Muy buenos días, tengan todas y todos.
Es un verdadero honor, un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta Convención de la Asociación de Bancos de México. Quiero comenzar agradeciendo la generosa invitación de su presidente de Marcos Martínez.
Muchas Gracias por poder dirigirme en un momento complejo en el que hay que llenar de información en la que queremos sea la lección más explicada, la más grande va a ser; tal vez sea la más competida, pero queremos también que sea la más explica, porque estamos convencidos que de la explicación se nutre la certeza que los procesos electorales deben tener.
Vamos hacia la elección más grande de nuestra historia y esto es así, podemos ya decirlo con cifras y con certeza a 114 días del primero de julio, el día de la elección, porque por primera vez coinciden elecciones federales con un número tan grande de elecciones locales.
Estamos hablando de elecciones locales concurrentes con la federal en 30 estados. Sólo Baja California y Nayarit tendrán exclusivamente elecciones federales.
Permítanme una comparación y no abundaré en números, los números son la especialidad entre ustedes para poder dimensionar el tamaño de esta elección.
Va a ser la elección más grande, porque contaremos con el Listado Nominal, es decir, el número de potenciales electorales más alto de nuestra historia. Estamos hablando de 88.8 millones de potenciales electores que significan 9.3 millones más que hace seis años.
Estamos hablando en consecuencia de que vamos a tener el número de casillas más alto de la historia: más de 155 mil casillas que son casi 13 mil más que hace seis años.
Estamos hablando de que, para operar esas casillas, vamos a necesitar la colaboración y decidida participación que por cierto es una garantía de la certeza de que los votos que son recibidos, se contarán de manera absolutamente imparcial y objetiva.
Vamos a necesitar de un millón 400 mil funcionarios de casilla, ciudadanas y ciudadanos que desde ayer están comenzando a ser notificados para cumplir esta delicada labor.
Estamos hablando de 400 mil ciudadanas y ciudadanos más que hace seis años. Y el número de cargos por elegir, es el más alto de nuestra historia en una jornada electoral.
Estamos hablando de 3 mil 406 cargos que contrastan, que son un 60 por ciento más con los 2 mil 127 de 2012.
Esas son las dimensiones de la elección que estamos organizando, por cierto, en una sociedad cruzada por el pluralismo político. Desde hace 20 años, México vive una era de gobiernos divididos y la alternancia es una posibilidad real en cada contienda en todos los niveles.
No es que la alternancia nos haga democráticos como se ha dicho por parte de la teoría política. Lo que hace democrática una sociedad es que a través de las elecciones exista una posibilidad real de la alternancia.
Es decir, si la alternancia ocurre o no, es una decisión de las y los ciudadanos con su voto. Pero lo que sí es cierto es que, en los últimos tres años, entre 2015 y 2017 hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia, en un periodo similar de la historia democrática del país.
Va un solo ejemplo; de 24 elecciones de gobernador, en 14 casos ha habido alternancia en el partido ganador en el gobierno y todos han sido beneficiados.
Todo el espectro político se ha beneficiado en mayor o menor medida de este hecho. Ahora bien, desde 1990, las reformas electorales han tenido por objeto darle credibilidad a las elecciones y ello ha ocurrido sobre la base de tres ejes fundamentales.
Primero, erradicar las dudas sobre el escrutinio, el cómputo y los resultados. Segundo, asegurar la imparcialidad de las autoridades electorales y tercero, fomentar condiciones de equidad en la competencia electoral.
Es por ello que el sistema electoral mexicano se ha construido con múltiples candados que pretenden eliminar la desconfianza de la sociedad en torno a la actuación de los árbitros, de los organizadores de las elecciones, pero también, en relación con los resultados emanados de las urnas.
Para ello, los procedimientos y decisiones de la autoridad electoral han permitido la construcción de lo que nosotros denominamos la cadena de confianza que eslabona; legalidad, imparcialidad, transparencia y certeza en la competencia electoral.
En este proceso, por cierto, la ciencia y la tecnología han sido herramientas muy importantes para el fortalecimiento de la democracia mexicana y no hablo solamente de la información que gracias a la aplicación de la ciencia y al compromiso de científicos mexicanos puede generarse, como ocurre con el Conteo Rápido, con el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
O con las auditorias científicas que se aplican al padrón electoral. Que, por cierto, hay que decirlo con orgullo, no sólo de la historia, sino del mundo.
El índice cobertura de nuestro padrón para estas elecciones alcanza el 98.5 por ciento.
Permítanme solo un dato para ilustrar la calidad de nuestro padrón en ese sentido. Los padrones electorales que se usaron en las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos, alcanzaron un nivel de cobertura promedio de 70 por ciento.
Eso habla del padrón electoral que hoy tenemos, que por ciento es la base, ustedes lo saben bien, de la futura evolución de la identidad y de la autenticación de la identidad de nuestro país.
Pero también la tecnología agiliza procedimientos y blinda contra el fraude, basta pensar en la tinta indeleble, el papel seguridad con el que se hacen las boletas y las actas de escrutinio y cómputo, que comenzó por ciento hace unas semanas y que sigue estándares de seguridad.
Tal vez no es el mejor lugar para decirlo o el mejor modo para decirlo, pero lo voy a decir así, incluso más altos que los se utilizan en el papel para los cheques que administran, que gestionan en el sistema bancario.
Es la misma fabrica, los mecanismos de seguridad son todavía más que el de los cheques.
Pero probablemente nuestro blindaje más importante de la elección es que está es organizada por ciudadanos. Las decisiones que tienen que ver con la elección son tomadas por órganos integrados, preminentemente por ciudadanos.
El Consejo General, efectivamente dicta directrices, pero su instrumentación en la determinación, por ejemplo, de quien integran las casillas, donde se ubican, quienes supervisan el trabajo organizativo de la elección, son Consejo locales y Distritales que se integran por reconocidas personalidades, ciudadanos comunes de sus localidades.
Hablo de empresarios, académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil, etcétera.
Además, quienes reciben y cuentan los votos el día de la elección, son ciudadanos aleatoriamente seleccionados y capacitados específicamente para cumplir con esa función.
Como decía, apenas esta semana supimos los nombres de los casi 11.7 millones de personas que están siendo visitados desde ayer en sus domicilios en lo que constituye el segundo ejercicio de campó más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo.
De donde serán seleccionados, los 1.4 millones que operarán las casillas. Ellos son la principal garantía de que cada voto será contado escrupulosamente.
Y es que vale la pena resaltar que en México los votos no los cuenta el INE, no los cuentan los partidos, los cuentan precisamente los ciudadanos, como la mejor garantía del respeto al sentido del sufragio. Permítanme referirme a otro tema que para mí es fundamental en esta intervención.
Creo que no hay auditorio más apropiado, ni un evento de mayor centralidad para compartir precisamente con ustedes, los banqueros de México, la convicción del INE de que la estabilidad, la credibilidad y la legalidad son indivisibles y complementarias. Tanto en la vida económica como en la vida política de toda la nación.
México ha desarrollado un sistema electoral altamente competido. Porque asegura el pleno respeto al sufragio y no hay actor político que escape a la incertidumbre de cómo será el veredicto ciudadano. En democracia, por cierto, la única incertidumbre legítima es precisamente la que tiene que ver con el resultado de la votación y ello está ocurriendo hoy en el país.
Además de que un sistema plural como el nuestro implica que no hay ganadores ni perdedores predeterminados de antemano y que serán millones de hombres y mujeres libres, ejerciendo su derecho político al voto quienes tendrán la última palabra el próximo primero de julio.
La alta competencia en nuestras elecciones, ha hecho que las condiciones en que se da la contienda se haya vuelto también un elemento central en la legitimidad y credibilidad de nuestros comicios. No digo nada nuevo, si señalo que en México y en otras regiones del mundo el financiamiento a la política, se ha convertido en uno de los asuntos de los que depende la credibilidad, no sólo de las elecciones, sino de los sistemas de partidos, de las instituciones públicas y de la democracia misma.
Nuestra Constitución señala que el financiamiento a la política debe provenir predominantemente de recursos públicos, expresamente autorizados para ese fin. Los recursos que, por Ley, tanto el INE como las autoridades electorales locales les entregan a los partidos políticos. Pero también se establece que no debe de haber flujos de recursos públicos provenientes de ningún otro órgano de los tres órdenes de gobierno.
Ello implicaría un ilícito. Estaríamos ante el desvío de recursos públicos para beneficiar o afectar alguna opción política, lo cual está tipificado, por cierto, como un delito electoral. El único dinero público permitido es transparente, tiene sustento legal y lo entregan en exclusiva las autoridades electorales.
Nuestro marco legal también reconoce y alienta el financiamiento privado a la política. Es un derecho de los ciudadanos respaldar a una u otra opción política con su voto y eventualmente también con contribuciones económicas. Pero la Ley también señala límites a cada aportación: un millón seiscientos mil pesos como máximo de contribución por individuo en este 2018.
Así como prohibiciones expresas: no pueden financiar a la política personas morales, sean empresas mercantiles, sindicatos, clubes, etcétera. La legislación señala que tampoco es válido inyectar dinero proveniente del extranjero, ni de las iglesias, ni pueden aportar ministros de culto, ni es legal –gracias-, que partidos y candidatos reciban aportaciones anónimas, es decir de carácter desconocido. Ésas son las reglas y al INE le corresponde verificar que se cumplan a través de su facultad como autoridad nacional fiscalizadora única de ingresos y gastos. Para cumplir con su labor, la Constitución señala que el INE puede trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, asimismo que hemos de contar con la colaboración de las autoridades hacendarias y bancarias del país.
Al INE le interesa la integridad de las elecciones y para ello, para cerciorarse de que los recursos que lleguen a las campañas y salen de ellas son lícitos y utilizados para fines legales, solicite información a la Banca, siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Y en este punto permítame ser enfático: el INE ha sido y va ser absolutamente responsable y pulcro en el resguardo de la información que como autoridad constitucional conoce, el INE jamás va a dar lugar a que la información protegida por esos secretos quede expuesta, sólo nos interesa que el dinero, que fluya la actividad política y no otro sea auditado.
Para decirlo con una nuez: nos interesa la legalidad en el manejo financiero de las campañas y por lo tanto nos apegamos y apegaremos rigurosamente a la ley. Tengan la certeza de que el INE será un aliado en la garantía y el cuidado de los derechos protegidos por dichos secretos.
Regreso a la integridad de las elecciones y su contribución a la estabilidad en México. Hoy estamos inmersos en un intenso proceso electoral, el más grande como decía, de la historia.
Y justo porque se trata de una renovación pacífica prevista en las leyes, esta no es extraordinaria sino que forma parte de un proceso de desenvolvimiento institucional, las elecciones no son un punto final, no son una fecha fatídica, el 2 de julio en este país, seguiremos viviendo más de 120 millones de personas, nuestras necesidades y anhelos permanecerán y también muchos de nuestros problemas, las familias seguirán mandando a sus hijos a las escuelas trabajando y procurando un sustento, los trabajadores acudirán a sus empleos, los empresarios continuarán con su actividad y la Banca seguirá con su misión fundamental para el desarrollo del país de captar el ahorro nacional y canalizarlos a la inversión.
Toda esa actividad va a continuar gane quien gane y esa es la apuesta, la apuesta del INE, que las elecciones sean íntegras, que se refuercen y confirme la vía institucional para renovar periódicamente el poder y que la disputa por el mismo no sea riduptiva para el país.
Por eso quiero subrayar ante ustedes la importancia de que el INE pueda realizar una exhaustiva y profunda fiscalización de los ingresos y gastos de las campañas para que la sombra del financiamiento opaco o ilícito no enturbie nuestras elecciones ni dañe su credibilidad comprometiéndole estabilidad y con ello la legitimidad de los gobiernos que sean democráticamente electos.
El INE tiene que hacer una fiscalización en tiempo real, esto quiere decir que, durante la campaña, los partidos políticos y los candidatos deben reportar día a día los ingresos y gastos que tengan.
El INE no se conforma, por cierto, con los dichos de los factores, desplegamos tareas de verificación a lo largo y ancho del territorio y recabamos cientos de miles de pruebas de evidencia de gasto, también cruzamos información con el SAT para verificar y validar cada factura y necesariamente requerimos información a la Banca para conocer los movimientos entre cuentas de partidos y proveedores, origen de recursos, dispersión de pagos, por ejemplo.
La ardua fiscalización del INE que abarcará alrededor de 20 mil candidatos, deberá presentar conclusiones de cada uno de los contendientes apenas 40 días después de la jornada electoral, porque tenemos que terminar nuestro trabajo en este sentido antes de que los tribunales electorales califiquen las elecciones.
Por eso la agilidad en el intercambio de información con la Banca es vital para el INE, por la trascendencia del tema hemos expuesto expresamente, perdón, abordado esta situación con la Secretaría de Hacienda, con su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Debo reconocer ante ustedes la disposición que la Banca ha exteriorizado de manera enfática para colaborar con la autoridad electoral a efecto de que los riesgos del financiamiento irregular sean inhibidos, detectados, y sancionados.
En concreto, es vital para el INE que los movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE.
Me refiero particularmente a las operaciones que realizan entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público, y que conforme a los modelos que cada institución financiera ha definido y desarrollado se califican como de riesgo, y que hacen conocimiento de la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Lo ideal sería que éstas se puedan actualizar, no al término de cada trimestre, como ocurre, sino en plazos más breves, lo óptimo sería una semana, como una medida temporal sólo durante los tres meses que durará la campaña.
Si la información se entrega al término de cada trimestre esa información ya no puede ser útil para la fiscalización, porque precisamente el segundo trimestre es el que ocupa las campañas electorales, y nosotros tenemos que terminar a más tardar el 15 de agosto la fiscalización.
Insisto, lo ideal sería llegar al extremo de una semana como medida temporal para que la información que ustedes generan pueda fluir de manera más ágil y el INE pueda asegurar que a la política no llegan recursos públicos desviados a través de empresas fachada o que hay tramas de financiamiento electoral a espaldas de la ley.
La transformación del México autoritario en un país democrático es una prueba de la vocación civilizatoria que conllevan las elecciones, y refleja cómo la competencia electoral ha logrado encausar por vías institucionales la lucha por el poder político y el respaldo o rechazo de la sociedad a las autoridades elegidas en las urnas.
Para decirlo brevemente, las elecciones y la actuación de las autoridades responsables de llevarlas a cabo periódicamente, transformaron profunda y pacíficamente, y con respeto a la división de poderes, la vida pública y la convivencia cotidiana en México.
Por ello, a 21 días de que inicien las campañas electorales permítanme utilizar este espacio privilegiado para una reflexión final. El respeto a las reglas es una condición necesaria para que la democracia cumpla con su función civilizatoria, y para que el poder político obtenido mediante el sufragio sea el punto departida de la futura estabilidad política.
En los últimos 30 años hemos construido un sistema electoral robusto y que goza de reconocimiento internacional.
El INE antes el IFE, es la autoridad en el mundo que más ha participado en misiones de asistencia electoral convocada por la ONU, por la OEA y por los organismos europeos, entre otros. Y, sin embargo, que para que una elección llegue a buen puerto y cumpla con su función de ser el cauce institucional mediante el cual las diferencias políticas se procesan de manera pacífica, depende de que todos los actores públicos y privados nos apeguemos a las reglas democráticas que nos hemos dado.
Dicho de otro modo, la recreación de la democracia supone el cumplimiento de una serie de responsabilidades compartidas, que aquello ocurra, que la democracia se recree depende de que todos cumplamos con nuestra responsabilidad.
La autoridad electoral debe cumplir con su mandato de organizar las elecciones y de resolver las disputas que se presenten entre los partidos políticos y candidatos con apego a la ley, con certeza en su actuación, generando información clara confiable y oportuna. Sólo así podemos cumplir con la finalidad ser un ancla fundamental de estabilidad política como lo supone nuestra función.
Hasta ahora, todo va en orden va de acuerdo con los tiempos tal como se ha previsto y así va seguir ocurriendo, todos los días estamos trabajando para ello.
Los partidos y los candidatos deben apegarse a las normas y cumplir con sus obligaciones de transparencia y redición de cuentas, y por supuesto desplegar una contienda tan ríspida como sea necesaria, siempre dentro del marco legal, pero ojalá tan sustantiva y propositiva como sea posible. Los grandes problemas nacionales que nos aquejan como sociedad así lo demandan.
Los gobiernos por su parte, deben cumplir con la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo y ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral.
Los medios de comunicación deben procurar información oportuna, cierta y haciéndola de manera responsable, de ello depende al final que el voto sea libre lo que supone que sea informado.
Y finalmente la sociedad, las y los ciudadanos que tienen la responsabilidad de participar, de apropiarse de una elección que es suya, no sólo porque son ellos quienes las hacen sino porque la decisión está en sus manos y la misma debe tomarse en total libertad y generándonos a los demás actores todos los contextos de exigencia que sean posibles para que cumplamos debidamente nuestra labor.
Termino. Sabemos que el compromiso de la Asociación de Bancos de México con la estabilidad y el desarrollo económico del país. El INE ve en la banca un aliado estratégico porque la misión final del INE es la paz, la institucionalidad y la estabilidad política de la nación. Insisto, la estabilidad va de la mano de la credibilidad y esta de la integridad de nuestros procesos e instituciones.
El INE sabe que la ABM encuentra actores de máxima responsabilidad para contribuir al binomio de estabilidad financiera económica por un lado y política por el otro.
Estoy cierto que ustedes desde el sector privado y nosotros como institución del Estado mexicano cumpliremos con nuestra tarea. Muchas gracias por su colaboración y por su puesto por permitirme hacer el uso de la palabra en esta Convención.
Muchas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la 81 Convención Bancaria, que se realiza en esta ciudad
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