Consejerías del INE impulsarán auditorías y denuncia penal para investigar presuntos actos de corrupción
La Consejera Electoral Carla Humphrey informó que las Consejerías impulsarán una investigación exhaustiva sobre los presuntos actos de corrupción señalados en el Instituto Nacional Electoral (INE) mediante una solicitud de auditorías y revisiones a las instancias competentes, así como la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Explicó que propuso un proyecto de acuerdo que será sometido a consideración del Consejo General para solicitar investigaciones, resguardar la información y deslindar responsabilidades, además de promover un mecanismo interno de alertamiento y denuncias anónimas para reportar posibles irregularidades y conflictos de interés.
Detalló que la denuncia penal se presentaría contra quien resulte responsable por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado y los que resulten procedentes. Subrayó que el objetivo es que los hechos tengan consecuencias jurídicas y establecer un antes y un después en el funcionamiento del Instituto, así como recuperar la confianza ciudadana.
Humphrey aseguró que el INE continúa trabajando en la organización del proceso electoral y que, tras la renuncia de la expresidenta, las Consejerías han retomado la toma de decisiones colegiadas, la corresponsabilidad y el diálogo. No obstante, reconoció que aún permanece vigente la facultad que permite a la Presidencia designar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la que ha denominado “superpoder”.
Al referirse a la gestión de la anterior presidenta, señaló que desde su perspectiva existieron restricciones al acceso a la información, obstáculos al trabajo de algunas Consejerías y presiones sobre distintas áreas del Instituto. Añadió que ha presentado oficios ante el Órgano Interno de Control (OIC) para reportar rezagos en proyectos y asuntos que debieron resolverse durante 2026.
La Consejera indicó que también se han atendido los reclamos de vocalías y personal del Servicio Profesional Electoral, quienes reportaron falta de respuesta a sus solicitudes y necesidades. Sostuvo que el propósito es recuperar la comunicación interna, fortalecer la colegialidad y garantizar que el INE mantenga su funcionamiento institucional.