México ha dado un paso histórico al confiar en su ciudadanía no solo para elegir a sus gobernantes y legisladores, sino también a quienes impartirán justicia. Por primera vez en el mundo, un país ha puesto en manos de sus votantes la elección directa de los integrantes de su Poder Judicial, un hecho que redefine la democracia mexicana y marca un precedente global.

El reciente proceso electoral judicial, validado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), no fue un trámite más. Fue un ejercicio de soberanía popular, que consolida la idea compartida de que la justicia, para ser legítima, debe emanar de la voluntad ciudadana. Este hito no es solo una reforma constitucional, sino un cambio cultural que fortalece la corresponsabilidad entre el pueblo y sus instituciones.

La elección de las nuevas ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de circuito y juzgados de distrito, refleja un mensaje claro: el pueblo mexicano no solo elige a quienes lo gobiernan, sino ahora también a quienes lo juzgan. Estos juzgadores no representan élites ni intereses particulares; representan la voz y la voluntad de millones de ciudadanos que, a través de su voto, exigen una justicia más cercana, equitativa y humana.

Este proceso, único en su tipo, ha sido complejo y ha enfrentado un escrutinio intenso. Pero su relevancia trasciende los procedimientos técnicos: es una apuesta por una democracia más participativa, donde la ciudadanía no solo vota, sino que vigila, exige y construye. México ha demostrado que es posible innovar sin destruir, confiando en su pueblo para decidir sobre los pilares del Estado.

La responsabilidad que asumen las nuevas y nuevos jueces y magistraturas es enorme. Su legitimidad, otorgada directamente por el voto popular, los compromete a actuar con ética, independencia y un profundo respeto por la dignidad humana. Cada decisión que tomen deberá responder a un principio fundamental: la justicia es un derecho universal, no un privilegio.

El mundo observa con interés este experimento democrático. México ha abierto una puerta que desafía las nociones tradicionales de poder, mostrando que la ciudadanía puede ser protagonista en la construcción de todas sus instituciones.

El INE, por su parte, ha cumplido con su deber, garantizando un proceso transparente y confiable, que refuerza la idea de que el voto libre es el único camino legítimo para edificar el poder público.

Hoy, México no solo celebra una elección exitosa, sino una nueva visión de futuro. Una en la que las instituciones son puentes hacia una sociedad más justa, y la justicia misma es un derecho conquistado por el pueblo. Este día marca el comienzo de una etapa, en la que la democracia mexicana se fortalece desde abajo, con la voz de todas y todos.

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