Inconsistencia en reforma electoral: más atribuciones con menos recursos
La Consejera Electoral Dania Ravel señaló que la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presenta enunciados generales que carecen de desarrollo específico, lo que impide conocer con precisión los cambios que se implementarían.
Destacó que, si bien se habla de fortalecer la fiscalización, no se establecen sanciones ejemplares para quienes transgredan topes de campaña o reciban dinero ilegal, ni se especifica la colaboración de instituciones como la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera, que anteriormente negaron información al INE.
Asimismo, cuestionó la inconsistencia de otorgar nuevas atribuciones al Instituto, como la revisión en tiempo real de redes sociales e inteligencia artificial, la organización de la elección judicial y la vigilancia en materia de transparencia, mientras se plantea una reducción presupuestal que debilitaría la capacidad operativa de la autoridad electoral.
Ravel Cuevas explicó que la posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) podría ser viable solo si se inician los cómputos distritales el mismo día de la jornada electoral y se transparenten los resultados, tal como ocurrió en la elección judicial, aunque advirtió que los mecanismos actuales —conteos rápidos, PREP y cómputos distritales— han dado certidumbre a la ciudadanía al coincidir en sus resultados.
Respecto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), la Consejera expresó su preocupación por la propuesta de que el Senado designe a sus integrantes, lo que representaría un retroceso al esquema previo a 2014, cuando el INE asumió esa facultad para garantizar perfiles técnicos mediante exámenes del Ceneval, evaluaciones del Colmex y entrevistas públicas.
Finalmente, subrayó que el sistema electoral mexicano se ha construido con base en una serie de candados derivados de la desconfianza histórica. Señaló que, conforme se otorgan más atribuciones al INE, es lógico que deba acompañarse de un mayor presupuesto y más personal. De lo contrario, se corre el riesgo de limitar la capacidad de la autoridad electoral para desempeñar su labor de manera eficiente.