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El Instituto Nacional Electoral, como organismo constitucional autónomo, deberá aprobar su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2018 y enviarlo al Ejecutivo Federal para que éste lo turne a la Cámara de Diputados.
Como se sabe, el próximo año México vivirá la elección más grande de su historia, van a concurrir las tres Elecciones Federales y 30 Procesos Electorales Locales.
Se va a votar para definir la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, ocho gubernaturas, la Jefatura del Gobierno de la Capital del país, Diputados Locales de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, para dar un total de tres mil 416 cargos de elección popular.
Con ello, se refrenda que es a través del voto libre y secreto, por una vía pacífica e institucional como la ciudadanía mexicana define quién la gobierna y quién la representa.
La libertad de elección de gobernantes y legisladores es un derecho humano fundamental que el INE va a garantizar escrupulosamente para los 88.9 millones de ciudadanos que se estima conformarán el Listado Nominal el próximo 1° de julio.
En 2018 se tendrá la primera Elección Presidencial a cargo del INE.
Para ello va a instalar a lo largo y ancho del territorio nacional 156 mil casillas, de las cuales 149 mil serán casillas únicas, el 96 por ciento del total; es decir, en las que se votará tanto por cargos de elección federal, como por los cargos locales y todo ello con cargo a los recursos del INE.
En 2015 el INE ya organizó una Elección Federal que fue concurrente con 16 elecciones locales.
Este año se instalarán 83 mil 735 Casillas Únicas, así como 65 mil 98 casillas sólo federales.
Para instalar estas 156 mil casillas el INE tiene el deber legal de visitar en su domicilio el 13 por ciento del Padrón Electoral. Esto significa 11 millones y medio de ciudadanos, 600 mil más que en 2015.
Para que todo ciudadano con credencial para votar tenga una mesa de votación cerca de su domicilio, se necesitará una vasta participación de la ciudadanía, desempeñándose en cargos de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. En total se requerirá un millón 392 mil ciudadanos, que representan un incremento del 15 por ciento frente a 2015.
Este arduo trabajo será realizado en campo por 38 mil 951 Capacitadores Electorales y seis mil 562 Supervisores. Un total de 45 mil 513 ciudadanos, en su mayoría jóvenes, quienes serán contratados por personal eventual por el INE para asegurar que en todo el rincón del país haya casillas puntualmente instaladas.
Frente a la elección electoral pasada, la del 2012, el Padrón Electoral habrá crecido para el 2018 en 10.4 millones de ciudadanos, lo que nos da un crecimiento neto del 12 por ciento, que necesariamente repercute en el número de casillas a instalar, la documentación a imprimir y el material electoral a producir.
El INE no escatimará en dar a todos y cada uno de los posibles electores, sin importar su lugar de residencia, la misma garantía para ejercer sin contrapisas su derecho político más importante.
Las cifras históricas muestran que el IFE, en las tres elecciones presidenciales que organizó como organismo autónomo, las de 2000, 2006 y 2012, en promedio utilizó el 0.35 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto es, la operación del IFE costó 35 centavos por cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación en cada elección en lo que va del ciclo.
Las consejeras y consejeros del INE, junto con la Junta General Ejecutiva, nos propusimos no rebasar ese monto y mantenernos en la misma meta.
Por ello, proponemos solicitar un presupuesto de operación que sea equivalente al 0.35 por ciento de lo que estimamos será el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018.
Así el INE costará en términos relativos en esta elección, lo mismo que en promedio costaba el IFE antes.
Renovar los poderes públicos de forma pacífica e institucional, costará 35 centavos de cada 100 pesos del Presupuesto de la Federación.
La cifra agregada que solicitaremos asciende a 18 mil 226 millones de pesos.
En el presupuesto base de operación del Instituto, hay frente al año inmediato anterior un aumento de 7.1 por ciento, que se explica por tres razones diáfanas:
Primero, la redistritación que implicó mover de sede 42 Juntas Distritales, y su efecto en el alquiler. Eso explica 1.7 por ciento.
En segundo lugar, el tipo de cambio que afecta las compras en dólares para producir la credencial para votar, equipo de cómputo, significa un incremento cambiario del 12.35 por ciento, según los criterios de la Secretaría de Hacienda que implicará en nuestro presupuesto sólo 3.9 por ciento más.
Y, la tercera razón por la que crece en 1.5 por ciento el presupuesto base, se debe a la creación de 334 plazas en atención a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, básicamente en la Unidad Técnica de Fiscalización.
Fuera de ello, de estas tres razones, no habrá incrementos en el presupuesto ordinario del INE, ni se crean plazas fuera de las que nos mandató el Poder Judicial, ni habrá aumento en las remuneraciones reales de los funcionarios.
En lo que toca al presupuesto de proyectos, lo que se destine a eventos que ocurren como en 2018, que hay una elección presidencial de Senado, de Cámara de Diputados y 30 concurrentes, estamos proyectando 2 mil 159 millones, descontando la inflación adicionales a los que se ejercieron en 2015.
Estos 2 mil 159 millones, se explican básicamente por actividades directamente relacionadas con la elección.
El 52.1 por ciento de este incremento, corresponde a tareas de capacitación y organización electoral, donde destacan la instalación de más casillas, de casillas únicas, la realización de cómputos y recuentos, la operación de los sistemas de la Jornada Electoral.
El 18.6 a las Tecnologías de Información aplicadas al Proceso Electoral, dispositivos móviles para trabajo de campo de capacitadores y asistentes, transmisión de datos de conteos rápidos, la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
El 15.4 por ciento a actividades del Registro de Electores, que implica la impresión de los Listados Nominales que habrá en cada casilla electoral, la operación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Exterior, que esperamos sea la más cuantiosa de la historia, y la realización de conteos rápidos; además de 12.6 por ciento adicionales vinculados a la tarea de la fiscalización de partidos y candidatos.
Vamos a tener, frente a 2012, a lo que fiscalizó el IFE, un crecimiento de más del 900 por ciento en el número de candidatos a fiscalizar y eso implica pues un crecimiento, también, de los recursos invertidos en esta tarea cada vez más relevante en nuestros procesos electorales.
Cabe decir que de las 149 mil casillas únicas que va a instalar el INE, esas 149 mil casillas van a permitir que se vote también para las elecciones locales.
En el modelo anterior los OPLES, los Institutos Locales, hubieran tenido que instalar directamente ellos ese mismo número de casillas, lo que implica que ahora el INE está asumiendo ese gasto y si, por ejemplo, en las elecciones locales de 2017 el costo sólo de instalar una casilla para elección Local fue de 10 mil 500 pesos, el monto unitario, eso quiere decir que el INE está asumiendo una erogación de mil 580 millones de pesos que ya no tendrán que gastar las entidades federativas.
El INE no tiene otra prioridad que cumplir con sus atribuciones constitucionales y servir a la ciudadanía organizando Elecciones libres, equitativas y confiables.
El INE no dejará de cumplir con ninguna de sus obligaciones pero el INE es una institución consciente de las restricciones financieras del país; por eso ajusta su solicitud presupuestal al porcentaje que el IFE representó en las tres Elecciones Presidenciales anteriores: 0.35 por ciento del Presupuesto de Egresos, 35 centavos de cada cien pesos que se ejerzan por la Federación.
El INE ha sido una institución sensible con el contexto nacional y por ello reintegró a la Federación este año mil 70 millones de pesos que había recibido para invertir en infraestructura inmobiliaria.
El INE está dispuesto a contribuir con sus capacidades y experiencia institucional al propósito de encontrar un Sistema Electoral que pueda resultar menos oneroso para las finanzas públicas.
El INE tiene toda la disposición de participar en un ejercicio nacional que necesariamente habrá de involucrar a los partidos, a los responsables de la conducción económica del país y al Poder Legislativo para analizar los costos de la democracia.
El INE no puede -al mismo tiempo- ni debe unilateralmente modificar sus atribuciones o implementar procedimientos electorales distintos a los previstos en las Leyes, pero estamos convencidos de que sin renunciar a la certeza en los comicios, es posible un ejercicio de simplificación, reducción de la sobrerregulación excesiva con su consecuente impacto en la racionalidad administrativa y reducción presupuestal.
Las Elecciones de 2018 se harán con las normas vigentes que el INE cumplirá y hará cumplir. Pero repensar nuestra democracia también pasa, desde ahora, por discutir de manera abierta, informada y racional qué cambios legales son necesarios para en el futuro disminuir el costo electoral en el país.
Muchas gracias.
Estamos a sus órdenes.
Versión estenográfica del posicionamiento emitido por el Presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2018 del INE, Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, en conferencia de prensa
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