Presupuesto del INE se debe analizar con mayor detalle y preservar las garantías de imparcialidad electoral

El Consejero Electoral Arturo Castillo consideró necesario realizar un análisis detallado del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo proceso electoral, al señalar que parte de los argumentos para plantear un monto menor parten de supuestos imprecisos. Explicó que, además de la elección para renovar la Cámara de Diputados, en septiembre de 2027 comenzará la organización de la elección del Poder Judicial, en la que estarán en juego más de 800 cargos. Añadió que parte de los recursos solicitados tienen carácter precautorio y que el presupuesto contempla también el financiamiento constitucional de los partidos políticos.

Castillo advirtió que un eventual recorte presupuestal debe realizarse con un análisis de impacto, al señalar que en ocasiones anteriores el Poder Legislativo ha reducido los recursos del Instituto sin valorar sus efectos sobre la organización electoral. Recordó que esta situación tuvo consecuencias en la elección judicial anterior y sostuvo que, antes de determinar posibles ajustes, debe revisarse la racionalidad del presupuesto y, en su caso, valorar ahorros o mecanismos alternativos como ampliaciones presupuestales.

ARBITRAJE ELECTORAL

En cuanto al papel del INE como árbitro electoral, Castillo afirmó que el Instituto ha “claudicado” en su responsabilidad de vigilar y arbitrar la elección, debido, entre otros factores, a que la mayoría de las consejerías se ha negado a emitir lineamientos para regular los procesos políticos anticipados que diversos partidos han desarrollado desde meses antes del inicio formal del proceso electoral. A su juicio, esto ha impedido una vigilancia oportuna de los gastos y contenidos de dichos procesos y contribuye a generar un escenario de riesgo para una elección cuestionada.

SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES

El Consejero también cuestionó decisiones recientes del Consejo General que, desde su perspectiva, eliminaron salvaguardas para garantizar la imparcialidad electoral. En el caso de supervisores y capacitadores electorales, señaló que anteriormente el INE verificaba que las personas aspirantes no estuvieran afiliadas a partidos políticos y, de detectarse una afiliación, se suspendía su contratación y se iniciaba el procedimiento correspondiente. Para el próximo proceso, explicó, la mayoría determinó que bastará con que la persona manifieste por escrito que no desea estar afiliada y que no se inicie de oficio un procedimiento sancionador, lo que, consideró, abre la posibilidad de que personas afiliadas a partidos participen en estas funciones.

OBSERVADORES ELECTORALES

Respecto de los observadores electorales, Castillo señaló que también se eliminó la verificación proactiva para determinar si tienen vínculos laborales con el gobierno, pese a que en el proceso anterior se había revisado particularmente que no fueran servidores de la Nación. Consideró que permitir que esta revisión dependa únicamente de una manifestación de buena fe abre la puerta a la participación gubernamental bajo la figura de observación electoral y genera dudas sobre su imparcialidad.

BOLETAS SIN DOBLEZ

El Consejero calificó como especialmente preocupante el tratamiento de las llamadas “boletas planchadas”, al señalar que esta práctica no se había presentado desde la década de 1980 y que su detección en la elección anterior constituye un indicio de una práctica de alteración electoral que había sido excluida del sistema. Explicó que propuso que, cuando un Consejo Distrital detectara este tipo de boletas, se pronunciara sobre su validez o invalidez; sin embargo, la mayoría determinó que los órganos distritales evaluaran simplemente si las contabilizan o no. Castillo cuestionó este criterio al considerar que “contar o no contar” no constituye una categoría legal y que podría abrir la puerta a mecanismos de alteración de los resultados electorales.