Necesario fiscalizar actividades anticipadas de partidos políticos para proteger la equidad de la contienda
El Consejero Electoral Arturo Castillo señaló que diversos partidos políticos nacionales han realizado durante los últimos meses actividades de preparación rumbo al próximo proceso electoral, pese a que éste aún no inicia formalmente, lo que, señaló, representa riesgos para la equidad de la contienda y requiere una actuación más oportuna por parte de la autoridad electoral.
Afirmó que los procesos electorales comenzarán en septiembre y que las precampañas formales tendrían que arrancar hasta finales de este año o inicios del siguiente. Sin embargo, sostuvo que desde hace alrededor de tres meses y medio se observan acciones partidistas encaminadas a posicionar perfiles políticos.
El Consejero recordó que existe un precedente en 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral que reconoció el riesgo de que este tipo de actividades afecten la equidad electoral, razón por la cual en procesos anteriores se ordenó al INE emitir lineamientos de fiscalización anticipada. “Sí puede existir un riesgo de que las conductas desplegadas en el marco de su desarrollo afecten la equidad en la contienda”, indicó.
Uno de los principales planteamientos del Consejero fue la necesidad de que el INE inicie desde ahora la fiscalización de los recursos utilizados en estas actividades. Explicó que, bajo las reglas actuales, esos gastos serían revisados como gasto ordinario de los partidos, por lo que las investigaciones y resoluciones podrían concluir hasta después de la jornada electoral, “no podríamos resolver en tiempo para contabilizar ese dinero a los topes de gastos de campaña y, por lo tanto, el daño ya estaría hecho”, advirtió.
Agregó que presentó una propuesta de lineamientos para atender esta situación desde marzo de este año, misma que fue rechazada por la mayoría del Consejo General del INE en mayo. “Yo seguiré insistiendo en que esto es urgente”, expresó.
Respecto a la aparición de aspirantes en medios electrónicos, el Consejero argumentó que, si los procesos partidistas son realmente internos, no existiría justificación para la promoción de quienes participan en ellos a través de radio y televisión.
Señaló que uno de los principales obstáculos proviene de cambios en los criterios jurisdiccionales adoptados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Explicó que anteriormente podían sancionarse posicionamientos o propuestas que funcionaran como equivalentes de una solicitud de voto, mientras que actualmente se exige una referencia explícita e inequívoca al sufragio. Desde su perspectiva, esta modificación redujo significativamente la capacidad del INE para intervenir en este tipo de casos.
Sobre los riesgos de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, Castillo subrayó que se trata de un tema prioritario para el Estado mexicano, pero aclaró que las funciones de investigación y seguridad corresponden a otras autoridades, no al INE. Explicó que, tras la más reciente reforma legal, el instituto participará mediante una Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, cuya función será recibir listas de aspirantes y remitirlas a las autoridades competentes para su revisión.