El inicio de un nuevo año suele traer propósitos y balances, pero en materia electoral 2026 se presenta, sobre todo, como un año de decisiones. No será un periodo de tránsito ordinario, sino un punto de inflexión que marcará la forma en que se organizarán y vivirán los procesos electorales que vienen.

En lo inmediato, el país tendrá elecciones locales en Coahuila para renovar su Congreso. Es un proceso acotado en el territorio, pero no menor en términos de exigencia institucional. La coordinación entre autoridades electorales nacionales y locales vuelve a ponerse a prueba, como ocurre en cada elección.

También en 2026 se prevé la aprobación de una nueva Reforma Electoral. No es la primera vez que el sistema electoral mexicano se modifica, pero sí la primera vez que habría una reforma en vísperas del inicio de un proceso electoral tan desafiante y retador como el del Proceso Electoral Federal 2026–2027. Este hecho no es menor: modificar el marco legal e implementar la reforma, en un periodo tan cercano al inicio del proceso electoral puede implicar tensiones, ajustes acelerados y un margen de error que las elecciones no permiten. Cada cambio normativo exige reinterpretar procedimientos, emitir lineamientos, capacitar personal, informar a la ciudadanía y dar certeza a quienes compiten. Cuando los tiempos son cortos, el reto no es sólo técnico, sino institucional.

A ello se suma un problema estructural que atraviesa todos los procesos: los recursos o la falta de ellos. Organizar elecciones, y hacerlo bien, requiere planeación, personal capacitado y presupuesto suficiente. La experiencia de los procesos judiciales federal y locales mostró que los organismos electorales tuvimos que operar con recursos limitados, solicitar ampliaciones presupuestales y ajustar al máximo la operación. Pensar en elecciones concurrentes, federales, locales y judiciales, sin atender de manera responsable el tema presupuestal, es un riesgo que no conviene asumir.

2026 será un año de definiciones para el propio Instituto Nacional Electoral; concluye el periodo de tres consejerías y se abre una etapa de renovación institucional en un momento particularmente sensible. La forma en que se transite este relevo será relevante para la estabilidad del órgano encargado de organizar las elecciones más complejas que ha enfrentado el país.

Por todo ello, más que hablar de calendarios o de reformas en abstracto, el inicio de este año invita a una reflexión más profunda: las decisiones que se tomen en 2026 no sólo impactarán una elección, sino la confianza en las reglas del juego democrático. La ciudadanía merece procesos claros, equitativos y confiables. Ese ha sido siempre el sentido del trabajo electoral y ese debe seguir siendo el horizonte, incluso —y sobre todo— cuando el contexto exige más que nunca responsabilidad, visión de Estado y compromiso con la democracia.

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