La elección del 1º de junio de 2025 será recordada como un punto de inflexión para la democracia mexicana. No solo por la inédita magnitud del reto —881 cargos judiciales en disputa, incluyendo ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— sino por la contundente respuesta institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), frente a quienes intentan empañar un proceso ejemplar.

Desde su concepción, sabíamos que esta elección no sería sencilla. Nunca en la historia de nuestro país habíamos organizado elecciones judiciales de cargos diversos, ni habíamos diseñado un modelo que permitiera a cada ciudadana y ciudadano emitir hasta 39 decisiones en una sola jornada. La complejidad logística, técnica y humana fue extraordinaria. Pero el INE, una vez más, estuvo a la altura del desafío.

Es cierto que ante las irregularidades que habitualmente surgen en los procesos electorales, como autoridad en la materia actuamos con la responsabilidad que nos impone la ley y la confianza ciudadana. No escondimos nada, no maquillamos cifras. Documentamos cada anomalía, la hicimos pública y decidimos, con el respaldo del Consejo General, no sumar al cómputo nacional aquellos resultados que no cumplían con los estándares de legalidad y certeza. Porque el compromiso del INE es con la transparencia, no con el silencio; con la legalidad, no con la complacencia.

De las casi 84 mil casillas instaladas, menos del uno por ciento (solo el 0.97%) fue anulado por presentar irregularidades. En la elección de la Suprema Corte, el 3.23% de los votos fue invalidado por criterios rigurosos, lo que demuestra el nivel de escrutinio aplicado. A nivel global, apenas el 0.82% de los votos emitidos fue descartado. Quienes sin pruebas hoy insisten en hablar de un supuesto fraude o nulidad total, lo hacen con base en especulaciones, que no resisten el contraste con los datos duros.

Se ha hablado mucho del tema de los “acordeones”. Al respecto, quiero ser clara: hasta el momento no existe evidencia de que hayan tenido un uso sistemático, ni que hayan influido de forma determinante en los resultados. Y las denuncias han sido canalizadas a las instancias correspondientes. Se investigarán con todo el rigor institucional. Pero no podemos ni vamos a permitir que una narrativa sin pruebas eclipse el trabajo pulcro, comprometido y monumental de miles de funcionarias y funcionarios de casilla, de nuestro Servicio Profesional Electoral y de las y los ciudadanos que defendieron su voto con dignidad.

Algunos han querido convertir incidentes aislados en un argumento para deslegitimar toda la elección. Pero la ley es clara: la nulidad de una elección requiere que al menos el 20% de las casillas estén comprometidas, y hoy estamos muy lejos de ese umbral. No se puede construir una narrativa de caos a partir de un margen estadístico tan reducido, menos del uno por ciento, especialmente cuando ese margen fue detectado, corregido y eliminado del cómputo por el propio INE.

Entiendo que vivimos tiempos donde la posverdad y las agendas políticas intentan imponerse sobre los hechos. Pero la mejor respuesta a la estridencia es la serenidad que da el trabajo bien hecho. Y en esta elección, el INE respondió con datos, no con discursos.

La ciudadanía cumplió. Salió a votar, se informó, participó. Nos corresponde como institución estar a su altura. Y así lo hicimos.

Esta elección judicial, con todos sus retos, nos deja una enseñanza invaluable: la democracia mexicana es fuerte porque está sostenida por una institución que no se dobla ni se calla. El INE no fue rehén del escándalo, fue garante de legalidad. Y hoy más que nunca, refrendamos nuestro compromiso de seguir construyendo procesos electorales transparentes, imparciales y al servicio de la voluntad ciudadana.

La historia no se escribe con rumores. Se escribe con hechos. Y este hecho, el del 1º de junio, será recordado como un triunfo colectivo de la democracia mexicana.