Riesgos de legitimidad y operatividad ante reforma electoral

El Consejero Electoral del INE, Arturo Castillo, advirtió que la actual propuesta de reforma electoral, al emanar del Ejecutivo y no del consenso entre fuerzas políticas, “es una diferencia fundamental. Estamos hablando de las reglas de acceso al poder y me parece que la batalla por el acceso al poder es una de las cuestiones más delicadas de cualquier sociedad”.

Subrayó la necesidad de preservar la autonomía institucional, la independencia de sus integrantes y el Servicio Profesional Electoral, elementos que garantizan elecciones confiables y generan instituciones que funcionan. Asimismo, señaló que cualquier modificación que debilite la confianza ciudadana en los procesos comiciales afectaría directamente la validez política de los cargos electos.

Por otro lado, Castillo destacó la importancia de las estructuras desconcentradas del Instituto Nacional Electoral, cuya posible desarticulación comprometería funciones permanentes como la fiscalización, la actualización de la geografía electoral y la emisión de credenciales para votar.

Ante la complejidad de los próximos comicios, hizo un llamado a privilegiar el diálogo técnico y la construcción de puentes institucionales, con el objetivo de evitar que una reducción de costos o cambios estructurales deriven en una pérdida de calidad democrática y operatividad en la renovación del poder público.

En su momento, María del Carmen Alanís, expresidenta del TEPJF, alertó que la integridad del sistema democrático en México se encuentra comprometida por propuestas de reforma que carecen de consenso político y excluyen la participación ciudadana.

Durante su análisis, destacó que el debilitamiento presupuestal y operativo de órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral, sumado a la posible sustitución de personal especializado por figuras eventuales, vulnera la neutralidad de los procesos; asimismo, señaló que la injerencia del crimen organizado en la selección de candidatos representa una amenaza crítica que debe ser combatida mediante la observación activa de la sociedad civil y la defensa de la autonomía jurisdiccional.

Ante este panorama, Alanís hizo un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones académicas para activarse como observadores y capacitadores, defendiendo la participación ciudadana masiva como la herramienta principal para contrarrestar la violencia y preservar la autonomía de los órganos jurisdiccionales.