INE impulsa verificación de integridad de candidaturas para fortalecer la legitimidad electoral
El Consejero Electoral Arturo Chávez explicó que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas invitará a los partidos a enviar las listas de sus candidaturas, propietarios y suplentes, para que sean revisados y cuenten con elementos que les permitan tomar decisiones sobre sus postulaciones.
Chávez detalló que la revisión será voluntaria tanto para los partidos políticos como para las personas aspirantes, quienes deberán firmar su conformidad. Señaló que el mecanismo permitirá contar con información de instituciones como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y otras autoridades, a fin de evitar que las decisiones se sustenten en rumores o información no verificada. “Por eso se llama Comisión de Verificación de Integridad, porque es información verificada y no responde ni a campañas mediáticas, ni a intentos de intervención política, ni a rumores, que luego hay mucho, ni a lo que conocemos en el argot político como ‘grilla’, que se da mucho”.
El Consejero explicó que la información será confidencial porque el mecanismo parte del respeto a la presunción de inocencia. Indicó que, si los indicios conducen a una investigación formal por parte de alguna fiscalía, podrá hacerse público que la información fue entregada al partido y que, pese a ello, decidió postular a la persona candidata. Asimismo, señaló que el objetivo es evitar afectaciones a candidaturas cuando no existan investigaciones en curso.
También señaló que el INE fiscaliza el gasto de los partidos políticos en sus procesos internos y expresó que corresponde a la Cámara de Diputados establecer una reglamentación específica sobre estas actividades. “Yo creo que esto se debe reglamentar efectivamente y creo que sobre todo el gasto de recursos, el INE debe tener atribuciones para irlos fiscalizando desde el primer día de la toma de posición”.
Finalmente, manifestó que esta tarea debió realizarse con anterioridad y que los actores involucrados deben acordar cómo reglamentar estos procesos antes de 2030.