INE requiere mayores herramientas para enfrentar la desinformación digital en procesos electorales: Humphrey
La Consejera Electoral Carla Humphrey planteó la necesidad de fortalecer el marco regulatorio sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial en los procesos electorales, al considerar que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar la desinformación, los contenidos manipulados y las operaciones coordinadas mediante cuentas anónimas. Explicó que una reforma en la materia permitiría dotar al Instituto Nacional Electoral de mayores elementos para supervisar y atender estos fenómenos antes del inicio del próximo proceso electoral.
Recordó que la propuesta de reforma electoral conocida como “Plan A” contemplaba la obligación de etiquetar los contenidos generados o alterados con inteligencia artificial y preveía efectos en materia de fiscalización. Asimismo, comentó que impulsó en el Consejo General del INE ampliar el monitoreo de noticias para identificar el uso de inteligencia artificial en propaganda política y en contenidos difundidos por medios de comunicación; sin embargo, la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de que el Instituto cuente con información para emitir una regulación específica.
Humphrey comentó que ha promovido acercamientos con el Senado de la República, la Cámara de Diputados y diversas plataformas digitales para construir mecanismos de colaboración con la autoridad electoral. Destacó que algunas empresas, como Meta, han incorporado medidas que facilitan las tareas de fiscalización y la atención de casos de violencia política contra las mujeres, mientras que otras, como TikTok, han manifestado disposición para reforzar acciones contra la desinformación. En contraste, explicó que con la red social X no ha sido posible establecer canales de comunicación efectivos, debido, entre otros factores, a que carece de representación jurídica en México.
Respecto al uso de cuentas automatizadas, bots y redes de desinformación, indicó que el INE puede investigar el origen del financiamiento de esas operaciones, aunque reconoció las dificultades para obtener información cuando las cuentas se encuentran en el extranjero. En ese sentido, propuso retomar el diálogo con las plataformas digitales para establecer controles adicionales y analizar la adopción de un modelo similar al de Brasil, donde la legislación prevé sanciones, incluida la suspensión temporal de plataformas que incumplan las determinaciones de la autoridad competente.
La Consejera precisó que una regulación en esta materia no busca restringir la libertad de expresión ni censurar opiniones políticas, sino garantizar que la ciudadanía cuente con información veraz para emitir un voto informado. Añadió que también es necesario delimitar el uso de datos personales y fortalecer la responsabilidad de las plataformas digitales y de quienes difunden contenidos durante las campañas electorales.