Gobernanza, control interno y función electoral
En el debate contemporáneo sobre la calidad y fortaleza de las instituciones electorales en México, la argumentación sobre la autonomía suele ocupar el centro del escenario. Sin embargo, existe un principio central que propongo incluir en ese análisis: la autonomía constitucional no significa autarquía ni inmunidad frente al escrutinio. En otras palabras, para que un organismo como el Instituto Nacional Electoral (INE) conserve su altísima legitimidad frente a la sociedad, requiere un sistema de control interno riguroso, técnico y preventivo que opere como una auténtica infraestructura democrática de gobernanza interna.
Frente al reto de superar la vieja fiscalización punitiva y puramente reactiva (ex post facto), la gestión electoral moderna exige transitar hacia una gobernanza preventiva capaz de edificar barreras institucionales infranqueables contra la ineficacia, la opacidad, la corrupción y artimañas modernas como la sobre presupuestación y el subejercicio del gasto.
La mejor protección es preventiva. La doctrina y las y los expertos sugieren un fortalecimiento administrativo para reconocer como estratégica la función fiscalizadora del Órgano Interno de Control (OIC).
Para darle viabilidad institucional a un modelo así, planteo cuatro medidas apremiantes. En primer término, la institucionalización de una Política General de Control Interno basada en el estándar internacional COSO, modelo orientado a fortalecer la estructura organizacional mediante la evaluación de riesgos, la supervisión efectiva y la mejora en la toma de decisiones. Y hay que apropiarnos de sus ventajas y virtudes no solo para la gestión administrativa, sino inclusive en materia electoral sustantiva, como recién lo hicimos con la metodología de seguimiento del Plan y Calendario del Proceso Electoral Federal en curso.
Esta arquitectura se erige sobre cinco componentes esenciales: un ambiente de control ético, la administración proactiva de riesgos, actividades de control eficientes, información y comunicación transparente, y una supervisión sistemática.
En segundo lugar, propongo considerar los controles desde el diseño concatenados a la administración integral de riesgos comiciales críticos. Bajo este enfoque técnico, ningún programa informático de gran escala, contrato de adquisiciones ni mecanismo de nómina debe implementarse sin un dictamen previo que certifique la trazabilidad del proceso y la existencia de planes de continuidad operativa ante contingencias.
En tercer lugar, y como una de las innovaciones tecnológicas que impulso desde hace años, propongo un sistema de automatización total de alertas administrativas en tiempo real. Mediante tecnologías avanzadas y el cruce sistemático de bases de datos, este mecanismo programaría alarmas inmediatas ante irregularidades severas: pagos duplicados en nóminas, proveedores boletinados o sancionados, pagos indebidos a proveedores, entregas de bienes o servicios fuera de plazo o de calidad inferior a la pactada o el fraccionamiento atípico de contratos de adquisiciones para forzar adjudicaciones directas evadiendo licitaciones públicas. Mi alegato en este tema no es nuevo: más licitaciones públicas y menos adjudicaciones directas.
Finalmente, un Modelo de Integridad y Rotación de Funciones Sensibles. Esta medida obligaría a la rotación obligatoria de personal en puestos de alto riesgo (compras, almacén, informática), canales de denuncia anónimos y seguros con protección efectiva contra represalias, y talleres prácticos orientados a blindar al personal ante presiones políticas o injerencias externas.
Esta visión estratégica encuentra su concreción en el Marco Normativo de Control Interno, en el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 2026 y en nuestros Códigos de Ética y de Conducta. Bajo esta reglamentación de autorregulación, la autoridad electoral adopta un esquema dinámico de actuación en tres tiempos: opera antes, mediante capacitaciones y la identificación previa de riesgos en el calendario electoral; actúa durante, a través de la supervisión cotidiana y el monitoreo permanente de procesos sustantivos; y responde después, con autoevaluaciones anuales y auditorías que corrigen deficiencias. Así, la corresponsabilidad institucional naturaliza el control interno como práctica cotidiana de mejora continua.
Lejos de representar un obstáculo burocrático, la implementación proactiva de estas medidas confirmaría que vemos al OIC como un aliado estratégico y parte fundamental, junto con el Consejo General, de la infraestructura de gobernanza interna indispensable. Si a la sociedad mexicana le ofrecemos y garantizamos elecciones impecables, impecables deberían ser también nuestras adquisiciones.
Creo que la defensa más genuina y sólida de la autonomía no radica en aislar a la autoridad electoral, sino en blindarla mediante la transparencia total y una rendición de cuentas impecable y oportuna. En última instancia, un control interno inteligente y preventivo garantiza el ejercicio de derechos fundamentales de nueva generación de los que el INE es garante indudable: el derecho a la buena administración, a recibir cuentas, a un entorno libre de corrupción, a elecciones íntegras y, por consecuencia, a contar con instituciones absolutamente honestas e intachables.
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