Regular actos anticipados de precampaña o campaña es fundamental para proteger la equidad en la contienda
El Consejero Electoral Arturo Castillo destacó que en distintas entidades del país ya se observan procesos políticos anticipados que podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña, por lo que urgió a aprobar medidas que permitan fiscalizar y regular estas actividades antes del inicio formal del proceso electoral de 2027. Castillo explicó que, en casos como los observados recientemente en entidades como Guerrero y San Luis Potosí, podría configurarse un acto anticipado de campaña o precampaña, aunque precisó que, tratándose de cargos locales, la investigación y eventual sanción corresponden a los organismos electorales estatales.
Comentó que uno de sus principales planteamientos fue la necesidad de establecer mecanismos de fiscalización anticipada para evitar que los gastos realizados en actividades previas al proceso electoral escapen a los controles ordinarios. “Los gastos que se están vinculando con las actividades públicas de estas personas se tendrían que sumar al tope de gastos de campaña. Eso es fundamental para proteger la equidad en la contienda”, afirmó.
Sostuvo que el Instituto cuenta con facultades y precedentes suficientes para emitir lineamientos que permitan supervisar de manera anticipada estos procesos, como ocurrió en 2023. Sin embargo, señaló que la ausencia de regulación “me parece que es una mera cuestión de falta de voluntad política”.
Asimismo, alertó que la inacción institucional puede afectar tanto la credibilidad del INE como la confianza ciudadana en los resultados electorales. “Estamos afectando la credibilidad de la institución y la legitimidad de las elecciones que vienen”, aseveró.
Por otra parte, informó que desde el pasado 8 de junio solicitó a las 32 juntas locales ejecutivas del INE documentar los procesos políticos que se desarrollan en el país. Con base en la información recopilada durante más de un mes, indicó que presentó formalmente un oficio ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que se inicien los expedientes correspondientes. En tanto, expresó su expectativa de que el Consejo General pueda aprobar próximamente reglas que permitan tanto la fiscalización preventiva como la regulación de la aparición de aspirantes en radio y televisión.
Sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en las campañas electorales, el Consejero afirmó que la responsabilidad del INE se limita a verificar el origen y destino de los recursos utilizados en campañas, mientras que la identificación de posibles vínculos con organizaciones criminales corresponde a las autoridades de seguridad e inteligencia. No obstante, destacó la reciente creación de un mecanismo de verificación de integridad de candidaturas, “esta comisión es nada más, literalmente, una ventanilla de trámite en donde el partido político que quiera y para quien quiera, nos va a presentar su lista de candidatos y nos va a decir ‘ayúdame a que las instituciones de seguridad y de inteligencia verifiquen si estas personas tienen algún riesgo relacionado con el crimen organizado’. Nosotros le vamos a pasar esa lista a las instituciones de seguridad e inteligencia, aquellas las van a revisar y tendrán su resultado, a lo mejor arrojan alertas, a lo mejor no. El resultado que arroje, nosotros se lo entregaremos a los partidos y los partidos decidirán qué hacer con ello”.