Verificación de candidaturas implicaría desnaturalizar las funciones del INE
El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, consideró que la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no es adecuada ni consistente, al estimar que el Instituto carece de facultades legales y capacidades técnicas para determinar posibles vínculos de aspirantes con actividades ilícitas.
Expresó que la valoración de hechos probablemente constitutivos de delitos corresponde a las fiscalías y posteriormente a los jueces, por lo que trasladar esa responsabilidad al órgano electoral implicaría desnaturalizar las funciones del Instituto.
Explicó que el aparato técnico del INE está diseñado para organizar elecciones y fiscalizar recursos.
Asimismo, expuso que la propuesta podría generar efectos contraproducentes, ya que el INE asumiría responsabilidades derivadas de decisiones tomadas con información proporcionada por otras autoridades, y afirmó que los partidos políticos tienen mayores condiciones para detectar riesgos entre sus candidaturas, debido a su presencia territorial y cercanía con los perfiles que postulan.
Indicó que, si el Instituto determina excluir a una persona sin que exista una sentencia que suspenda sus derechos políticos, podría vulnerarse el orden legal; mientras que, en caso de validar a un candidato que posteriormente sea vinculado con actividades ilícitas, la responsabilidad pública recaería en la autoridad electoral y no en los partidos políticos.
Uuc-kib Espadas sostuvo que los partidos son entidades de interés público y, por ello, tienen responsabilidades sociales y políticas en la selección de sus candidaturas. Además, mencionó que la propuesta surge de la intención de atender un problema real, aunque estimó que el mecanismo planteado no resolverá de fondo la infiltración de grupos delictivos en la política.
Finalmente, comentó que las y los consejeros pueden emitir opiniones sobre la iniciativa, pero la decisión corresponde al Poder Legislativo. Precisó que, en caso de aprobarse la reforma, el Instituto deberá aplicar lo que establezca la ley.