En este punto resolveremos un asunto delicado que se sitúa en la frontera entre las ofertas de campaña y la promesa de dádivas a cambio de voto.
Empiezo señalando que el triángulo constituido por los vértices de pobreza, clientelismo y elecciones se ha convertido en uno de los problemas serios de la democracia mexicana.
Ancestralmente la desigualdad y la pobreza han formado parte del paisaje nacional y resulta lamentable que lleguen a ser vistas como algo natural y no como un hecho ominoso que atenta contra la cohesión social, los datos del CONEVAL no dejan lugar a dudas: el 53 por ciento de la población padece pobreza patrimonial, lo que quiere decir que 64 millones de mexicanos no tienen condiciones materiales de vida dignas.
Los programas sociales se han multiplicado como paliativos contra la pobreza, son “el mejoral” del que echan mano gobiernos de todos signos y colores; hay programas sociales necesarios, buenos, otros redundantes, mal planeados y peor ejecutados, dispersos y confusos e incluso los hay con efectos regresivos que benefician a los ya favorecidos.
No es una exageración decir que nunca habíamos tenido tantos programas contra la pobreza, ni tantos millones de pobres en el país, la historia económica y social de México nos demostró, con contundencia, en las décadas de la alfabetización, industrialización y urbanización del siglo pasado, cuando prácticamente se duplicó la esperanza de vida de los mexicanos, que sólo el crecimiento económico y la generación de empleo formal con salarios dignos para los trabajadores permiten la expansión de las clases medias y del bienestar. Eso muestra también la experiencia internacional, hay que crecer y distribuir la riqueza mediante política fiscal para que haya progreso social.
Aquí llevamos 35 años de lento crecimiento, en que ni se reduce el porcentaje de pobres ni se revierte la desigualdad y la mitad de este largo periodo de estancamiento se ha dado tras la alternancia del 2000.
Tenemos una democracia que en 17 años ha producido 11 millones de pobres adicionales, y democracia que contemporiza con la pobreza, es democracia que erosiona su propia viabilidad y que mina su legitimidad.
Lo dijo en el INE hace unas semanas en su conferencia magistral el Profesor Emérito de la UNAM, Rolando Cordera: “Si la extensión y profundización de la desigualdad no se asume como uno de los temas centrales de las tareas nacionales en la agenda global, no sólo se pone en la picota la justicia, sino a la democracia misma que al soslayar la cuestión social pierde el sentido y se vacía de contenido”.
En esas estamos, en un país con pobreza masiva, con desigualdad intocada, con proliferación de programas sociales como paliativo, sin política de crecimiento, con un Estado Fiscal débil y con la evidencia de que se gasta poco y mal en asegurar los derechos sociales básicos consagrados en la Constitución.
Y en época de elecciones surge la preocupación legítima de si esa pobreza tan extendida, añeja y persistente no puede dar lugar a abusos, a intentos de compra y coacción del voto, incluso también surge una preocupación menos legítima en el otro extremo, en ciertas élites pretendidamente progresistas, pero impregnadas de un profundo clasismo, que se acuerdan de los pobres porque votan, que se alarman porque los pobres puedan sufragar siendo manipulados, pero que no se enfurecen ante la existencia de la pobreza cotidiana, que no entiendan que mientras toda pobreza es indignante, no todo pobre es indigno.
También hay quien se cuestiona si con tanta pobreza es dable hablar de democracia realmente.
Y la respuesta es sí, un pobre no tiene que ser condenado a vivir en el autoritarismo, en un país puede haber un sistema político formalmente democrático, aún con pobres, pero a la vez hay que reconocer que no tendremos una democracia de calidad, sino se reducen la pobreza y la desigualdad y si no se coloca en el centro de la existencia del sistema político al bienestar colectivo, o la democracia mexicana asume en la primordial importancia de la equidad social o sólo será funcional para las élites de las que formamos parte todos los aquí sentados y para aquellos que vayan ocupando los puestos de gobierno y representación; es decir, ustedes los partidos, pero será una democracia en continuo proceso de erosión.
Por eso el uso o abuso de los programas sociales en época electoral, sean del partido que sean, o el intento de ofrecer dádivas a cambio del voto, son temas críticos de la democracia mexicana. Por eso el tema ha llegado a esta mesa, donde se debate y se decide sobre lo que es válido y legítimo hacer en las campañas electorales y lo que no.
El INE no ha mirado para otro lado en lo que toca a programas sociales, año con año ha venido fijando reglas para evitar el uso electorero de la política social. Para 2017 este Consejo votó el acuerdo para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz; y en alcance a ese acuerdo y antes del inicio de las campañas también establecimos la prohibición para la entrega masiva de los beneficios de programas sociales en actos públicos.
Esos acuerdos se convirtieron en una herramienta legal a disposición de partidos y ciudadanos para presentar denuncias ante comportamientos de gobiernos que les resultaran tramposos en la temporada electoral. Ahora estamos ante una queja porque un candidato, además de ofrecer programas sociales y apoyos concretos de bienes y servicios, distribuyó un conjunto de tarjetas.
Hasta ahí podríamos estar ante la repartición de piezas con publicidad electoral, pero con la entrega de las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, a cambio, el partido recababa datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían apoyos.
Y dice el partido denunciado, que a partir de ese registro de ciudadanos, elaborado durante la campaña electoral, de ser gobierno, empezaría a otorgar, cito textual, “un apoyo social en dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta plástica”. Cierro la cita de la respuesta del partido.
La recolección de datos personales es incorrecta e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido o la coalición.
La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que “monederos” en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios si sufragan por el partido y éste resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto, no es una promesa general, legítima y válida.
A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a 2018.
Gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Electoral Ciro Murayama, en el punto 3.5 de la sesión extraordinaria, relativo al proyecto de resolución en materia de fiscalización, en contra del candidato a Gobernador de Coahuila, de la coalición “Por un Coahuila seguro”
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