La principal manifestación de violencia política contra las mujeres proviene de los propios partidos políticos

La Consejera Electoral Carla Humphrey afirmó que, a pesar de los avances normativos en materia de paridad y participación política de las mujeres, persisten obstáculos estructurales, resistencias institucionales y expresiones de violencia política de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.

Señaló que la reforma constitucional de paridad aprobada en 2014 permitió visibilizar con mayor claridad la violencia política contra las mujeres en razón de género, fenómeno que existía previamente pero que permanecía oculto debido a la limitada participación femenina en espacios de representación. Explicó que la construcción de un marco normativo específico implicó más de seis años de trabajo legislativo. Asimismo, destacó que la legislación incorporó reformas a ocho ordenamientos legales y permitió definir formalmente la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como establecer mecanismos para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.

En tanto, Humphrey sostuvo que la violencia política continúa siendo una de las principales causas que desalientan la participación de las mujeres en la vida pública. Recalcó además sobre el crecimiento de la violencia digital y los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial para manipular imágenes, difundir contenidos falsos y sexualizar la imagen de candidatas y mujeres que participan en la esfera pública.

Señaló que una de las principales fuentes de violencia política proviene de los propios partidos políticos, al limitar oportunidades de participación, acceso a recursos o integración en órganos internos de decisión. “La principal o la primera violencia viene de los propios partidos políticos”.

La Consejera explicó que el INE ha impulsado diversas medidas para garantizar condiciones más equitativas para las candidaturas de mujeres, entre ellas la obligación para los partidos políticos de destinar recursos y tiempos en radio y televisión para sus campañas. No obstante, aseguró que siguen identificándose incumplimientos y mecanismos que dificultan el acceso efectivo de las candidatas a esos recursos.

Por otra parte, alertó sobre reformas estatales que, a su juicio, representan riesgos para la ampliación de derechos político-electorales de las mujeres. Particularmente, se refirió a una reforma aprobada en Chihuahua que restringe la capacidad reglamentaria de las autoridades electorales locales para emitir criterios que amplíen o garanticen derechos más allá de lo expresamente previsto en la legislación.

De cara al proceso electoral de 2027, identificó como desafíos principales la violencia política de género, la desinformación en redes sociales, el uso de inteligencia artificial con fines de violencia digital y la insuficiente protección institucional para las mujeres candidatas. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer mecanismos de defensa y acompañamiento.

Finalmente, Humphrey reconoció que una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión no implica necesariamente avances automáticos en la protección de los derechos de las mujeres. Si bien destacó la importancia de las reformas de paridad y de la representación política femenina, señaló que aún existen desafíos para construir agendas comunes en favor de la igualdad sustantiva.