativas, muchas de ellas excluidas durante décadas de la contienda política dentro del ámbito de la legalidad en la contienda por el poder político.
Pero también la apertura y la inclusión a través de nuevos mecanismos hasta entonces inéditos de la representación de esa pluralidad política en los ámbitos de decisión política del Estado, concretamente en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Después de esa primeras necesidad imperativa para abrir el cauce hacia la democratización del sistema político electoral, un segundo gran tema, una segunda gran necesidad se centró en la creación de una institucionalidad de una serie de procedimientos y una serie de reglas que garantizaran e inyectaran certeza respecto al modo en el que los votos se contaran, y a que al resultado; es decir, a las consecuencias de la emisión o del sentido de esos votos, o dicho de otra manera, que los votos efectivamente contaran en la integración de la representación política.
Las primeras reformas de los años 90 estuvieron enfocadas justamente a resolver este problema.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, concretamente de 1994, y como resultado del primer ejercicio de fiscalización todavía embrionario, todavía incipiente, era una fiscalización entonces, como recordarán que restringía la posibilidad de auditoría de las cuentas de los partidos políticos a lo que los mismos partidos informaban a la autoridad electoral.
En estricto sentido, de una manera de revisión contable de los informes que los partidos y candidatos presentaban y no, una práctica contable de auditoría propiamente dicha.
Es decir, en donde se hagan compulsas, en donde se contrasta la información, en donde se realizan indagatorias a partir, por supuesto, de lo que los partidos informan con la finalidad de garantizar la veracidad, pero sobre todo, la exhaustividad de los informes reportados por los partidos.
Sin embargo, a pesar de esa limitación inicial de los ejercicios de fiscalización, la gran virtud que se tuvo es que, por primera vez hubo cifras oficiales relativas, no me atrevería a decir, si la verdad contable revelada por esas cifras, efectivamente correspondía al gasto real o a los ingresos reales.
Recuerden que en la elección de 1994 fue entre otras cosas célebre por el episodio del pase de charola por parte del PRI a un connotado grupo de empresarios, en donde bajo la idea de que era tiempo de que los empresarios le dieran al PRI lo que el PRI les había dado, al sistema lo que el sistema les había dado durante mucho tiempo.
Bueno, eso evidentemente no estuvo, ese pase de charola no estuvo reflejado en los informes en aquél momento.
Sin embargo, los resultados de aquella fiscalización -como decía-, tuvieron la gran virtud de poner sobre la mesa, por primera vez, cifras oficiales que reflejaban la enorme disparidad de recursos con que contaban las fuerzas políticas, pero sobre todo, de los recursos erogados durante las campañas de ese año.
Para entonces, ocho de cada 10 pesos, más todavía si se tomaban en cuenta sólo las elecciones presidenciales, pero del conjunto de campañas, ocho de cada 10 pesos habían sido erogados por un solo partido político.
El mismo Ernesto Zedillo en el momento, en su discurso de toma de posesión señaló que provenía de una elección limpia y con los resultados eran cierto incuestionables, decía él, pero de una elección profundamente inequitativa.
Esas cifras de gasto volvían ineludible e inevitable responder, reconocer esa realidad, razón por la cual tenía que darse pie, se decía entonces con la retórica de aquellos tiempos, a una reforma electoral definitiva.
Si bien la reforma de 1996 no fue una reforma definitiva, además de los múltiples aspectos, tanto por lo que hace a los procedimientos, como por lo que hace al diseño de las autoridades electorales, encontró en el concepto de equidad la columna vertebral a través de la cual se articulaba el sentido mismo de la reforma e inauguraba un ámbito que poco a poco con las reformas posteriores se iría fortaleciendo y que constituiría, de hecho me atrevo a decir, sigue constituyendo, la principal preocupación en torno a la cual giran las reflexiones, pero también, las disputas electorales. Justamente la equidad.
Debo señalar, y ésta es una interpretación que sugiero, que el concepto de equidad es un concepto, no me atrevería a decir que se haya distorsionado, pero que sí ha cambiado a lo largo del tiempo.
En un primer momento, en aquella primera etapa de reconocimiento y valorización del concepto de equidad a finales de los 90, la idea de la equidad fue concebida y así está reconocida incluso en la misma exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, fue reconocido como la necesidad de crear condiciones que permitieran un piso mínimo a los contendientes, para contender con un mínimo equilibrio, con ese equilibrio básico.
Es decir, la equidad no fue concebida como una meta por alcanzar, sino más bien como una plataforma de partida, como un mismo nivel de partida para que la competencia electoral pudiera darse en una clave mínimamente democrática.
La equidad así, se centró o cumplir con la idea de equidad, se centró en proporcionar en los dos ámbitos más relevantes, más distorsionadores de la contienda política, por un lado el financiamiento y por el otro lado, el acceso a los medios de comunicación, el eje fundamental a través del cual la misma se procuraba o se intentaba procurar.
Creo que es importante señalar que el concepto de equidad ha ido evolucionando. Hoy me temo que asumir o plantear que la equidad constituye sólo un piso mínimo resulta, no digo insuficiente, sino a juicio de muchos, absolutamente rebasado.
No coincido con ello, creo que replantearnos la equidad en buena medida implica en muchos sentidos volver a lo básico, aunque entiendo que la intensidad de las contiendas electorales y el que desde el año 2000 al menos, en adelante, cada vez con mayor frecuencia, la solución de las elecciones con márgenes de victoria cada vez más estrechos, es decir, el incremento de la misma competencia electoral, pone o hace o da una relevancia a elementos o particularidades, que en el pasado podían pasar inobservadas e incluso inatendidas.
El incremento de la competitividad trae como consecuencia inevitable la maximización de todo elemento distorsivo de la contienda, distorsionador de la contienda, y consecuentemente, su maximización en términos de su relevancia.
Dicho en pocas palabras, las elecciones competidas hacen que cada detalle cobre una importancia mayor y en ocasiones, incluso, desproporcionada, pero eso es parte de la misma contienda política que más todavía, en un sistema donde se ha abierto de manera muy franca la posibilidad de la impugnación y del litigio electoral.
La litigiosidad del sistema que es una litigiosidad incremental, si uno observa las acusaciones, por ejemplo, de vulneración al principio de equidad hace 15 años y las que hoy existen, se han sofisticado y ha puesto un énfasis, y maximizado detalles que, repito, en el pasado podían parecer insignificantes o en todo caso menores.
Esto ha implicado, a su vez, no solamente una regulación cada vez mayor para tratar de incorporar a esa garantía de equidad nuevos factores que cada vez que hay una elección se evidencian como relevantes y como necesarios de regulación; sino que también, paralelamente, ha venido incrementado las atribuciones de las autoridades electorales, ya no sólo como organizadoras de elecciones, sino como árbitros y como garantes de la equidad, insisto, un concepto de equidad cada vez menos simple, cada vez más complejo, y cada vez más multifacético.
La idea de la equidad entendida solamente como garantizar ese piso mínimo hoy en muchos sentidos está ampliamente rebasada.
Esta redefinición, este replanteamiento de la idea de equidad hay que decirlo, nos coloca en una especie de vertiginosa e inagotable evolución que encuentra cada vez más nuevos parámetros y nuevas fronteras de definición del concepto de equidad.
En buena medida, esto ha provocado que la equidad haya dejado de verse por muchos como la existencia de ese piso mínimo de competencia, y haya pasado a interpretarse como un techo o una meta por alcanzar.
Aunque la equidad como concepto ideal hay que decirlo con todas las letras, siempre será en todos sus términos inalcanzable.
Toda idea, la idea misma de democracia, aquella que en gabinete podemos definir y afinar en el momento en el que se aterriza o se inserta en lo que Norberto Bobbio definía, citando al doctor Zhivago, “la burda materia”.
La realidad, digo, pongo otro ejemplo, no quiero ser provocador, piensen en la idea de partidos políticos que la literatura ha planteado, por mucho de que nos vayamos a la literatura política más realista, pienso en la ley de las oligarquías.
Piensen en cualquier manera en la idea de partidos políticos y aterrícenlos y confróntelos con lo que son los partidos políticos y veremos que el trecho entre el mundo de los ideales y el de la burda materia, en ocasiones más burda que en otras, es siempre un trecho, digamos, insalvable.
Bueno, el problema que estamos tendiendo, pero lo dejo apuntado como un problema, es que esa sofisticación y refinamiento, o por otro lado, esa ampliación, ese abultamiento de la idea de equidad nos está generando que la equidad siempre sea una meta por alcanzar y no una meta conseguida.
A pesar de que, si uno compara las reglas de la competencia, si uno compara los mecanismos de garantía de esa equidad como principio constitucional que debe regir las contiendas electorales democráticas, hoy, son infinitamente superiores de los que teníamos hace apenas 20 años, cuando la equidad se instaló entre nosotros.
Creo que repensar la equidad en sus bases y no tanto en sus expectativas, es una buena manera de, digamos, procurar una especie de reconciliación entre las aspiraciones que tenemos de una democracia naturales, justificables e incluso deseables de una democracia de mayor calidad, con la democracia que realmente tenemos.
Y no se trata simple y sencillamente de asumir la inevitabilidad de las cosas y de la realidad con un acto de conformismo fatalista e inevitable, no, sin lugar a dudas no.
Pero creo que el juicio respecto de lo que tenemos puede acabar siendo un juicio mucho más objetivo, sí, digamos, repensamos, reconsideramos, re ideamos el concepto de equidad respecto de lo que hoy ha venido, insisto, abultadamente planteándose.
Y es que, creo vale la pena plantearlo, si equidad no es lo mismo que igualdad, entonces dónde debemos fijar la frontera de nuestras expectativas.
Originalmente la equidad, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, implicaba un trato desigual a los diferentes para tratar de generar, con esto no estoy entendiendo aquí hacer una evocación aristotélica del concepto de equidad, aunque de ahí viene la idea, por supuesto. Pero tratar de generar condiciones de competencia lo más equilibradas posible, en su partida.
Pienso, por ejemplo, me gusta la metáfora, de las pistas de atletismo, ¿cómo es el punto de partida para una competencia de 100 metros en donde todos los corredores tienen que recorrer esa distancia en línea recta? Pues es exactamente la misma. El punto de partida es exactamente el mismo.
¿Qué ocurre con el punto de partida, cuando hablamos de una competencia de 400 metros que implica no correr en línea recta, sino dar una vuelta a un óvalo, al óvalo de la pista de atletismo?
Los puntos de partida precisamente para garantizar una igualdad en las condiciones de arranque de la competencia están diferenciados, unos están más adelante que otros para que al final todos recorran la misma distancia.
Creo que entender la equidad desde este punto de vista, en buena manera nos permitiría, digámoslo así, descargar de expectativas lo que se ha convertido, insisto, en el eje fundamental del litigio electoral.
Si uno observa las disputas electorales de la última década, en realidad ya prácticamente ninguna se está centrando en la calidad de la organización, en elementos técnicos, cada vez menos en el recuento de los votos, y que está poniendo énfasis en esa otra dimensión que tiene que ver con el anticipo indebido, de acuerdo o no con lo que digan las leyes, de la promoción de cara a la ciudadanía, o con el uso indebido, de acuerdo a lo que es lícito en términos de posibilidad pero también de topes del financiamiento, y en todo caso, del acceso o no a lo que son los medios de comunicación para promover una determinada candidatura o la imagen de un determinado aspirante a un cargo público, que son los medios masivos de comunicación.
Si uno observa el porcentaje de litigios en términos de conflicto post electoral, de impugnaciones electorales de la última década, puede ver claramente una inversión de ruta que en un primer momento partía de impugnar procedimientos, insisto, recuentos de los votos, y hoy en día está más centrada en esta otra dimensión de la violación, o de las violaciones a la equidad.
Quiero ser, digamos, insisto, con una provocación conceptual antes de entrar, no digo en materia, creo que lo hemos hecho, entrar a los dos casos concretos sobre los que quiero hacer algunas reflexiones en esta charla. Y es que estamos involucrados en una especie de espiral interminable.
El litigio se centra cada vez más en la dimensión, en las condiciones de la equidad, en violaciones al principio de equidad.
Pero el principio de equidad es un principio inflacionario, cada vez se espera más de la equidad y cada vez más resulta insuficiente la equidad que hemos venido determinando en las reglas para, digámoslo así, justificar lo que desde esa perspectiva, representa una democracia de calidad.
Y en consecuencia los estímulos, la sofisticación del concepto de equidad genera un estímulo cada vez mayor a identificar violaciones al mismo, y consecuentemente la litigiosidad, y consecuentemente la inconformidad con el funcionamiento del sistema democrático y de los sistemas electorales. Me parecía importante en esta sede hacer esta reflexión, insisto, conceptual, introductoria.
Ahora, bien, creo que con esto, en todo caso no podemos plantearnos que el concepto de equidad tiene que ser un concepto que debemos dejar de lado y de una manera fatalista, autocomplaciente, y centrada en una lógica de inevitabilidad conformarnos con lo que está ocurriendo, definitivamente no.
El dinero cada vez más, en virtud, por cierto, de controles incrementales, está convirtiéndose en el gran problema de funcionamiento de las democracias.
Y no hablo solamente de las democracias, digamos, jóvenes como las latinoamericanas, hablo incluso de democracias consolidadas, o incluso añejas, como la norteamericana, en donde el tema del dinero, ahí sí visto en muchos sentidos bajo un dejo de inevitabilidad.
Si uno habla con los funcionarios de la Federal Electoral Comition (FEC), que es el único órgano federal de regulación de las elecciones que fija criterios genéricos para la competencia y que tiene funciones, por cierto, infinitamente acotadas de auditoría, de fiscalización, basta nada más decir para no abundar en la comparación entre nuestro sistema de fiscalización y el norteamericano.
La FEC no tiene posibilidades de solicitar información coactivamente al sistema financiero, la información que pide la FEC a los bancos es con un atento “por favorcito”, “sean gentiles y compártanos información”.
Es decir, es una institución que en realidad tiene una capacidad de auditoría y de compulsa bastante acotada.
Bueno, con un ánimo de, sin duda, interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista conceptual, en Estados Unidos se han venido acuñando una serie de conceptos, por cierto, conceptos cada vez mayores para hablar, digamos y que evidencian la insuficiencia de las reglas de control que tienen en aquél país, respecto del dinero de la política, ya no sólo de los pax, de los programas de acción política, sino ahora de los súper pax.
La última elección norteamericana, las reflexiones respecto al gasto de la última elección norteamericana, incluso en documentos reconocidos por la propia autoridad, por la FEC, hablan de un gasto comprobado reportado, pero hablan de una estimación, por cierto centrada no en las investigaciones de la autoridad electoral, sino en investigaciones de universitarios que estiman el monto erogado en las últimas campañas presidenciales, entre tres y cuatro veces mayor del que efectivamente fue reportado por los distintos comités de campaña a la autoridad.
Hay quien especula, incluso de que la elección norteamericana pasada, es la que elección en que mayor dinero se ha gastado en una contienda electoral en toda la historia de las democracias modernas.
En estos días creo que es importante hacer énfasis respecto de este punto, porque de manera recurrente, esto que ayer se hizo pública la noticia de a cuánto ascenderá la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral para enfrentar lo que serán las elecciones más grandes de la historia, digamos, al menos para matizar lo que suele acompañar estas discusiones respecto de que la democracia mexicana es la democracia más cara del mundo.
Si por democracia y por costo de la democracia pensamos en la cantidad de dinero que está involucrada, no solamente en la organización, sino también, en las disputas electorales, creo que todavía estamos muy lejos de lo que son las democracias caras como las de Estados Unidos, pero no con esto quiero justificarme, ya no es el objeto de esta charla, ya hablaremos seguramente, se seguirá hablando del costo que tenemos que racionalizar sin duda de nuestra organización y de nuestras contiendas electorales.
Si el dinero es el eje fundamental de distorsión de la equidad de la contienda, con independencia del ámbito específico en el que estemos, si hablamos de la radio y la televisión, pues estamos hablando de dinero porque cuesta estar en la radio y en la televisión.
Si hablamos de la capacidad, digamos, el clientelismo como un elemento distorsionador de la contienda de la equidad electoral, estamos hablando de dinero directamente, o a través de programas sociales.
Y por supuesto, si estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales, pues estamos hablando ni más ni menos de dinero,
Es decir el dinero, el maldito dinero es el gran problema de las democracias hoy en día.
Y es el gran elemento distorsionador de la idea de equidad que constituye una de las condiciones, basta ver no solamente los índices de integridad electoral, sino también pues todos los estudios de calidad de la democracia, en todos ellos, el componente equidad de la contienda, en las condiciones de la competencia juega un papel fundamental.
Bueno, el dinero tiene dos dimensiones: el dinero en la política, el dinero en las elecciones.
Por un lado el de las reglas de financiamiento y por otro lado, el de los controles para que las reglas sobre el financiamiento efectivamente estén cumplidas.
En México, por cierto, con un debate abierto y que creo que tenemos que seguirlo manteniendo respecto a los montos con los que se está financiando la política y a esta, digamos, constante afirmación, por cierto documentada en el mejor de los casos de manera muy ambigua, de que el dinero que concurre en las elecciones dista muchísimo, de lo que realmente se reporta o qué es identificado por las autoridades electorales.
Nadie a ciencia cierta sabe cuánto es el dinero que se ocupa en las elecciones y sobre esto hay una enorme especulación.
Hay quien hace cálculos más o menos simplistas o simplificadores para tratar de aventurar cuánto es el dinero que efectivamente confluye en las elecciones.
Hay quienes recurren a un método científico muy sofisticado como decir, es que un amigo que compitió en una elección me dijo que gastó tanto.
O se dice por ahí que una elección de Gobernador o de diputados cuenta tanto. Es un método sin duda muy objetivo, muy científico ¿no? Que no descarto, pero que creo que hay que tomar con una cierta cautela, sobre todo una comunidad de estudiosos como la que está aquí presente.
Otros con más o menos asideros, como por ejemplo el cálculo de monto de efectivo que circula en los ámbitos territoriales, en los estados y en los municipios en donde hay elecciones durante el periodo electoral, compulsando, contrastándolo con el que ocurre, el que se identifica en tiempos no electorales, con lo cual la diferencia podría dar un indicio, se dice, del dinero en efectivo que fluye durante las elecciones.
Sin duda es un mecanismo mucho más objetivo desde el punto de vista científico que el primero, aunque también hay una especie de déficit, de objetividad o de precisión de este mecanismo de compulsa.
Pongo un ejemplo, ya que de dinero se habla mucho en estos días. El próximo año, el Instituto y eso ocurre cada tres años, bueno ahora cada año, porque hay elecciones todos los años en los que está involucrado el Instituto Nacional Electoral.
En donde hay elecciones, cuando hay elecciones federales, el Instituto Nacional Electoral se constituye en una de las principales fuentes de empleo durante sus periodos.
Para el próximo año estamos estimando alrededor de 60 mil empleos adicionales a la plantilla permanente del Instituto Nacional Electoral como parte de los esfuerzos de organización electoral.
Y como digo, normalmente a estos funcionarios, a estos empleados temporales del Instituto Nacional Electoral se les suele pagar y se les paga en cheque y normalmente lo que hacen esos funcionarios es cambiarlos en los bancos por efectivo, con lo cual la demanda de efectivo no solamente tiene una razón de ser, digámoslo así, de un flujo indebido de dinero hacia las campañas, sino que responde también a muchos otros elementos.
Cuando hay elecciones, hay una serie de empresas digamos proveedoras de servicios que los partidos políticos utilizan durante sus campañas, que se incrementan respecto de periodos no electorales.
Supongo que los fabricantes de camisetas, o de gorras, como se dice coloquialmente, harán su agosto el próximo año de cara a las elecciones federales.
Y no se trata necesariamente de dinero indebido, claro aquí no estamos hablando necesariamente de pago en efectivo porque hay ciertas reglas para comprar gorras y camisetas y el flujo de los recursos de los partidos políticos tiene que estar bancarizado. Es cierto, pero lo que quiero señalar es que es natural que durante las elecciones existe una derrama económica que no tiene una explicación necesariamente ilícita, sin con ello soslayar que evidentemente el tema del dinero en efectivo circulado en las campañas, es un tema delicado que constituye el principal desafío de la autoridad en materia de fiscalización.
No quiero hacer una explicación detallada de lo que son los mecanismos de fiscalización, no creo que sea el caso y sobre esto se ha hablado de manera reiterada. Lo que sí quisiera subrayar y lo digo en un ánimo, desde mi perspectiva de autoridad electoral ahora y no de académico, en un ánimo de cero complacencia.
Pero creo que hay muchos elementos para poder sostener que la fiscalización ha tenido un desempeño también éste incrementa a la par de la inflación respecto del concepto de equidad al que hacía referencia hace un momento.
Hoy la fiscalización, bajo la premisa de que tiene todavía muchas áreas de mejora, muchos desafíos por resolver, es una fiscalización cada vez más robusta si se le compara con los ejercicios anteriores.
Insisto, el que hoy estemos mejor en términos de fiscalización, capacidad de control del gasto, no significa que el tema esté resuelto, todo lo contrario, constituye probablemente el principal desafío no solamente en términos de operación y de capacidad técnica de las autoridades electorales, de la autoridad electoral nacional, porque como saben la fiscalización está centralizada, aunque sea para campañas locales en manos del Instituto Nacional Electoral y sobre todo, sin desatender el hecho de que la fiscalización seguramente como ha ocurrido en las últimas elecciones, constituirá uno de los principales elementos de disputa y de discusión al cabo de las próximas elecciones.
Es lamentablemente un tema que llegó para quedarse. De lo que se trata es, justamente, de instrumentar todas las mejoras que sean posibles a estos mecanismos para tratar de aminorar el peso en el conflicto postelectoral que pueda tener la discusión respecto del control del dinero en las elecciones.
Pero hay muchos elementos que nos llevan a poder sostener que la capacidad de fiscalización de la autoridad electoral hoy es mucho más robusta de lo que ocurría en el pasado, a pesar de que los desafíos impuestos para la autoridad nacional por la última reforma son desafíos no menores.
El hecho por un lado de haber pasado a ser una autoridad única en el país, encargada de fiscalizar los ingresos y los gastos de los partidos políticos, no sólo en las contiendas federales sino también en las contiendas locales, ha multiplicado radicalmente la carga de trabajo que está en manos de la autoridad nacional.
Para decirlo en pocas palabras, pasamos de, digamos, si el INE no existiera y siguiera siendo IFE, y consecuentemente estuviera obligado a fiscalizar las elecciones del próximo año federales solamente, estaríamos hablando de que la cantidad de informes de campaña, o de campañas que tendrían que revisarse rondarían en las 4 mil, que son las campañas federales, los cargos en disputa federales, multiplicados por el número de partidos y candidatos independientes.
Para el próximo año, habida cuenta que estamos hablando de más de 3 mil 400 cargos de elección popular en disputa, lo que supone un número equivalente de campañas electorales, multiplicado por el número de actores, si además le sumamos no sólo los informes de campaña, es decir, los gastos de campaña, sino lo de precampaña que también tienen que revisarse por el Instituto Nacional Electoral, hablamos de un número de campañas y precampañas o si se quiere de informes a revisar, del orden de los 70 mil informes.
Segundo desafío que trajo consigo la Reforma 2014, antes la fiscalización seguía una lógica expost, esto quiere decir, que la fiscalización se realizaba con posterioridad a que el proceso electoral se concluyera, de hecho la fiscalización arrancaba, los informes se presentaban una vez que las elección habían concluido, y se disponía de un plazo de casi un año para poder realizar las tareas de auditoria, antes de presentar los dictámenes finales respecto de las cuentas de campaña.
Ahora esto era así porque la fiscalización y la calificación de las elecciones, corrían, como dicen los abogados, por cuerdas separadas.
Es decir, la fiscalización, propiamente dicha, no tenía una consecuencia jurídica inmediata en la calificación de las elecciones. Ahora con el nuevo modelo, las dos cuerdas de unificaron y de hecho la fiscalización y sus resultados son elementos condicionantes de la propia calificación electoral, al grado de que, en la misma Constitución se han introducido una serie de condiciones o de casos, causales de nulidad de las elecciones, en caso de los rebases de los topes de gastos de campaña.
Todo esto que ha generado una gran expectativa y una gran discusión pública, a propósito de las calificación de las elecciones de Gobernador en el caso de Coahuila, habida cuenta de que en el ejercicio de fiscalización, que todavía está bajo revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el candidato ganador había rebasado los topes de gastos de campaña en un porcentaje superior al que la Constitución prevé como una causal de nulidad y que la diferencia entre el primero y segundo lugar se encuentra dentro del rango mínimo para que se pueda activar la causal de nulidad.
Para que esto pueda ocurrir, es decir, para que la fiscalización pueda ser un componente a tomar en cuenta en la calificación de las elecciones, tuvo que reducirse dramáticamente el tiempo que tiene la autoridad electoral para realizar la auditoria de la campañas; los ya conocidos 45 días posteriores a la realización de la jornada electoral dentro de los cuales, la fiscalización y todas las quejas que hayan sido presentadas respecto de irregularidades en los ingresos y gastos de campaña tienen que estar resueltas a la par de la propia fiscalización.
El desafío no es menor y para ello como saben ha tenido que echarse mano, entre otras cosas porque hay un mandato constitucional, de la creación de un sistema informático que poco a poco está desarrollándose y evolucionando y que con toda certeza para 2018 será mucho más robusto de lo que ha ocurrido en 2017, 2016 y 2015 por supuesto.
En todo caso debo decirlo, estamos todavía lejos de que éste sea un sistema, aunque la ruta, el objetivo es precisamente que este sea un sistema, digamos en el que la capacidad de auditoría esté fundamentalmente automatizada y a la autoridad electoral, los auditores se ciñan solamente a hincar el diente en aquellos casos indicados como casos problemáticos por ese cruce automatizado.
Ese es un objetivo, todavía no hemos, no estamos cerca de lograrlo, probablemente para las siguientes elecciones federales, no las que comenzarán en unos días sino en las del siguiente ciclo electoral podremos tener un sistema que realice estas funciones.
Sin embargo, creo que insisto, las capacidades y los datos están a la vista de la autoridad electoral en términos del incremento en su capacidad de auditoría, pues me parece notorio.
Solamente permítanme unos datos comparativos para evidenciar este hecho. En 2016 cuando se llevaron a cabo 14 elecciones locales, incluyendo las de la Ciudad de México para elegir a la Asamblea Constituyente que nos dio de una nueva, inédita Constitución para la Ciudad.
En el año 2016, en 14 elecciones se auditó un total de alrededor de mil 600 millones de pesos involucrados en las contiendas electorales. Para 2017, pero estamos hablando de los cargos, insisto de 14 elecciones locales.
Para 2017 con sólo cuatro elecciones locales, se auditaron casi mil 300 millones de pesos, el monto es menor, pero proporcionalmente mucho mayor si se piensa en la cantidad de elecciones y número de cargos involucrados.
En 2016 estamos hablando de 8 mil 271 candidatos, en 2017 de 3 mil 256, menos de la mitad.
Un segundo elemento que vale la pena señalar es que el número de testigos de gasto como los llamamos técnicamente, es decir aquello que resulta del trabajo en campo realizado por los auditores durante el transcurso de las campañas electorales y que se identifica como algún elemento que tiene un gasto implícito: espectaculares, los gastos que se verifican durante los actos de campaña, grupos musicales.
Este un tema, evidentemente una gran contribución de la música de banda en la contienda electoral, no, en la construcción de la democracia, prácticamente no hay acto político que no esté amenizado por un grupo musical, bueno pues esos grupo musicales cuestan y aunque no cuesten y lo hagan gratuitamente, legalmente eso se considera como un gasto, como una aportación en especie y tiene que contabilizarse.
Pero el número de testigos, para decirlo en otras palabras, la capacidad de recabar o de identificar el gasto en el campo se incrementó de manera notable.
En el año de 2016 en las 14 elecciones se lograron recabar durante el tiempo de las campañas un poco más de 17 mil 500 testigos de gasto.
Para las cuatro campañas de 2017, se lograron identificar más de 76 mil testigos de gasto.
Es decir en un número mucho más reducido de campañas, a pesar de que hablábamos de elecciones como las del Estado de México y que tienen el padrón electoral más grande del país.
Sin embargo a pesar de que sólo había cuatro estados en campaña, el número de identificación del gasto, de elementos de gasto por parte de la autoridad electoral se incrementó sustancialmente. Y esto trajo como consecuencia, un impacto directo en el incremento del gasto no reportado.
Ustedes saben que los partidos políticos tienen la obligación de reportar a la autoridad, de informar a la autoridad electoral todo peso ingresado y todo peso erogado sustentado todo ello en soportes documentales y todo esto se carga justo en el sistema de fiscalización.
Bueno, el gasto que se identifica en la calle y que no tiene, que no se encuentra, luego de un procedimiento donde se garantiza, se respeta la garantía de audiencia de los propios partidos políticos, por supuesto, que no puede justificarse con alguna de las facturas que reportan los gastos realizados, se considera como un gasto no reportado, y por lo tanto, un elemento sancionable.
Bueno, en el año 2016 el monto de gastos no reportados ascendió a 77.3 millones de pesos, en 14 elecciones,
En 2017, en sólo cuatro elecciones, este monto hasta el momento, porque hay algunos procedimientos que todavía están en curso, asciende en las cuatro elecciones a casi 230 millones de pesos.
Si tomamos en cuenta los procedimientos, insisto, que todavía están en curso, con los que se finiquitará la fiscalización de las elecciones en los cuatro estados que concurrieron en las urnas el pasado 4 de junio, probablemente alcancemos una cifra récord, histórica, del orden de 300 millones de pesos de gasto no reportado identificado por la autoridad electoral.
Si alguien me hace la pregunta, ¿y eso es todo el gasto no reportado? La respuesta probablemente sería no.
Pero esto es lo que la autoridad electoral logró detectar que representa una capacidad de auditoría mucho mayor de la que se tenía hace apenas un año. Y que de cara a las elecciones del próximo año busca, evidentemente, robustecerse aún más.
¿Qué quiere decir con esto? Que la fiscalización, que en el tema de la fiscalización es miel sobre hojuelas, realmente sería absurdo plantearlo.
Como ustedes saben, en los dos meses previos justamente la tarea de fiscalización fue profundamente discutida, debatida, y objeto de una crítica importante. Y es por esas razones que de cara a las elecciones del próximo año, estamos en un proceso de ajuste, no de refundación, pero sí de ajuste de las normas de fiscalización, concretamente del Reglamento de Fiscalización, precisamente para que esas normas sean más precisas en donde no lo son, pero más estrictas en donde deben serlo.
Pienso y pongo solamente dos ejemplos, en algo que fue una desafortunada polémica producida en esta ocasión por el mismo Instituto Nacional Electoral, luego de que habíamos logrado una conquista, déjenme llamarlo así, importante ante el Tribunal Electoral al lograr que se reconociera que ningún elemento externo al sistema.
O dicho así, ningún dato, ninguna información no cargada por los partidos políticos en el sistema de fiscalización, el así llamado SIF, Sistema Integral de Fiscalización, podría ser considerada en la revisión de los ingresos y gastos en la tarea de fiscalización.
Para decirlo de manera llana, lo que no está en el SIF no está en términos de fiscalización.
Desafortunadamente hubo una circular emitida por la autoridad electoral en los procesos de fiscalización pasados en donde se autorizó a los partidos políticos a contravenir este principio y a no cargar en el Sistema Integral de Fiscalización, o en todo caso, no entregar a la autoridad electoral toda la documentación que tenía que ver con los comprobantes de gratuidad en la función de representantes de casilla, o representantes generales de los partidos políticos durante la jornada electoral.
Y que en las reglas de fiscalización establecen, que en principio, se considera una acción pagada por los partidos políticos.
Es decir, que tú tengas partido a un representante ante una casilla, se presume que implica un pago de una contraprestación a dicho representante, a menos que, se presente un documento, un formato llenado y firmado por el representante, con todos sus datos, anexando incluso la credencial de elector, en el que se da fe de que ese trabajo fue un trabajo gratuito.
Cada registro que no conste en el sistema de fiscalización, esa era la premisa, es la premisa, supone la contabilidad de un pago, en caso no estar reportado el pago, se saca una media, digámoslo así, una matriz de costo del pago para aplicarlo como un gasto no reportado y sumarlo en consecuencia a los topes de gasto de campaña, a los gastos para efecto de verificar que no haya un rebase de los topes de gasto de campaña.
Insisto, desafortunadamente existió esta circular, que abrió la puerta justamente a lo que hoy está en curso, es decir, tener que hacer un procedimiento oficioso que implicó la recepción de información y de documentación de los partidos políticos fuera de los plazos establecidos del Reglamento de Fiscalización.
Y lo digo con toda la vocación autocrítica que sea posible. Esto no puede volvernos a ocurrir en los futuros procesos electorales, por eso mismo, de las normas que están por afinarse en los próximos días antes de que el 8 de septiembre arranque el proceso electoral, están justamente modificaciones al Reglamento de Fiscalización para determinar que nada que no esté en el Sistema o en caso de falla del sistema, entregado en los tiempos a la autoridad electoral podrá ser contabilizado o analizado para efectos de la revisión de los gastos de campaña.
Una segunda modificación tiene que ver con un tema que suscitó una enorme polémica y fue el uso no novedoso, algo que ha venido ocurriendo en los últimos años en distintos procesos electorales y que no ha sido, hay que decirlo patrimonio o monopolio de un solo partido político, hay varias fuerzas políticas que han utilizado este mecanismo, que es el uso de tarjetas para, digamos, que prometen el cumplimiento de un beneficio no necesariamente a cambio del voto, pero sí a cambio de que se cumpla determinado resultado electoral.
Que es el tema de las tristemente célebres tarjetas rosas que fueron utilizadas por algún partido en las elecciones pasadas, pero que con distintos nombres, recuerdo unas tarjetas que creo que se llamaban “apreciar” o “apreciado” o algo por el estilo en la contienda electoral de gobernador de Colima.
En fin y aquí sí la lírica electoral y la capacidad inventiva en el bautizo de denominación de tarjetas que prometen beneficios, es tan amplia como quieran imaginar, pero que se constituyen en un elemento que la autoridad electoral determinó y va a determinar linda en el ámbito de las dádivas a cambio de voto que están prohibidas por la legislación electoral.
Esto es el Reglamento de Fiscalización y otras normas serán ajustadas, se está planteando, para prohibir las tarjetas personalizadas que impliquen la promesa de un beneficio personalizado, es decir, un beneficio individual a cambio de un resultado en las elecciones.
La frontera es una frontera delicada porque estamos hablando, digámoslo así, de algo que a juicio de muchos es simple y sencillamente una promesa de campaña.
Hombre, cuál es la diferencia entre una tarjeta y prometer que se va a construir un hospital en una determinada comunidad. Bueno, la diferencia que hemos identificado está justamente en la dimensión de la personalización de la expectativa de un beneficio; no es lo mismo tener una expectativa como comunidad de que se le va a hacer una carretera o que se va a construir una escuela, a tener como individuo, como votante, la comunidad no vota en su conjunto, está compuesta por individuos que son votos individuales.
A diferencia de la percepción, si se quiere, incluso hasta psicológica, de obtener un beneficio particular, específico, individual a cambio de que ocurra un determinado resultado electoral.
Esto hemos considerado linda en la dádiva y consecuentemente va a ser prohibido.
Todo esto se vincula con lo que hemos llamado reglas de cancha pareja y que han sido objeto de una intensa polémica.
Hay actores que han señalado que lo que estamos haciendo es, lejos de generar condiciones de equidad, generar desequilibrios muy graves. Hay algún aspirante a candidato independiente que dice” es que los partidos a mí se me va a impedir hacer promoción de mi persona, de mi imagen, de mi nombre, de cara al proceso de recolección de firmas que comenzará hacia finales del año, mientras que los partidos disponen de una gran maquinaria para seguirse promocionando”.
Bueno, yo creo que es exactamente al revés, la lógica de la Cancha Pareja significa justamente que en el ámbito de los partidos quienes aspiran a un cargo de elección popular, ser postulados por dichos partidos a un cargo de elección popular, no pueden aprovecharse de todas las prebendas partidistas para posicionarse indebidamente, con lo cual, si bien es cierto que un aspirante a una candidatura independiente no puede gastar dinero para promocionar su imagen, tampoco lo pueden hacer los militantes o dirigentes de los propios partidos políticos, o peor aún, lo funcionarios públicos utilizando recursos públicos.
Creo que es importante poner énfasis en lo siguiente.
Lo que hemos llamado reglas de Cancha Pareja y que han provocado un alud de impugnaciones, 334 impugnaciones con la que la convierten en uno de las decisiones de la autoridad electoral más impugnadas en toda la historia.
Han hecho el énfasis esencialmente en dos puntos: uno, en la violación de la libertad de expresión y dos, en el exceso de atribuciones de la autoridad electoral, que está legislando cuando esta es una competencia exclusiva del legislador o como se dice jurídicamente, es un asunto de reserva de ley.
Yo creo que ninguna de las dos cosas tiene sentido, es mi punto de vista, por supuesto, y será el Tribunal el que lo resuelva en definitiva.
En primer lugar, porque no se está acotando la libertad de expresión, hubo actores de algún partido político que dijeron que el INE estaba pretendiendo regular las redes sociales, lo cual es absolutamente falso.
Que estábamos impidiendo la posibilidad de que los actores políticos relevantes pudieran expresar sus ideas en medios de comunicación, lo cual es absolutamente falso.
En realidad, lo único que se está regulando y lo que se está limitando, es la posibilidad de ejercer recursos, es decir, dinero -público o privado- para la promoción individualizada de cara al arranque del espacio previsto por la ley, las precampañas, para, por un lado, conseguir apoyo ciudadano si se aspira a ser candidato independiente, o por otro lado, definir en una contienda interna de los partidos políticos quiénes serán los candidatos a los distintos cargos de elección popular.
Desde el arranque del proceso electoral y hasta el arranque de las precampañas que ocurrirá en el mes de diciembre, lo que estamos planteando, es que entramos en un periodo especial de prevención de la equidad de cara a la contienda interpartidista y de los aspirantes, de la presentación de los aspirantes a candidaturas independientes ante la ciudadanía, en el que lo que no se vale es utilizar recursos para una promoción individualizada.
¿Se puede tener una cuenta de Twitter?, ¿se puede actuar en una cuenta de Twitter o de Facebook o colgar videos en YouTube?
Claro que se puede. Lo que no se puede es pagar para que Facebook o Twitter potencien ese mensaje, cosa que por cierto ya estamos fiscalizando a pesar de que las cuentas de Twitter y de YouTube y de Facebook se administran fuera de México, ustedes contratan, buscan potenciar un tweet, en realidad no le están pagando a Twitter México, sino que le pagan a cuentas que se encuentran en el extranjero.
Facebook, por ejemplo, concentra todo el aparato financiero de esa red social en Facebook Irlanda, con quienes hemos encontrado por cierto una enorme colaboración, Facebook y twitter nos están dando toda la información financiera, que por cierto ha llevado a multas no menores en las campañas de 2016 por primera vez, y sobre todo de 2017, a los actores políticos que no habían reportado el dinero gastado en Twitter.
¿Está mal, está prohibido gastar dinero para potenciar cuentas en Twitter o en Facebook durante las campañas? La respuesta es no. Lo que está prohibido es no reportarlo.
¿Estará prohibido utilizar estos recursos de potenciación en los meses que anteceden la precampaña desde que arranca la elección, el proceso electoral el próximo 8 de septiembre? La respuesta es sí.
Porque justamente es eso lo que se trata de impedir, que el dinero no se constituya en un elemento distorsionador de la equidad de cara, en un momento en donde justamente el propio legislador ha establecido como una violación a la equidad, la posibilidad de que existan actos anticipados de precampaña.
Y esto no lo dijo el INE, lo dijo el legislador y está previsto como un ilícito que eventualmente es objeto de sanción si es detectado por las autoridades electorales federales y locales.
¿Es algo indebido regular esto, es algo excesivo por parte del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que no, por una simple y sencilla razón, porque si bien habría sido conveniente que el desarrollo legislativo de este tipo de prohibiciones, que esta garantía normativa de la equidad, hubiera sido realizada por el legislador, también es cierto que hay una omisión del legislador en esta y en otras materias.
Por ejemplo, en algunos casos en una flagrante omisión a la Constitución; por ejemplo, el artículo 134 que prevé el principio de imparcialidad y prohíbe el uso de la propaganda gubernamental personalizada, que debió haber contado con la ley reglamentaria, así lo preveía el régimen transitorio de la Reforma 2007 y que no se cumplió.
Así lo preveía expresamente el régimen transitorio de la Reforma 2014 y que ya se agotó y no se cumplió, y que hoy en día pone a la autoridad electoral en un dilema: o no poder aplicar esas prohibiciones y sancionar las violaciones a esas prohibiciones porque no hay un régimen legal que lo permita, sino parámetros generales establecidos en la Constitución, o suplir al legislador, ojo, no en una invasión de competencias, sino en ejercicio de potestades constitucionales como son la potestad reglamentaria, a partir de la facultad de atracción, para emitir criterios, es decir normas de carácter vinculante y general para las elecciones federales y locales en todo el país, o bien, seguir viviendo el dilema que se ha planteado, porque las fuerzas políticas, por angas o mangas no han complementado la regulación, pero sí utilizan en sus impugnaciones y en su descalificación al trabajo de las autoridades electorales, la omisión de sancionar el incumplimiento de esas prohibiciones.
¿Qué puede ocurrir? Que el Tribunal nos diga que nos excedimos, sin duda puede ocurrir eso. Yo creo que hay elementos suficientes y además un gran bagaje de doctrina, que ha llevado a señalar como muchos tribunales, por parte de muchos tribunales constitucionales, que es pertinente para garantizar los principios rectores de una determinada actividad y en este caso estamos hablando del principio rector de certeza y de legalidad, a fungir como entes reguladores ante las omisiones legislativas.
Termino solamente diciendo, no lo que hemos hecho, un par de agregados a lo que he mencionado de la idea de Cancha Pareja, sino simple y sencillamente, apuntar la expectativa de lo que vamos a hacer en las próximas semanas.
Los lineamientos de Cancha Pareja no solamente inhiben a, cosa que nos mandató el Tribunal Electoral a realizar, a regular las condiciones de aparición de los dirigentes y voceros partidistas en las pautas a que tienen derecho en radio y televisión los partidos políticos para evitar, lo dijo así el Tribunal, eventuales fraudes a la ley y vulneración al principio de equidad en la contienda, lo que significa decir cuándo se puede y cuándo no o hasta dónde se puede aparecer, pero también para cualquier otro aspirante a un cargo de elección popular y más aún a los funcionarios públicos.
El reglamento de Cancha Pareja con todas las letras prohíbe que se utilice la propaganda gubernamental personalizada, que se permite por la ley como única excepción, para publicitar los informes de labores siete días antes y cinco días después de que los mismos ocurren, si ese funcionario público que rinde un informe, y que contrata publicidad para promover el mismo informe, aspira a un cargo de elección popular durante este periodo.
Porque lo que estamos asumiendo, es que si hay una aspiración a un cargo de elección popular, en realidad esa contratación de dinero es para posicionarse, vulnerando el principio de equidad de cara a la ciudadanía.
Recuerdan el caso de los spots de los legisladores del Partido Verde rindiendo informes de cara a la elección de 2015, bueno eso ya no se va a poder hacer, siempre y cuando esos legisladores aspiren a un cargo de elección popular.
Ustedes me van a decir, pero cómo vamos a ver si aspiran, si todavía no han arrancado las precampañas, bueno, cuando haya un promocional de esta naturaleza, supongamos que un Gobernador, entiendo que no los hay, pero supongamos que un Gobernador aspira a ser candidato a la Presidencia de la República y promociona su informe en radio y televisión, lo que el INE va a hacer es preguntarle, oiga señor Gobernador usted aspira a un cargo de elección popular, sí o no.
Si la respuesta es sí, tendría que suspender esa promoción en radio y televisión. Si la respuesta es no, la promoción puede continuar, pero si cuando llega el periodo de precampañas resulta que se inscribe como precandidato o se presenta en algún momento la propuesta de candidatura, ese gasto realizado, digamos tramposamente, porque se burló, se intentó burlar de la autoridad electoral, no solamente será contabilizado dentro del tope de gasto de precampaña, que si son rebasados implica la negativa de registro como candidato, sino también eventualmente pueden detonar el inicio de un procedimiento sancionador, por haber incurrido en actos anticipados de precampaña.
Como pueden ver, la idea es que haya Cancha Pareja para todos. Los lineamientos de Cancha Pareja tienen un propósito muy específico; que las reglas en torno a la equidad en este momento tan delicado que es cuando arranca la elección, y en realidad, toda la política empieza a orbitar en torno a la misma, den claridad a todos los aspirante, pero también a la ciudadanía de lo que se puede y de lo que no se puede, pero sobre todo, poner las reglas sobre la mesa para que los tramposos de la equidad no puedan aprovecharse de la vulneración de las reglas.
Si alguien me pregunta: ¿Contra quiénes están dirigidas las reglas de Cancha Pareja?, ¿contra algún gobierno, contra algún funcionario, contra algún candidato? La respuesta es no.
Las reglas de Cancha Pareja están dirigidas para evidenciar y para sancionar a los tramposos.
¿Qué viene en las próximas semanas? Pues complementos a estas reglas de Cancha Pareja.
Menciono telegráficamente dos complementos. El primero es el que tiene que ver con las tarjetas que ya he mencionado.
El segundo es el que tiene que ver. Perdón, son tres elementos. Las tarjetas, el segundo es el que tiene que ver con la regulación del 134, que también apuntaba, y el tercero tiene que ver con el que ha sido también objeto de una enorme polémica pública, sobre todo en las recientes elecciones.
Y es la lamentable tentación de utilizar programas sociales con fines político-electorales.
Lo que vamos a hacer por primera vez es anticipar la regulación sobre los programas sociales que ya habíamos venido expidiendo en las elecciones de 2016 y en las de 2017, pero que lo hicimos ya de cara a las campañas, desde antes que las elecciones comiencen.
Antes del 8 de septiembre habremos de expedir, en el INE, lineamientos sobre cuáles son los programas sociales que se valen estén operando durante las elecciones, particularmente durante las campañas electorales, cuáles son las reglas para que esos programas sociales puedan ser considerados válidos.
Primera. Que estén contemplados en el presupuesto. Segunda. Que las reglas de operación sean reglas de operación definidas con antelación. Y tercera. Que los programas sociales no puedan ser distribuidos, aquellos que sean válidos, no puedan ser distribuidos en actos masivos públicos desde el arranque de las contiendas internas de los partidos políticos.
Con lo cual, si estas reglas al final pasan el test de constitucionalidad, no es que se suspendan los programas sociales, pero se van a acotar programas sociales federales, locales y municipales de temporada electoral.
Y sobre todo, lo que queremos, es inhibir la visibilidad pública que puede vulnerar la equidad electoral, de la distribución de programas sociales que no son logros de gobierno, sino son simple y sencillamente cumplimiento de obligaciones para satisfacer derechos sociales.
Termino diciendo que las elecciones por venir serán elecciones, sobra decirlo, complejas, pero la idea de anticipar estas reglas que antes se emitían durante el desarrollo del proceso electoral, antes del inicio de los mismos, tiene el propósito de permitir a la ciudadanía y a la academia, generar un contexto de exigencia, no sólo a las autoridades electorales, lo cual es siempre venturoso y bienvenido, sino también a los otros actores, gobiernos y partidos, que con su actuación pueden vulnerar la equidad en la contienda electoral.
Para decirlo en pocas palabras, una vez que aprobemos el reglamento de programas sociales, para impedir el uso electoral de los programas sociales, y que lo hagamos antes de que arranque el ciclo presupuestario, la discusión presupuestaria, se abre la posibilidad para que desde la academia, desde la sociedad civil, todas estas organizaciones comprometidas con la lucha anticorrupción, puedan revisar y dar seguimiento a la discusión de los presupuestos, y sobre todo, a la definición en éstos ,de los propios programas sociales, y verificar, de manera paralela, lo que tendrá que hacer la autoridad electoral, si las reglas para evitar el uso político de los programas sociales se cumplen o no.
Es decir, lo que el INE está pretendiendo hacer es generar normas que puedan ser utilizadas en la auditoría social y, a final de cuentas, en la rendición de cuentas desde la sociedad hacia todos los órganos de gobierno que es definitoria de toda democracia.
Muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la conferencia magistral «Fiscalización y cancha pareja para la propaganda política. Contribuciones del INE de cara al 2018», que dictó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el marco del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los Desafíos Globales de la Gobernanza Electoral, realizado en la UNAM
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