Democracia electoral: derecho de la ciudadanía a darse gobierno, representación y juzgadores
El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, mencionó que la próxima reforma electoral debe rectificar el acento del derecho electoral y recuperar la idea básica de la democracia electoral, entendida como el derecho de la ciudadanía a darse gobierno, representación y ahora también juzgadores.
En relación con la representación plurinominal, explicó que el problema más grave radica en el modelo de boleta única, ya que esta oculta la votación por representación proporcional, lo que ha generado la creencia de que no se vota por los legisladores plurinominales. Aclaró que sí se vota por ellos y que el sufragio se emite por personas específicas, no se trata de un voto genérico por partido que pueda ser transferible.
Indicó que el grueso de la ciudadanía no advierte que está votando por candidaturas plurinominales. Recordó que en los procesos electorales de 1979, 1982 y 1985 esta situación no ocurría, ya que existía una boleta adicional para ese tipo de representación.
En otro tema, advirtió que la concurrencia de elecciones representa un problema. Explicó que, de aprobarse que la revocación de mandato se realice junto con elecciones concurrentes, podrían desarrollarse simultáneamente: la campaña de jueces y magistrados, en la que no participan partidos políticos; la revocación de mandato, donde no interviene la persona sujeta al ejercicio; la campaña para la Cámara de Diputados, que sería de mayor intensidad que las habituales; y la elección de 15 gubernaturas, estas últimas con participación activa de partidos políticos.
Subrayó que este escenario podría resultar confuso para la ciudadanía y no implicaría ahorros presupuestales, ya que sería necesario instalar dos series de casillas, con doble material y doble personal, lo que incrementaría la complejidad operativa sin generar economías.
Respecto a la penetración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales, el Consejero puntualizó que existe un problema general de seguridad y circulación de dinero ilícito en el país que rebasa de manera amplía las facultades del INE. Señaló que, si los gobiernos no cuentan con mecanismos eficaces para controlar el ejercicio del presupuesto público, es limitado lo que un órgano electoral puede contrapesar.
Finalmente, sobre la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), consideró que, de concretarse, alguien tendría que asumir sus funciones. En ese escenario, el INE tendría que reproducir esa estructura a nivel federal, lo que implicaría una reestructuración institucional y mayores gastos para la federación, sin generar ahorros y con múltiples complicaciones organizativas.