Número: 233
- Corresponde a otras instancias llevar a cabo investigaciones sobre presunto desvío de recursos públicos
- La Unidad Técnica de Fiscalización no acreditó que recursos provenientes de las empresas denunciadas hayan tenido como destino la campaña de algún partido político
Con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del INE declaró improcedente la queja presentada respecto a las presuntas aportaciones de la empresa OHL y otros sujetos impedidos, así como el presunto mal manejo de recursos públicos para beneficio del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
El pleno determinó que el asunto denunciado compete a diversas autoridades, ya que está relacionado con el uso indebido de recursos públicos y se denuncian actos de supuesta corrupción de servidores públicos y empresas, los cuales no son sujetos de posible sanción por parte de la autoridad electoral.
El Consejero Enrique Andrade, Presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que con la resolución aprobada, el Instituto da vista a varias instituciones que se consideran competentes para averiguar lo que se está diciendo en esta queja, toda vez que el INE no es la autoridad competente para auditar a los gobiernos.
“Se le está dando vista a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, al Órgano Interno de Control del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a la Sociedad Nacional de Crédito, a la Secretaría de la Función Pública, porque de lo que se denuncia, probablemente estas instituciones pudieran tener alguna competencia para averiguar lo que se dice en esta historia de prácticamente 30 años de movimientos financieros y desvíos de recursos”, dijo.
Durante su investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización no acreditó que recursos provenientes de las empresas denunciadas hayan tenido como destino la campaña de algún partido político.
Andrade añadió que derivado de la misma, únicamente se encontró que una parte de dichos recursos fueron relacionados con un programa social en el Estado de México, que concretamente tiene que ver con el apoyo a la mujer, por lo que a partir de estas pruebas, la Unidad Técnica de Fiscalización inició una investigación.
Como resultado de dicha investigación se encontró que una parte de los recursos denunciados se dispersaron a través del programa “Mujeres que logran en grande”, operado por el Consejo de la Mujer, el cual tiene 141 mil 151 beneficiarios. De estos, poco más de 9 mil 475 que fueron representantes de casilla en la elección pasada del Estado de México.
“De las 9 mil 475 coincidencias que existen entre los beneficiarios del programa social y los representantes de casilla, 3 mil 811 corresponden al PRI, que fue el partido que más representantes tuvo en el Estado de México; al Partido Encuentro Social 683, al Partido Nueva Alianza 900, al Partido Verde Ecologista de México 963, al PAN 973, al PRD 935, al PT 351 y a MORENA 860”, informó.
El Consejero Andrade reiteró que a su parecer, con estos indicios no se puede concluir que dicho programa social es para beneficiar a los representantes de algún partido político en particular.
Por su parte, el Consejero Marco Antonio Baños recordó que estar en un listado de beneficiarios de programas sociales, no impide el ejercicio de derechos políticos como lo es el de participar como representante de casilla por algún partido político o candidato independiente.
“A partir de los datos presentados no pareciera que el uso de un programa social, la lista de los beneficiarios de un programa social están concernidos con un apoyo específico en campañas electorales para un partido político. Son beneficiarios que están en las casillas de todos los partidos políticos”, reiteró.
El Consejero Benito Nacif destacó: “Lo que me llama la atención, es por qué un programa social se convierte en que los beneficiarios tienen una presencia tan alta en la estructura de representantes de los partidos políticos, con un sesgo particular hacia el partido gobernante, pero de todos los partidos políticos”. Por lo que, añadió, el caso amerita una mayor investigación.
Mientras que la Consejera Pamela San Martín afirmó que si bien no hay elementos para determinar fundada la queja, es necesario verificar cómo es que se emplearon los recursos denunciados.
“Hoy no tenemos acreditado nada. Pero lo que sí tenemos acreditado son indicios que nos llevan a que no podemos cerrar estas investigaciones”.
El proyecto fue aprobado por ocho votos a favor y el voto en contra de las Consejeras Pamela San Martín y Claudia Zavala, así como del Consejero José Roberto Ruiz.