Discusión sobre reforma electoral debe contemplar el impacto operativo en el INE
La Consejera Electoral Dania Ravel señaló que el análisis en torno a una posible reforma electoral ha reactivado el debate sobre la eventual reducción de Consejerías y del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque la Presidencia de la República no ha presentado una propuesta definitiva, la Consejera subrayó la importancia de evaluar a profundidad las implicaciones de modificar la estructura del organismo.
Ravel recordó que el incremento de nueve a once Consejerías, aprobado en la reforma de 2014, respondió a la ampliación de atribuciones del INE, entre ellas la designación de autoridades electorales locales, la fiscalización a nivel nacional y estatal, y la organización de procesos electorales en todo el territorio. “Me parece que la propuesta de disminuir el número de Consejerías no corresponde con la magnitud de las atribuciones actuales del Instituto”, afirmó.
Explicó que, además de esas responsabilidades, el INE ha asumido nuevas funciones como la organización de la Consulta Popular, la Revocación de Mandato y la atención de casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En ese contexto, advirtió que una reducción en la integración del Consejo podría generar sobrecarga de trabajo y afectar el funcionamiento de sus comisiones.
La Consejera también alertó que los recortes presupuestales tienen efectos directos sobre la calidad de los procesos electorales y sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ejemplo de ello —dijo— han sido la disminución del número de casillas en ejercicios previos y la imposibilidad de garantizar plenamente modalidades de voto inclusivas.
Por otra parte, Ravel destacó la necesidad de actualizar la normativa para atender fenómenos emergentes, como el uso de influencers durante los periodos de veda electoral y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la propaganda política. Subrayó que estos temas requieren regulación para asegurar transparencia y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre el contenido y origen de los mensajes electorales.