Una de las cuestiones más importantes que debe salvaguardarse en cualquier democracia es la libertad que deben tener las personas que ocupan cargos públicos para ejercer las atribuciones que tienen conferidas legalmente, lo que implica que cuenten con plena independencia para tomar las decisiones que les competen con apego a la legalidad, pero sin temor a una posible persecución política.

Garantizar la estabilidad en el empleo, la autonomía y libertad en la toma de decisiones del funcionariado público debe ser una preocupación constante del Estado Mexicano porque la estabilidad e inamovilidad en el cargo constituye una garantía fundamental de independencia.

En el caso específico de las autoridades electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la independencia en sus decisiones es una garantía constitucional, lo que permite que emitan sus determinaciones con plena imparcialidad, sin tener que acatar o someterse a otros poderes del Estado.

Si lo pensamos de ese modo, el hecho de contar con autoridades electorales independientes es una garantía en favor de la ciudadanía y de los actores políticos, pues con ello se asegura que las decisiones que se adopten atiendan a lo establecido en el marco legal y busquen proteger en la medida más amplia los derechos humanos de la ciudadanía.

Desde luego que esto no quiere decir que las y los servidores públicos no puedan ser sancionados o removidos de sus cargos, pero cualquier sanción debe imponerse a través de procedimientos justos e imparciales que tengan un sustento probatorio robusto, sin que dichos procedimientos se inicien simplemente porque una decisión tomada no fue del agrado de algún sector o actor político, aun cuando ésta se haya encontrado debidamente fundada y motivada.

Si las personas servidoras públicas son perseguidas administrativa o penalmente a causa de las decisiones que deben tomar, es altamente probable que los criterios que adopten dejen de atender únicamente al marco jurídico al que deben ajustarse, lo que les llevaría a perder la confianza ciudadana y, eventualmente, su legitimidad.

La confianza de la ciudadanía en las autoridades, particularmente en las autoridades electorales, es el resultado de un trabajo continuo, transparente e imparcial que no debe ni puede basarse en cálculos políticos. Para ello, deben tener independencia en el ejercicio de la función pública, la cual no puede reducirse a un principio abstracto, se trata de un compromiso con la democracia, incluso de un estado mental, eso es lo que otorga legitimidad a sus decisiones y garantiza la protección de nuestros derechos.

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