El pasado 18 de agosto en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobamos el financiamiento público para los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para 2027, que incluye el financiamiento ordinario, el de campaña y para actividades específicas. Lo hicimos aplicando una fórmula que no ha propiciado mejoras en la competencia democrática y con un modelo de distribución que no favorece a la equidad en la contienda electoral, aunado a la aprobación de una prerrogativa obsoleta como la telegráfica.

El INE aprobó que el financiamiento público para los ocho partidos políticos con registro nacional fuera de 7,879 millones de pesos.  Una cifra que se obtiene de aplicar la fórmula prevista en el artículo 41 de la Constitución federal, la cual dispone que se multiplicará el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización(UMA).

Uno de los señalamientos que hice en el Consejo General fue que dicho modelo no ha dado evidencias de un mayor equilibrio en las fuerzas políticas. Incluso, precisé que se debía transitar del padrón electoral al listado nominal, que es menor, con la finalidad de reducir la bolsa de financiamiento total.

Dicho cambio obedecería a que el listado es el instrumento con el que se acude a las urnas y permitiría un mejor cálculo sobre la participación electoral y los ingresos que deberían obtener los partidos políticos conforme a las preferencias expresadas por las y los ciudadanos.

En ese sentido, tenemos una oportunidad de mejora en la distribución de los recursos. Desde 1996 tenemos la aplicación del principio de preponderancia del financiamiento público sobre el privado, con el objetivo central de prevenir el dinero ilícito en las campañas o proveniente del crimen organizado, y un esquema de reparto que se diseñó para que el 30% se distribuyera de forma igualitaria y el 70% restante conforme a los votos obtenidos por cada fuerza política.

Sin embargo, se requiere de un esquema que permita recursos para una competencia equitativa. Uno de los retos que tenemos es ajustar esos porcentajes para propiciar una mayor competencia en beneficio de la ciudadanía y de la capacidad de elección de sus preferencias políticas.

Así, debemos avanzar en mejorar la fórmula actual y hacer un viraje para aplicar el 40/60, garantizando el criterio de premiar la permanencia y arraigo del partido en el electorado, pero con una distribución más equitativa, sobre todo, cuando tenemos nuevas fuerzas políticas en escena. 

Otro aspecto que he señalado, desde enero de este año cuando presentamos propuestas de reforma electoral ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, es la necesaria eliminación de la prerrogativa telegráfica. El último año en que algún partido utilizó el telégrafo fue en 2008. Tenemos casi 20 años en que no se usan dichos recursos y se tienen que reintegrar a las arcas de la federación.

Por último, estoy convencida de que otro aspecto que debemos superar es el porcentaje de recursos que se deben destinar del financiamiento ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La legislación actual dispone que sea del 3%, sin embargo, en diferentes espacios he sostenido que es necesario incrementar, cuando menos al doble (6%).

En sesión del Consejo General del 26 de marzo de este año, destaqué la problemática de mala aplicación de este gasto al haberse presentado sanciones que superaron los 57 millones de pesos derivados de la revisión de los informes anuales de 2023, y de la revisión de los informes anuales de 2024, que rondó los 39 millones de pesos.

Es momento de actualizarnos y pensar en reglamentar las nuevas formas de comunicación. Debemos ocuparnos en establecer marcos normativos que regulen la desde esfera de la vida interna de los partidos políticos, las redes sociales y plataformas digitales. Necesitamos ocuparnos de los gastos y su fiscalización. 

Qué mejor forma de hacerlo que con el financiamiento público y las prerrogativas que de ello se derivan. No olvidemos que eso mismo pasó con el acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, con la reforma de 2007-2008 se otorgó dicha prerrogativa de manera gratuita, sin reducir los montos de financiamiento a los partidos políticos, que en los hechos, ahora cuentan con más recursos para erogar.

Es tiempo de actualizarnos y mejorar las reglas con las que acudimos a las elecciones.

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