Multas a partidos políticos derivan principalmente de actividades no reportadas
El Consejero Electoral Martín Faz explicó que las sanciones impuestas a partidos políticos obedecen principalmente a la falta de reporte oportuno de actividades y gastos, situación que dificulta la fiscalización y el seguimiento del origen y destino de los recursos utilizados.
Aunque reconoció que los institutos políticos pequeños o de reciente creación pueden presentar deficiencias por una infraestructura administrativa menos sólida, descartó que el desconocimiento normativo sea la causa principal de estas infracciones. Comentó que la mayoría de las irregularidades responden a la realización deliberada de actividades no permitidas y al actuar al límite de la legalidad en contextos de cercanía de procesos electorales o definición de candidaturas.
Por otra parte, el Consejero refirió que la autoridad electoral no está cumpliendo plenamente con su labor de arbitraje y fiscalización de cara al próximo proceso electoral, al haber omitido la emisión de lineamientos para regular las actividades previas a las precampañas. Señaló que la falta de un marco regulatorio deja sin control la trazabilidad fiscal y el tipo de propaganda utilizada, al recordar que la intención de dichos criterios no es prohibir las actividades ya permitidas por las autoridades jurisdiccionales, sino fiscalizar el origen de los recursos utilizados por las fuerzas políticas.
El Consejero recordó que, tras el proceso electoral de 2023-2024, el Tribunal Electoral estableció criterios que permitían determinadas actividades anticipadas bajo ciertas limitaciones e instruyó al INE a establecer una regulación específica, tarea que, a su juicio, sigue pendiente. «El Instituto no ha cumplido con su labor de arbitrar esta parte cuando ya existen antecedentes de que había que hacerlo», afirmó el Consejero, quien lamentó que las propuestas de regulación presentadas ante el Consejo General hayan sido rechazadas o retiradas.
Finalmente, precisó que los recursos recaudados mediante las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos por el INE son destinados a instituciones de investigación científica y tecnológica.